El área técnica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) habría aplicado sobrecostes masivos en suministros y servicios, además de fraccionar contratos para esquivar concursos abiertos, según una denuncia presentada el 27 de junio ante la Fiscalía a la que ha tenido acceso El Confidencial. El escrito describe un entramado de pedidos y adjudicaciones que, solo en 2024, habría generado sobrecostes de entre el 30% y el 400% en determinados proveedores
De acuerdo con el documento remitido al Ministerio Público, la dirección técnica del CNIO gestiona “volúmenes de actividad contratada de servicios y suministros” que superan los seis millones de euros al año, una cifra que el denunciante compara con “2,5 veces el estándar” de otras instituciones similares. En ese contexto, la denuncia asegura que se han detectado, entre otros elementos, tres patrones: sobreprecio en los suministros, posible fraccionamiento de contratos y falta de trazabilidad en la entrada de material.
Según la denuncia, en 2024 se habrían tramitado contratos menores de suministros con “sobrecostes de entre el 30% y el 400%” a favor de al menos cinco empresas. El escrito sostiene que se trataría “aparentemente” de compañías revendedoras “con escasa solvencia económica” que no serían especialistas en los productos o servicios suministrados, sino intermediarios que añaden “un margen adicional por la simple intermediación”. El sobreprecio detectado en esos suministros ascendería a 447.389 euros solo en ese ejercicio, siempre según la denuncia presentada ante la Fiscalía.
El mismo documento señala que, entre 2018 y 2024, se habrían utilizado contratos menores para trocear servicios que, por su importe total, deberían haberse licitado mediante procedimientos abiertos o restringidos. La denuncia cuantifica ese posible fraccionamiento en 1.102.149 euros adjudicados a través de este sistema. En paralelo, el escrito remitido a la Fiscalía alerta de la “imposibilidad de acreditar la entrada (ni conteo ni contenido de bultos)” de suministros y equipos por un valor estimado de 1,7 millones de euros anuales, al no existir registros claros de recepción controlados por compras o logística.
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Dentro de este capítulo de sobrecostes, el texto dedica un apartado específico a EIFFAGE, la empresa encargada del mantenimiento de instalaciones e instrumentación. Según el documento, se habrían creado “barreras de entrada” que habrían derivado en “nula concurrencia” en los últimos contratos de mantenimiento. La denuncia afirma que los precios unitarios de dos grandes contratos de mantenimiento habrían aumentado un 122% y un 90% en ocho años, frente a una subida del 32,8% recogida en el convenio del metal de Madrid en ese mismo periodo.
El importe total abonado por el CNIO a esta compañía habría pasado de 49.890 euros mensuales en 2016 a 142.102 euros mensuales en 2024. Esa diferencia supondría, según el cálculo incluido en el escrito, un sobrecoste anual de 899.802 euros respecto a lo que se habría pagado si solo se hubiera aplicado la subida del convenio sectorial.
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Además, el documento sostiene que, en el periodo analizado —unos 15 años de contratos de mantenimiento—, se habría dispensado a EIFFAGE de realizar un ‘gran número de actividades’ incluidas en el alcance del contrato, valoradas en 5,1 millones de euros (unos 300.000 euros al año), sin que se haya modificado en consecuencia el precio facturado. Según la hoja de cálculo que acompaña la denuncia, el importe total gestionado en ese periodo por las tres adjudicatarias de los servicios de mantenimiento —Cofely, Líneas y Cables y Eiffage— ascendería a unos 15 millones de euros.
La denuncia presentada ante la Fiscalía añade que EIFFAGE habría llegado a realizar, “en nombre del Director Técnico”, pedidos de servicios y suministros, detectándose “autopeticiones directas” con precios entre un 150% y un 420% superiores a los precios medios de mercado. Ese mecanismo, siempre según el relato del documento, habría permitido inflar costes en operaciones en las que la misma empresa que ejecuta el servicio propondría y tramitaría los pedidos.
Desde la empresa EIFFAGE señalan a este periódico que las afirmaciones que se recogen en la denuncia «no son veraces»: «Eiffage Energía ha concurrido siempre a los contratos públicos cumpliendo estrictamente la Ley de Contratos del Sector Público. Los dos contratos citados se adjudicaron mediante licitación pública, respetando los principios de publicidad, transparencia, etc.».
«Empresas satélite» y «contratos a medida»
El escrito que acompaña a la denuncia también vincula este capítulo de sobrecostes con el contexto general descrito en otros puntos de la denuncia, donde se habla de “empresas satélite” estrechamente ligadas a antiguos directivos del CNIO y muy dependientes de la contratación del propio centro. Aunque en este apartado se pone el foco en el área técnica y en compañías como EIFFAGE y otros proveedores revendedores, la denuncia ante la Fiscalía enmarca estas prácticas en una dinámica más amplia de adjudicaciones reiteradas, escasa competencia real y precios crecientes por encima de los índices de referencia.
