Las acusaciones populares del caso Koldo, que están bajo la coordinación del PP, han pedido 30 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y el que fuera su mano derecha, Koldo García, por la causa que les investiga por presuntas mordidas en contratos de mascarillas. Para el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, han solicitado siete años de cárcel.
Así se lo han trasladado este jueves al Tribunal Supremo en un escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso RTVE. Las penas solicitadas por la acusación popular unificada son más elevadas que las que reclamó el miércoles la Fiscalía Anticorrupción, que pidió 24 para Ábalos, 19 y medio para Koldo y otros siete para Aldama.
Además de las penas de prisión, han solicitado para los tres investigados en esta rama del caso Koldo la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de multas económicas que ascienden a casi 600.00 para Ábalos, y Koldo y 225.000 para Aldama. También han pedido la celebración de una vista para endurecer las medidas cautelares impuestas contra Ábalos y Koldo y que se les envíe a prisión provisional.
La pena solicitada para Aldama es menor porque consideran que se debe aplicar la atenuante de confesión por su «actitud colaboradora«, lo que ha contribuido al «adecuado esclarecimiento» de los hechos y «ha facilitado» el descubrimiento de otras actuaciones «delictivas» de Ábalos y Koldo, en relación a las presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares de contrato de obra pública, rama de la trama que también implica al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.
Piden el ingreso en prisión provisional para Ábalos y Koldo
Para solicitar el ingreso en prisión preventiva del también exsecretario de Organización del PSOE y su mano derecha, las acusaciones populares defienden la existencia de «indicios racionales de criminalidad contra los acusados» y «evitar el riesgo de fuga», para lo que ya se les retiró el pasaporte. Por todo ello, consideran que la medida es «idónea, necesaria y proporcionada» conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ante todo lo expuesto y de cara al juicio por la presunta trama de mordidas a cambio de la compra de mascarillas, han suplicado al juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, que «acuerde la prisión provisional para los acusados José Luis Ábalos y Koldo García, de conformidad con lo previsto en los artículos 503 y 504 de la LECrim».
Hasta ahora, las medidas cautelares que el Supremo ha impuesto a los dos principales implicados son la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias cada quince días en sede judicial. Cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción también solicitó en su escrito de ayer la celebración de una vista para endurecer sus medidas cautelares.
Solicitan que Sánchez y Montero declaren en el juicio
Más allá de las peticiones de penas, las acusaciones lideradas por el Partido Popular han trasladado al magistrado sus peticiones de testigos para que declaren en el juicio. Entre ellos, destaca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quieren que declare en el marco de la causa de Air Europa junto a su exconsejero delegado, Javier Hidalgo.
Además, han incluido en la lista a la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la exministra de Industria Reyes Maroto, en relación con los pagos en metálico de «10.000 euros a Koldo y Ábalos y otros pagos ilícitos».
En relación con los empleos públicos en Ineco y Tragsatec que Ábalos habría otorgado a su expareja, también han solicitado que la propia Jésica Rodríguez y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Los tres tenían una relación para «obtener beneficios económicos»
En las más de 100 páginas de escrito, la acusación señalan a Ábalos y su exasesor como culpables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. Todos, salvo el último, le han atribuido también a Aldama.
En este sentido, y en palabras similares a Anticorrupción, han señalado que los tres investigados «encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener beneficios económicos«. Ninguno de ellos, «dudo en servirse» de la «privilegiada situación» en la que se encontraba el entonces ministro de Transportes «para obtener ventajas recíprocas en todas aquellas oportunidades de negocio que se presentaran».
Además, en el caso del exsecretario de Organización socialista y su mano derecha ha resaltado «el cobro de comisiones, en efectivo o en especie, por las gestiones realizadas en favor de Aldama y de personas con él vinculadas». Por su parte, en lo relativo al empresario, remarca las adjudicaciones de contratos públicos y otras «gestiones favorables a las empresas cuyos intereses promovía».