En la Audiencia Nacional ha arrancado este lunes el juicio contra la familia Pujol. Y no ha tardado ni media mañana en ponerse sobre la mesa del tribunal que toda la causa tiene un origen político irregular que debe hacer que toda la acusación se … desmorone. Si los tres magistrados sorprendieron incluso a los forenses con su decisión de que el patriarca de los Pujol se siente finalmente en el banquillo (eso sí por videoconferencia y solo de momento hasta que vean si cuando tenga que declarar en primavera está en condiciones), la jornada en el polígono de San Fernando de Henares -donde se ubica la sede de macrojuicios de este tribunal especial- pronto fue encauzada por las defensas de los miembros de la familia que ostentó el poder político durante décadas en Cataluña.
En el turno de cuestiones previas, la defensa de Josep Pujol se ha referido al «pecado original» de la causa, una supuesta operación política orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que habría contado con la policía patriótica y con las artes del comisario José Manuel Villarejo para atacar y desprestigiar a la familia Pujol. «Hay indicios racionales de la participación de sujetos del poder estatal en esa orquestación que buscaba poner sobre la mesa del juzgado prueba ilícitamente obtenida», ha explicado, refiriéndose también a la publicación en la portada de un diario nacional (El Mundo) de las cuentas de los Pujol en Andorra y que propició el impulso de la investigación con una comisión rogatoria a ese país, cuyo resultado ha pedido anular.
Al hilo, ha apuntado que quien fuera pareja del primogénito de los Pujol, María Victoria Álvarez, y cuya declaración ante la Policía en diciembre de 2012 precipitó el caso de los Pujol, en realidad fue víctima de esa misma operación policial en la que participó Villarejo, y ha añadido que en la causa constan incluso ‘sms’ de ella con quien era jefe de gabinete de Presidencia, Jorge Moragas, que le animaba a denunciar a su expareja para «salvar a España».
A esa tesis política se han abonado el resto de los abogados que han intervenido este lunes, pero ha sido especialmente duro el letrado de Oriol Pujol, quien ha enfatizado que desde un inicio el procedimiento contra ellos es «ilícito» porque Álvarez viajó hasta Madrid para declarar ante la Policía bajo «amenazas». «De hecho, luego envía una carta diciendo que se desdice de lo que ha dicho» en sede policial, ha comentado.
Para esa defensa existía una «voluntad de algunos pseudopolicías y parte de aparato del Estado para influir en el procedimiento que se llevaba a cabo en Cataluña» y, por eso, ha entendido que «hablar de la Operación Cataluña no era baladí»: «Se habla de Moragas, también de Alicia Sánchez Camacho -ex presidenta del PP catalán-… hay un devenir de sucesos que impelen a esta señora a declarar en vía judicial y no lo hace evidentemente porque quiere».
Así, ha lamentado que había una operación política contra los Pujol y que si llevan sentados 12 años ante la Audiencia Nacional es por su apellido. «Si fueran otras personas o se llamasen González Amador -el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso- solo se hablaría de un intercambio de documentación con el fiscal sobre un supuesto delito fiscal, pero se llaman Pujol y es otro tema», ha subrayado.
Incopetencia de la Audiencia Nacional
Por su parte, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan, ha entendido que el tribunal debe valorar y acordar que es incompetente para celebrar este juicio dado que, para él, quien tiene la competencia es la jurisdicción ordinaria, la Audiencia Provincial de Barcelona, apoyándose en una sentencia del Supremo emitida por el magistrado Antonio del Moral.
En este sentido, ha puntualizado que la presunta actividad ilícita investigada tendría origen no en el extranjero, en Andorra, sino España. «Si los fondos se generan por actividad en España, el elemento español es fundamental», ha apostillado, para luego añadir que el blanqueo de capitales también lleva el asunto fuera de la Audiencia Nacional porque tuvo lugar con fondos obtenidos presuntamente en España.
Por otro lado, ha invocado una infracción del principio acusatorio señalando que el escrito de acusación tiene «una falta de concreción de los hechos» que se les imputa a los Pujol. «Cuando se refiere que se repartían sobresalientes beneficios de concursos públicos, a los largo de 720 paginas uno no acaba de saber a qué concursos se refiere«.
Para el letrado Cristóbal Martel ha lamentado que es difícil combatir la acusación sin conocer nada de esos concursos, ni las mesas de contratación, ni los pliegos. «¿Sobre qué funcionario hizo la familia Pujol un influjo? ¿Quién fue el sujeto pasivo que sufrió ese hipotético trafico de influencia? No se sabe», ha explicado.
Y por esa razón ha pedido que todo delito que se les imputa a los Pujol y que tenga como antecedente el delito contra la administración publica desaparezca del juicio dado que el escrito de acusación adolece de inconcreciones y vaguedades y está elaborado a «brochazos».
Por otro lado, también ha puesto el foco en que el tribunal rechazó una serie de testigos que propuso y que incluía a la policía patriótica. Y ha subrayado que los delitos fiscales de 2007 y 2008 que se le imputan también al primogénito en realidad están prescritos. «La acusación se ha desbordado», ha resaltado, para añadir que también deben quedar fuera de la causa los delitos de blanqueo que se apoyan en delitos fiscales ya prescritos, como los de 2003 y 2004.