La Audiencia Nacional está a punto de acoger uno de los juicios más esperados de la última década y que toca de lleno el corazón de la política catalana en la época en que Jordi Pujol era ‘president’ de la Generalitat. El también expresidente de CDC y sus siete hijos están citados para sentarse en el banquillo a partir de este 24 de noviembre y se enfrentan a penas que van desde los ocho hasta los 29 años, en el caso del primogénito del clan. El motivo, una supuesta red corrupta de obtención, ocultamiento y blanqueo de una importante fortuna. Hay también imputados diez empresarios, que se enfrentan a cinco años de cárcel.
Sin embargo, el juicio empieza con dudas sobre el patriarca del clan, después de que los forenses que lo examinaron la semana pasada a petición de determinaran que sufre un «deterioro cognitivo moderado» que le impide estar «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio» ni tener la «capacidad procesal» para defenderse. Por este motivo, su defensa ha pedido el archivo de la causa, mientras que la Audiencia Nacional ha citado al ‘expresident’ por videoconferencia justo al inicio del juicio este lunes para examinar su estado de salud. A sus 95 años, Pujol recibió el alta hospitalaria este viernes, a tres días del juicio, por una neumonía que le había tenido ingresado. Cabe recordar que previamente sufrió dos ictus.
¿Dónde comienza la investigación?
Hay dos puntos clave que llevan a la investigación de este caso. En primer lugar, una denuncia en 2012 de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia, quien señaló que éste «disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra», que «tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México», y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre «sobre dinero que se encontraba en el extranjero».
En 2014, el ‘expresident’ emitió un comunicado en el que admitía que había tenido una fortuna oculta en el extranjero, procedente de una supuesta herencia que su padre le habría dejado en los años 1980 por un valor de 140 millones de pesetas en dólares y de la que «nunca se encontró el momento adecuado para regularizar». Entonces, explicó que su abuelo quiso dejarle ese dinero fuera de España porque, habiendo vivido de cerca los años 30 y 40, «tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que le podía pasar a un político muy comprometido». Sin embargo, no se encontraron pruebas de la supuesta herencia.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDED) de la Policía Nacional cifró en 290 millones de euros los ingresos obtenidos por la familia Pujol durante décadas con prácticas corruptas. El Ministerio Público exige a la familia que devuelva el dinero obtenido presuntamente de forma ilícita.
¿Cómo operaba la trama?
Hay indicios del funcionamiento de la familia Pujol como una organización criminal: presuntamente, sus miembros se enriquecían ilícitamente y de forma corrupta, ocultaban fondos en el extranjero y luego blanqueaban su patrimonio a través de sociedades pantalla que no ejercían actividad real.
El juez instructor, José de la Mata, refirió el origen del enriquecimiento de la familia a «pagos ilegales» de empresas que recibían un trato de favor «en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones… a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán». Cabe recordar el poder no solo de Jordi Pujol como ‘president’ durante 23 años (de 1980 a 2003) sino también de CDC (envuelta epicentro de la trama del 3%). Incluso la influencia que pudo ejercer uno de sus hijos, Oriol Pujol, cuando era secretario de Industria de la Generalitat.
La Fiscalía cree que el expresidente catalán y su mujer, Marta Ferrusola (ya fallecida), eran los líderes, «dirigiendo la actuación de ocultación y afloramiento» del dinero. La causa se archivó para Ferrusola en 2021 dada su avanzada demencia y ella falleció en 2024.
Sin embargo, el principal acusado en este juicio es su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que «asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas» junto a su exmujer Mercé Gironès y con la ayuda de su hermano Josep. Todo, a través de una red de ‘sociedades pantalla’ que habrían ofrecido servicios ficticios de asesoramiento e intermediación a empresarios a cambio de comisiones con las que blanqueaban el dinero de su fortuna.
El dinero se ocultó durante décadas en numerosas cuentas ocultas en el extranjero, principalmente Andorra (primero Banca Reig, después en Andbank y finalmente en la Banca Privada de Andorra ‘BPA’, llegando a cerrarse las últimas cuentas en 2014), y se blanqueaba presuntamente a través de las sociedades de la trama.
Precisamente, en una carta de 1995 incautada por la UDEF, Marta Ferrusola se refería a sí misma en lenguaje clave como «la madre superiora de la congregación» para ordenar los traspasos de dinero a sus cuentas a Andorra. Su primogénito era «el capellán de la parroquia».
El resto de hijos (Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer) se beneficiaban de forma «consciente y directa» del resultado de las actividades ilícitas y «coadyuvabon» a ocultarlas, dice el Ministerio Público.
¿Cuántos años de pena podrían caer a Jordi Pujol y su familia?
