El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 10.000 euros por la revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, … pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
A la espera de que la sentencia sea notificada a las partes, la Sala Segunda ha anticipado de esta forma el fallo, que cuenta con dos votos particulares, los de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última era la ponente de la resolución, que ahora, al ser el sentir mayoritario de la sala favorable a la condena (cinco de los siete magistrados), conlleva su renuncia a la redacción de la resolución, que asumirá el propio presidente del tribunal y de esta Sala Penal, Andrés Martínez-Arrieta.
La decisión del Supremo, histórica, como lo era el hecho de que por primera vez en democracia un fiscal general se sentara en el banquillo, se conoce sólo una semana después de que el juicio quedara visto para sentencia tras seis intensas sesiones y la 40 declaraciones testificales, entre ellas la de los agentes de la UCO que participaron en los registros en los despachos del acusado y de su subordinada, la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid Pilar Rodríguez. En sus informes finales las acusaciones concluyeron que había quedado claro el papel preeminente del fiscal general en la filtración del correo en el que, en el marco de una negociación de conformidad, el abogado de González Amador reconoció ante el fiscal dos delitos contra la Hacienda Pública para evitar el juicio. La acusación particular, que ejerce el propio novio de Ayuso, considera que esta filtración mermó el derecho de defensa del acusado (de ahí que se personara el Colegio de la Abogacía de Madrid), algo que la propia víctima corroboró en su declaración en el juicio.
A la espera de la sentencia, la secuencia en la que se sucedieron los hechos denunciados (tanto la propia filtración a la Cadena Ser, cinco minutos después de que García Ortiz recibiera el último de los correos electrónicos como la elaboración de la nota informativa del día siguiente), sumado al significativo borrado de los mensajes de su móvil apenas cinco horas después de que el Supremo le abriera causa penal o el cambio de dispositivo una semana después, parecen haber resultado determinantes para el tribunal a efectos de la condena que dejará a García Ortiz dos años fuera de la carrera fiscal.
Ni el supuesto protocolo de borrado al que se aferró la Abogacía del Estado para justificar la eliminación de pruebas por parte del fiscal general ni la coartada de los periodistas que dijeron que disponían del correo electrónico antes de que el hoy condenado lo difundiera han conseguido desmontar para el tribunal la contundencia de testimonios como el de los agentes de la UCO que calificaron de «voluntario e intencionado» el borrado ni el de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que además de corroborar que el comunicado del 14 de marzo de 2014 se fraguó a espaldas de la Fiscalía de Madrid, ratificó ante el tribunal que sospechó de García Ortiz desde el primer momento y que así se lo hizo saber al propio acusado cuando éste le apremió aquella mañana para que sacara la nota de prensa con el sello de su fiscalía. «Álvaro, ¿lo has filtrado tú?». «Eso ahora no importa», le habría contestado él.
Para el letrado de González Amador, que pedía 300.000 euros para su cliente por los daños personales y profesionales que esta filtración le ha ocasionado, el interés personal de García Ortiz en este caso tenía un único fin: sellar la filtración con una nota de prensa que diera cobertura, que acompasara, el discurso político de «defraudador confeso» que ya se había puesto en marcha desde Moncloa. Ahí se enmarca la decena de llamadas y wassap a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que sacara esa nota informativa que, según la propia Lastra, excedía con mucho lo que debía haber si haber sido una simple aclaración por parte de Fiscalía.
Como informó ABC aunque este comunicado parecía haber quedado fuera del juicio, el relato de hechos y la activa participación del fiscal general en su redacción –tras encargarse personalmente de recopilar la cadena de correos–, cuestiones ambas probadas durante el juicio, aventuraban que para el tribunal no iba a ser fácil separar la filtración del contenido del correo y la posterior difusión de la nota.