El Gobierno ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado en los próximos días y, con ello, ha abierto la veda de las quinielas que empezaron a circular poco después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que impone la inhabilitación de Álvaro García Ortiz para los próximos dos años. La tarea que emprende ahora el Ejecutivo no es fácil, sobre todo por los tiempos. La persona seleccionada tiene asegurado un mandato corto, hasta el fin de la presente legislatura, aunque podrá optar a la renovación si el PSOE vuelve a gobernar tras las próximas elecciones.
Desde Moncloa, pocas pistas se han dado. Se han limitado a decir que iniciará el proceso «en los próximos días» y que será una persona con «una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función». Este último punto no es discutible, ya que el proceso, reglado en el Estatuto Fiscal y consagrado por la Constitución, exige que quien ocupe el puesto sea un jurista de reconocido prestigio con un mínimo de 15 años de antigüedad. El elegido cesará cuando cese el Gobierno en un momento en el que deben convocar elecciones como máximo en julio de 2027. Un año y siete meses que, además, amenazan con acortarse.
El sistema es el siguiente: el Gobierno propone a un candidato que debe pasar por una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, destinada a evaluar sus méritos y capacidad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se pronuncia sobre su idoneidad, aunque su opinión es meramente consultivo y no vinculante. Al término el nombramiento recibe el espaldarazo a través de un Real Decreto firmado por el rey.
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Hay otras condiciones como que el candidato no haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico en los últimos cinco años. Tampoco pueden optar los diputados, senadores, miembros del Parlamento Europeo. Si, como fue el caso de García Ortiz, el nombramiento recae en un fiscal, este queda en situación de servicios especiales. El mandato completo es de cuatro años y si acaba antes de los dos, puede optar a una renovación.
Las quinielas
Entre los nombres que comenzaron a sonar hay tres que lo han hecho con especial fuerza. En primer lugar, se habla de la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, destacada progresista. Ha formado parte del tribunal que ha acabado condenando a García Ortiz. Junto a Susana Polo, defendió en minoría su absolución y redactará un voto particular que, previsiblemente, servirá de percha al todavía jefe de la Fiscalía para tomar el camino de los recursos que acabarán llevándole al Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.
No es la primera vez que Ferrer disiente. Precisamente, junto a Polo, se opuso a avalar la sentencia de los EREs de Andalucía. Calificaron la condena de malversación por la que se imponían penas de prisión para el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Juan Antonio Griñán como un salto al vacío. Además, redactó en solitario otro voto particular en el que se oponía al criterio del resto de magistrados que no consideraron aplicable la ley de amnistía al delito también de malversación. Fue la candidata estrella del Ejecutivo para presidir la Sala de lo Penal en sustitución de Manuel Marchena pero acabó perdiendo ese pulso.
Con un perfil apegado a la Fiscalía, circula también el nombre de Teresa Peramato, reciente fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y perteneciente al círculo de confianza del inhabilitado García Ortiz. Fue fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer durante cinco años y pertenecía a la unidad desde mucho antes, siendo una de las especialistas más reconocidas en el área.
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Una apuesta continuista que se baraja en las quinielas es la del teniente fiscal de la secretaría técnica del aún fiscal general, Diego Villafañe. Su elección reproduciría el sistema abierto tras la salida de Dolores Delgado por causas médicas. En aquel momento, García Ortiz dirigía la secretaría técnica y tomó el testigo. Con Villafañe, quedaría garantizado el mismo patrón y el Gobierno lanzaría un mensaje de confianza al condenado que le considera su mano derecha. Llegó a estar imputado por la revelación de secretos del novio de Ayuso pero quedó fuera antes del juicio.
Además de estos nombres, en la carrera se barajan otros como el de la actual teniente fiscal del Supremo y dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde. Defendió en su juicio la postura de la Fiscalía y sumó fuerzas con la Abogacía del Estado para reclamar su absolución. También se habla de María Teresa Gisbert, fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado.
El Gobierno ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado en los próximos días y, con ello, ha abierto la veda de las quinielas que empezaron a circular poco después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo que impone la inhabilitación de Álvaro García Ortiz para los próximos dos años. La tarea que emprende ahora el Ejecutivo no es fácil, sobre todo por los tiempos. La persona seleccionada tiene asegurado un mandato corto, hasta el fin de la presente legislatura, aunque podrá optar a la renovación si el PSOE vuelve a gobernar tras las próximas elecciones.