Era el primer pronunciamiento público del presidente del Gobierno sobre el fiscal general del Estado tras su condena. Y además de reafirmarse en su «inocencia» -como ya hizo durante el juicio hace unos días- Pedro Sánchez quiso apuntar ya a «otras … instancias jurisdiccionales» cuando se conozca la sentencia íntegra. Desde Johannesburgo, capital de Sudáfrica, donde acudió este fin de semana a la cumbre del G-20, el presidente dio por hecho que la sentencia tendrá «aspectos controvertidos» que «tendrán que dirimirse» en esas instancias, en clara referencia al Tribunal Constitucional e incluso a la justicia europea.
A pesar de que Sánchez confirmó que su Gobierno «acata» el fallo adelantado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado jueves, también quiso insistir en que «lo lamentan» y «no lo comparten».
«Respetamos las sentencias, las acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia. Creo en la inocencia de Álvaro García Ortiz», repitió el presidente, sin llegar tan lejos en sus manifestaciones como otros ministros, empezando por Óscar López, rival de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y que en los últimos días ha criticado con dureza a los magistrados del Supremo.
Lo que sí hizo el presidente es repetir algunos de sus argumentos: «Creo en los testimonios que han dado periodistas de dilatada experiencia y que han manifestado que el fiscal no era el origen de las filtraciones», insistió apuntando a los informadores de ‘El País’, la ‘Cadena Ser’ y ‘eldiario.es’ que durante el juicio aseguraron que su fuente no era García Ortiz a las repetidas preguntas sobre ello.
Cuando se conoció el fallo condenatorio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo nombraría en los próximos días a un nuevo fiscal general del Estado. El relevo, entonces, se espera muy rápido. El presidente no quiso dar pistas sobre los nombres que barajas ni tampoco habló del perfil en el que piensan durante la rueda de prensa. Sí confirmó que habrá nombramiento más pronto que tarde. «Ya lo sabrán cuando corresponda», zanjó.
Y también allanó el camino para que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, pueda corregir la decisión del Supremo más adelante. En Moncloa tienen esa idea en la cabeza desde el mismo jueves cuando el fallo se hizo público, como ya publicó ABC.
A pesar de que el presidente del Gobierno evitó abrir una guerra con los magistrados del Supremo en sus declaraciones, hubo un dardo muy evidente dirigido a Manuel Marchena.
«No me habrán escuchado decir que vamos a controlar la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Supremo, por la puerta de atrás», afirmó, en alusión a lo que ocurrió en 2018, cuando el Gobierno pactó con el PP de Pablo Casado que fuera Marchena quien ocupara la presidencia del CGPJ.
Entonces, el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, escribió en un chat con todos los senadores de su partido que ese movimiento permitiría al PP controlar el Supremo a través de Marchena. Una mancha que sigue persiguiendo a los populares y que Sánchez no dudó en utilizar, sobre todo, para señalar al magistrado como artífice de la condena al fiscal general.