El jueves por la tarde, una vez conocida la condena del Tribunal Supremo al fiscal general, el presidente del Gobierno presentó en el Congreso la serie televisiva Anatomía de un instante, basada en la obra de Javier Cercas. En su intervención, Sánchez afirmó su firme deseo de “defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. Las palabras resonaron fuera de la sala, ya que, señalaron sus críticos, trataba de poner la democracia por encima de las instituciones. Pero también lo hicieron dentro de ella. Francesc Marc Álvaro, diputado de ERC, estaba presente en la sala, y pudo percibir, entre los muchos socialistas que acudieron al acto, “una predisposición a la batalla mucho más intensa y una llamada a cerrar filas”.

Sin duda, la sentencia abre la puerta a un momento político diferente. Las derechas celebraron la resolución del tribunal con alborozo, puesto que no solo ratificaba sus tesis de que el presidente estaba utilizando las instituciones para combatir a sus enemigos políticos, sino porque arañaba todavía más la credibilidad de un presidente desgastado. Las izquierdas quedaron atravesadas por el sentido de la urgencia. La condena era posible, pero no creían que se fuera a producir.

Hubo un momento de desorientación, que fue seguido por una activación significativa en redes de los sectores afines. Esta situación se le podía volver en contra al PP, ya que haría visible entre los electores el ataque que el poder judicial estaba llevando a cabo, sin disimulo, contra el Gobierno. Circulaba una amenaza de fondo: PP y Vox no llegan para gobernar, sino para poner en marcha la restauración.

«La condena del fiscal general hace todavía más urgente la aplicación de la ley de amnistía, y no solo para Puigdemont»

Más allá de lo que los simpatizantes afirmaran en las redes, había que dar una respuesta política, y de ella se encargó en primer lugar el ministro Bolaños. Su intervención no satisfizo ni a las derechas ni a las izquierdas. Para unos resultó poco comprometida con la separación de poderes, para otros fue insuficiente. Tras el debate pertinente en Moncloa, se impuso la cautela.

El PSOE, por más que la sentencia hubiera generado “una indignación supina” en sus filas, no podía ir muy lejos en la respuesta por “su papel institucional” como Gobierno, según aseguran desde el partido. Hubo políticos socialistas, como Óscar López, cuyas declaraciones incluyeron un plus de confrontación, pero eso no podía hacerse desde Moncloa. El sentir táctico dominante es que “si el PSOE o Sumar quieren subir mucho el tono contra la justicia, ganarán en radicalidad lo que perderán en institucionalidad”.

A izquierda y a derecha

Los socios de Gobierno vivieron el anuncio de la sentencia desde la agitación. En IU insistían en que “los que podían hacer, hicieron». Podemos recordó que el lawfare que denunciaron quedaba demostrado, solo que ahora, como afectaba al PSOE, empezaba a tomarse en cuenta. Es una visión compartida por los aliados nacionalistas.

Marc Álvaro señala que la sentencia da la razón al relato mantenido por ERC, en el sentido de que “lo que estaba en juego en la resolución judicial del procès no era la respuesta al independentismo, sino la democracia”. El lawfare hace todavía más urgente la aplicación de la ley de amnistía, pero no solo para Puigdemont, sino para todos los implicados”. El Gobierno deberá aplicarse en ese objetivo.

La satisfacción en el espectro derecho de la política es evidente, ya que la mayoría PP-Vox que otorgan las encuestas puede verse ampliada

Desde la derecha, no hubo dudas sobre la posición acerca de la resolución de la Sala Segunda: defensa del Estado de derecho, aplauso a la eficacia institucional y petición de la dimisión de Sánchez. La sentencia es una piedra más en un saco llena de ellas. Abascal afirmó que “España no recuperará la democracia hasta que Sánchez se siente en un banquillo y responda por su traición”, y Díaz Ayuso dio una rueda de prensa para declarar que “el 20-N pasará a ser un día histórico para la democracia española” y alertar sobre la reacción socialista: “No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es su modus operandi”.

La satisfacción en el espectro derecho de la política es evidente, ya que las encuestas atribuyen de manera sistemática mayoría absoluta a la suma PP-Vox, y la condena del fiscal general contribuirá a ella.

La activación de las izquierdas

Sin embargo, la visión de Moncloa es otra. Entienden que la derecha ha tenido “una victoria agridulce ahora, con una posible derrota a medio plazo”. El anuncio del fallo ha generado “mucha movilización en redes y mucha indignación entre los militantes. Las encuestas señalan cada día menos confianza en la justicia y los lectores de medios progresistas hacen cada vez más clics en las noticias sobre lawfare”. Existe caldo de cultivo para que se produzca la activación de las izquierdas.

