El juez que lleva el caso ‘Mascarillas’ en Almería amplió este jueves los delitos por los que se investiga a los cargos de la Diputación de Almería detenidos el pasado martes. Las primeras pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iban … encaminada a cerrar la comisión de los posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, pero tras la declaración de los investigados en sede judicial se ampliaron.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comunicaron en la tarde de este pasado jueves que, a los delitos ya sabidos sobre los que versaba la investigación, se sumaban los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Sin embargo, pese a esta ampliación de la investigación para la instrucción judicial todos los detenidos fueron dejados en libertad. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido el pasado martes dentro de una presunta trama corrupta vinculada a mordidas por contratos de obras públicas fue uno de los que salió a la calle con medidas cautelares.
El político está investigado por varios delitos por lo que el juez instructor dictó la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días. «En ningún momento ha ocultado nada y se facilitó toda la documentación que obraba en su despacho. Todo lo que tenía que explicar se explicaba en cinco minutos«, apuntó Joaquín Monterreal, abogado del presidente de la Diputación de Almería.
El letrado añadió ante los medios de comunicación que «las cosas que había en duda eran eran dos cosas muy puntuales, que han quedado perfectamente acreditadas y, sobre todo, la tranquilidad que te da el respaldo de haber declarado todos sus ingresos».
«Es una persona que durante seis años no ha tenido ningún problema, pese a saber que se estaban investigando y verse en esta situación, pero da la tranquilidad tener la documentación y tener todo en regla y acreditado«, afirmó Monterreal.
Del mismo modo, el Juzgado de Instrucción 1 de Almería también puso en libertad a los otro dos políticos investigados en la trama bajo las mismas medidas cautelares. El magistrado no aprecia riesgo de fuga ni tampoco posibilidad de destrucción de pruebas.
Los otros dos políticos detenidos están en la misma situación. El vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tampoco irán a prisión en base al auto dictado por el juez instructor.
Al mismo tiempo, los otros dos detenidos, el hijo del alcalde y un técnico de la Diputación Provincial se les dicta la misma resolución que los anteriores. Sobre las 15.50 horas, los detenidos y sus abogados salían de la Ciudad de la Justicia de Almería.
En la causa hay 17 investigados. La mayoría de éstos han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en este Juzgado cuando sean citados. Entre ellos está el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, que seria pieza clave del caso ‘Mascarillas’ y de esta segunda fase de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La causa se está investigando por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados. «La acusación es compleja y tiene muchos matices que tenemos que analizar, porque hay una parte que está bajo secreto del sumario que tenemos que analizar», aseguró el abogado Basilio Casanueva, que representa a Fernando Giménez.
La única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE. Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad de los detenidos tras pasar 48 horas en el calabozo. Esta fue acordada finalmente por el Juez de Adscripción Territorial (JAT), que asume por el momento la instrucción por la baja de la titular del Juzgado que lleva la causa.
Las declaraciones se iniciaron sobre las 12.30 horas. Tras ellas fue la Fiscalía la que solicitó medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados. Todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.
Los abogados señalan que en la parte a la que han tenido acceso hasta ahora «no hay nada nuevo» que hayan podido evaluar y se remiten al caso ‘Mascarillas’ y la investigación de 2021. la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba examinando las escuchas de una banda dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona. Allí, en una de las comunicaciones a un empresario se destapó un contrato de emergencia para comprar material sanitario de la Diputación.
La UCO agarró ese hilo. Es como se fijó en los tratos de Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero del ente provincial, con el empresario Kilian López. Según las pesquisas llevadas a cabo, el político almeriense presuntamente facilitó la adjudicación de dos millones de euros a cambio de una comisión de 945.000 euros.
Un año después del acuerdo Liria fue detenido. Sin embargo, la investigación no se quedó ahí. Al margen de las causas pendientes de este empresario, la UCO tomó la línea que conducían a una presunta corrupción política en esta provincia andaluza. El Juzgado de Instrucción 1 de Almería durante cuatro años ha estado trabajado con la UCO en el caso ‘Mascarillas’ y en las supuestas ‘mordidas’ que se llevaron los dos vicepresidentes.
Las pruebas recabadas se abrieron nuevas líneas de investigación, que apuntaron a las obras públicas. La nueva operación desarrollada este pasado martes llevó al registro de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades, que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de obrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».