Más concretamente, el documento también describe un supuesto sistema irregular de contratación del CNIO que arranca con la creación y consolidación de un pequeño grupo de “empresas satélite” muy vinculadas a antiguos directivos del centro. El escrito describe cómo, desde 2007, sociedades como Gedosol, Zeus o Alaos habrían ido concentrando contratos clave en áreas sensibles —personal, servicios administrativos, soporte SAP, almacén y lavado— hasta el punto de que, en la práctica, su principal cliente sería el propio CNIO. La denuncia subraya que estas firmas no solo están ligadas a antiguos responsables del organismo, sino que además habrían desarrollado casi toda su actividad dentro de la Fundación, con plantillas que trabajan físicamente en el centro y que son percibidas internamente como “de la casa”.
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A partir de ahí, la denuncia sostiene que el siguiente paso fue adaptar el propio sistema de licitaciones para blindar este núcleo de proveedores. Según el documento remitido a la Fiscalía, los pliegos de los concursos públicos se habrían ido configurando con requisitos tan específicos y exigentes que, en la práctica, solo podían cumplirlos las empresas ya instaladas en el CNIO. Se menciona, por ejemplo, la obligación de contar con bases de datos o desarrollos de ‘software’ muy concretos, disponer de bolsas de horas para trabajos extra, garantizar sustituciones inmediatas de personal o asumir plazos de transición considerados “inviables” para cualquier compañía que no estuviera ya operando dentro del centro.
La denuncia a la que ha tenido acceso este periódico asegura que este diseño de pliegos “a medida” se tradujo en un dominio casi absoluto de las empresas satélite en las licitaciones. Gedosol habría ganado prácticamente todos los concursos de personal y servicios administrativos a los que se presentaba; Zeus se habría adjudicado el cien por cien de los contratos vinculados al sistema SAP; y Alaos habría hecho lo mismo en el ámbito del almacén y el lavado. En paralelo, la presencia de otros licitadores habría sido mínima, y cuando aparecían, según el relato del denunciante, se encontraban con evaluaciones técnicas y requisitos administrativos que acababan dejándolos fuera.
La ministra de Ciencia cuando fue a reunirse con el nuevo director del CNIO, con el que esperaba dar por cerrada la anterior crisis. (Europa press/E. Parra)
De este modo, siempre según la denuncia presentada ante la Fiscalía, la combinación de ambos elementos —empresas estrechamente ligadas a exdirectivos y pliegos diseñados con barreras de entrada muy altas— habría dado lugar a un circuito cerrado de contratación las mismas firmas ganan una y otra vez, con muy poca competencia real y con un margen de maniobra notable durante la ejecución de los contratos. El documento sostiene que muchas de las obligaciones recogidas en los pliegos se relajaban o directamente no se controlaban una vez adjudicado el servicio, lo que refuerza la idea de que esas exigencias servían sobre todo como filtro inicial.
En conjunto, la denuncia dibuja una secuencia: primero se consolidan las empresas satélite alrededor del CNIO; después, se ajustan los concursos para que solo ellas puedan competir en condiciones reales; y, finalmente, se normaliza un esquema de adjudicaciones reiteradas con escasa transparencia efectiva para terceros. Todo ello se presenta en el escrito como un conjunto de indicios que, a juicio del denunciante, justificarían una investigación en profundidad, mientras que las personas y empresas citadas mantienen en todo momento su derecho a la presunción de inocencia.
Presunto daño patrimonial total de 25 millones
Los importes de los que se habrían beneficiado por la externalización forman parte de una cuantía aún mayor que aparece denuncia en el documento al que ha tenido acceso El Confidencial. En concreto, el texto hace referencia a «un conjunto situaciones que pudieran haber causado perjuicio patrimonial que, aunque de difícil estimación, pudiera presuntamente haber detraído entre 20 y 25 millones de euros en los recursos destinados a la investigación oncológica» con hechos desde 2007 a 2024.
El informe señala directamente que estos hechos se realizaban bajo la protección del que fuera gerente del CNIO, Juan Arroyo Muñoz, que fue cesado en enero junto a quien fue directora de la institución durante 13 años, María Blasco, como adelantaba El Mundo. En los meses anteriores ambos habían cruzado acusaciones por la mala situación del centro e incluso señalado por corruptelas económicas. Tras retirarles de sus puestos, Blasco volvió a centrarse en su laboratorio de la institución del que procedía antes de acceder a la dirección y Arroyo regresaba a su puesto anterior dentro de la administración del centro. La decisión de los ceses por parte del patronato se tomó porque el “ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida”, recuerdan fuentes del Ministerio que dirige Diana Morant.
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Fuentes cercanas a Arroyo niegan los hechos y apuntan a una doble venganza. Por un lado, por parte de Blasco contra él por poner «encima de mesa sus retribuciones indebidas y la presunta malversación» y, por otro, recuerdan que el autor de la denuncia se veía como su sucesor en la gerencia, pero fue despedido, por lo que considera que está buscando una «ventaja en el futuro judicial«. Además, hacen especial hincapié en que parte de los hechos fueron denunciados por Vox en 2020 y que el año pasado se archivó la causa por falta de pruebas.
Desde el Ministerio de Ciencia, que es el responsable del centro, recuerdan que “las cuentas del CNIO están auditadas anualmente por la Intervención General del Estado, y en la actualidad, además, el Tribunal de Cuentas está auditando los ejercicios correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024”. En cualquier caso, toda esta situación ha llevado a la institución encabeza por Diana Morant a convocar un Patronato extraordinario del CNIO, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre y cuyo orden del día será el análisis de la situación actual del centro.