La acusación del caso la conforman la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, como acusación popular, la empresa Grand Tibidabo, que es la que solicita penas más altas para los acusados. Hace ahora un año Podemos, que también ejercía de acusación popular, decidió retirarse del procedimiento al considerar que, con la acusación del Ministerio Público, ya se encontraba «suficientemente cubierta la acción penal» y tras recalcar que el partido ya había «contribuido» a la «depuración de los hechos investigados».
Aunque Jordi Pujol ‘padre’ es considerado el cabecilla de la trama, no es él quien más pena de cárcel enfrenta. La Fiscalía pide para el expresidente una condena de nueve años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales (no así la Abogacía del Estado, que no solicita condena alguna para él). Está previsto que pueda seguir el juicio de forma telemática si la Audiencia Nacional rechaza el archivo que pide su defensa.
Es su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien puede acabar pasando más años privado de libertad (de hecho, es el único que ha pisado ya la cárcel de forma preventiva). El Ministerio Público pide para él 29 años por múltiples delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución. También es para quien pide una multa más alta, 6,5 millones de euros. La Abogacía del Estado rebaja su petición de pena para el primogénito a 25 años.
Su exmujer es la segunda en la lista: piden para ella 17 años de cárcel por los mismos delitos (en el caso de Gironès, el delito contra la Hacienda Pública es por un ejercicio fiscal, mientras que en el caso de su exmarido son cinco ejercicios fiscales).
El tercero es Josep Pujol Ferrusola, para quien el Ministerio Público pide 14 años por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y uno contra la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado no coincide y solicita para él cuatro años por la gestión del patrimonio, sin llegar a pedir pena para los cinco hijos restantes.
La Fiscalía sí pide ocho años de prisión para Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Los diez empresarios que están acusados son: Francesc Robert Ribes, Bernardo Domínguez Cerecedes, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep María Mayola Comadira, Carlos Sumarroca Claverol, Jorge Barrigón Lafita, Alejandro Guerrero Kandler, Luis Delso Heras, Josep Conradó Mateu y Carles Villarubí. Todos ellos se enfrentan a penas de cinco años de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Las multas que pide el Ministerio Público para ellos varían pero ascienden hasta los ocho millones de euros en el caso de algunos de ellos.
¿Qué argumenta la defensa?
La defensa insiste en que el origen de la fortuna oculta en el extranjero proviene de la herencia del abuelo Florenci, aunque nunca se ha aportado documento alguno que se acredite ese legado. Aluden a que los 140 millones de pesetas en dólares que les habría dejado el padre del ‘expresident’ se alimentaron de una galopante inflación y varias devaluaciones de moneda hasta alcanzar los 500 millones de pesetas (3 millones de euros) en diez años. La gestión financiera de Jordi Pujol Ferrusola, que a partir del año 1990 se encargó de dar rendimiento a los fondos, lograría multiplicar el capital por siete en una década, según su versión. Pero su argumento no ha convencido a las acusaciones ni a la instrucción del caso, que consideran que el motivo por el que la familia ocultó su patrimonio en Andorra era camuflar la corrupción que originaba el dinero.
¿Quién dirigirá el juicio?
El juicio en la Audiencia Nacional corre a cargo de María Riera, como presidenta del tribunal; María Fernanda García, como la encargada de redactar la sentencia y José Ricardo de Prada.
¿Cuánto durará?
El juicio comienza este 24 de noviembre tras años de dilaciones provocadas, principalmente, por la familia Pujol. De hecho, lleva pendiente desde que el juez Santiago Pedraz, que tomó el relevo a De la Mata en una instrucción que duró más de 13 años, dictara apertura de juicio oral en 2021. Está previsto que dure casi seis meses, hasta el 14 de mayo, en un total de 42 sesiones. La Audiencia Nacional ha admitido que se cite a unos 250 testigos en el caso.
Algunos de esos testigos serán clave para la decisión que tome la Audiencia Nacional. Destaca el presidente de Andbank, Manuel Cerqueda, y exdirectivos de esta entidad, como también de Banca Privada d’Andorra (BPA). También están citados a testificar Ramón Espadaler (actual conseller de Justicia, exconseller de Interior y exlíder de UDC), así como otros exconsellers del Govern, como Salvador Milà, Oriol Puig, Santi Vila o Felip Puig. Y otro de los testigos clave será el asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté. La propia Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, podría declarar en el juicio, aunque su testimonio no fue solicitado ni por la defensa de la familia ni por la Fiscalía.
Una vez termine el juicio, el tribunal dictará sentencia y determinará el destino de la que ha podido ser la familia más influyente de Cataluña durante décadas.