El jurista Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha dejado muy clara su visión sobre la condena del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.
El también comentarista político ha participado en el programa de este viernes de Mañaneros 360 y no ha dudado en hablar de qué opinión le merece el fallo que inhabilita a Ortiz durante dos años, le obliga a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, Javier Pérez Royo ha defendido, en una intervención de algo más de tres minutos que no deja de compartirse en la red social X, que «el Supremo tenía muchas prisas por condenar y hacerlo público, pero no tenía ningún interés en explicar por qué lo condenaba». «La prisa por condenar ha sido tremenda y que se conociera el fallo inmediatamente. ¿Por qué se le condena? No tiene ningún interés en explicarlo», ha razonado.
El catedrático de Derecho Constitucional ha criticado que el Supremo no quiere «que sepamos nada de la deliberación y de los motivos por los que se le condena al Fiscal General». «Quiere que sepamos nada más que la condena. Y ahora, una vez que se sepa la condena, nos dará la explicación y ya veremos en qué momento«, ha expuesto.
«Es una anormalidad que resulta difícil de explicar», ha añadido, antes de reconocer que ha sido «una decisión política». «Les informo que he condenado al Fiscal General. Esta es una decisión política. De jurídico no tiene nada. De jurídico es la fundamentación en la que esa condena se basa y no han dicho nada. Ahora, tendrán que explicar cuál es y lo estamos deseando ver«, ha añadido.
«Yo adelanto que no hay fundamentación jurídica. Va a tener fundamentos escritos, pero no va a haber fundamentación jurídica porque no hay indicios. Esta sentencia será anulada, pero el Supremo está jugando con el tiempo», ha reiterado.
Javier Pérez Royo ha asegurado que en la condena «hay tantas vulneraciones de derechos fundamentales, pero, sobre todo, hay dos gravísimas: sobre la presunción de inocencia e imparcialidad del órgano judicial, que eso no puede quedar». «Es un delirio jurídico incompatible con el Estado de Derecho«, ha sentenciado.