La convicción de que hay «una guerra entre la cúpula judicial con el ejecutivo, que irá a más en los próximos meses», obligará a mover piezas

De fondo, está la cuestión de hasta dónde alcanza el sentido de la urgencia que ha despertado el veredicto del Supremo, y especialmente si acelerará la unión de las izquierdas en las elecciones generales. La convicción general entre los partidos a la izquierda del PSOE y entre los nacionalistas de que hay “una guerra entre la cúpula judicial con el ejecutivo que irá a más en los próximos meses”, debería mover piezas. La llamativa nominación de Antonio Maíllo como candidato a la Junta de Andalucía es señal de que existen movimientos en un espacio que piensa más allá del liderazgo de Yolanda Díaz. Fuentes del PSOE señalan la necesidad de que el resto de partidos de su espectro político se organicen ya.

Los efectos electorales

Sin embargo, esta activación se produce con un asunto escasamente motivador. Los expertos electorales avisan de que, por más que los dos lados lo utilicen para movilizar, a nivel de calle esto es más una burbuja que un activador de la indignación social. Las encuestas privadas sobre el asunto demuestran que hay división social, pero con muchos ciudadanos desconectados y, sobre todo, preocupados por otros temas.

Paco Camas, de Ipsos, entiende que este debate “puede dar alas a discursos y posicionamientos críticos relativos a la politización o la parcialidad de la justicia en la izquierda y, por supuesto, al refuerzo de la institucionalidad y a la deslegitimación del Gobierno en la derecha, pero con poco efecto a nivel electoral”.

«Los cambios sociopolíticos que han transformado las elecciones son por la distancia entre la realidad social y la político-mediática»

María Martín, de GAD3, apunta un factor relevante en la acción electoral contemporánea, el de “la enorme distancia entre la élite política y mediática y la sociedad. Nunca ha habido tanta como ahora”. Los cambios sociopolíticos “que están transformando lo electoral desde hace años son efecto del alejamiento entre la realidad social y la político-mediática. El asunto del fiscal refuerza esa visión”.

En ese escenario, afirma Martín, “el gobierno sale más perjudicado que la oposición, puesto que la institucionalidad recae sobre él, como lo hace la conexión con la realidad. En el imaginario de la gente, el sistema es el gobierno”. En la medida en que, asegura Martín, “la justicia y el TS son suficientemente respetados por los españoles y no hay una opinión pública mayoritaria en su contra”, la judicatura escapa de esa consideración negativa sobre lo sistémico.

El ruido acerca de ella implica volver a hablar de temas que solo interesan a los políticos y los medios. El resultado es que “esa bronca genera más daño a quien está en el poder, ya que encarna el sistema”. Si esta tensión se produjera lejos de un escenario electoral, “no tendría consecuencias, pero hay unas elecciones el 21 de diciembre, y ahí se notará que es perjudicial para el gobierno”.

Vox y la cohesión de las izquierdas

En un entorno polarizado, cada parte señala a responsables distintos de las disfunciones. La izquierda entiende que se está produciendo un combate entre el poder judicial para derribar al legislativo y la derecha que el Gobierno está pervirtiendo las instituciones para utilizarlas a su favor. Ahí puede sacar partido Vox, la formación que más abiertamente afirma que está tanto contra las políticas del PP como contra las del PSOE, de las que aseguran que forman parte de lo mismo. Existe la evidente posibilidad, advierten los expertos, de que sean los de Abascal quienes saquen partido de los momentos de enfrentamiento, y las encuestas recientes circulan en esa dirección.

Desde Bambú certifican esta tesis, pero también advierten de que el ruido alrededor de la sentencia “no moviliza a la izquierda, pero sí la cohesiona”. Y hay mucho de eso, que será importante en las próximas fechas. Como señalan los expertos electorales, es improbable que la polémica con el fiscal general produzca un aumento de voto para un lado o para el otro, pero sí ha introducido un acentuado sentido de la urgencia entre sus cuadros, militantes y simpatizantes de la izquierda, que son los verdaderamente activados.

Si esa agitación interna logra trasladarse a sus posibles votantes, es decir, si la motivación añadida que ha producido la sentencia se traduce en una mayor acción política, capaz de romper la brecha que separa los temas que interesan a los políticos de los que interesan a la gente, se entraría en otro escenario. Es probable que eso no pueda suceder insistiendo solo en el asunto del fiscal general.