La Diputación de Almería ha celebrado esta mañana un pleno monográfico y extraordinario a petición del PSOE para abordar las detenciones de la semana pasada del ya expresidente y exvicepresidente de la entidad, Javier Aureliano García y Francisco Giménez, en el marco de la investigación por supuesta contratación irregular que se remontaría a 2016 y que forma parte de la instrucción del caso mascarillas, iniciada en 2021. Ambos exdirigentes del PP quedaron en libertad con cargos por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública y presentaron su renuncia a sus cargos un día después. Durante la sesión, el presidente en funciones, Ángel Escobar, además de hacer una vehemente defensa de la presunción de inocencia de sus antiguos compañeros de partido, ha ofrecido al grupo socialista y a Vox acceso a “todos y cada uno de los expedientes de la Diputación de todas las áreas”, además de una comisión de investigación, “en aras a la transparencia”.

El pleno se ha convertido en un intercambio de reproches sobre casos de corrupción que afectan al PP -señalado directamente en la trama sobre las presuntas mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros por un contrato de material sanitario por valor de dos millones y que ahora se amplía a adjudicaciones de contratos menores presuntamente fraudulentos que se extienden hasta 2016, según explicó a este diario el abogado de García, la semana pasada- y al PSOE, tal y como ha puesto de manifiesto el portavoz de los populares almerienses en la Diputación, Carlos Sánchez, en su turno de intervención. “Hemos evitado un circo mediático”, ha sostenido al término de la sesión, después de poco más de una hora y cuarto, el presidente en funciones.

“La presunción de inocencia es una garantía, un derecho fundamental que ha sido ultrajado y vilipendiado. Cualquier posibilidad de defensa ha quedado en el suelo”, ha sostenido Escobar, al término del debate, tras defender que el expresidente y vicepresidente de la Diputación han ejercido sus funciones “con honestidad”. Tras explicar que no es posible solicitar una auditoría externa de la institución, como ha reclamado Vox, el presidente en funciones ha anunciado que, además de una comisión de infestigación, ofrecía a PSOE y a la formación de extrema derecha “que puedan acceder a todos y cada uno de los expedientes de todas las áreas, obras menores, licitaciones”, ppata que “ante cualquier indicio no tengan la menor duda de ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales, afecte a quien afecte”.

Antes, el pleno se ha enredado en el ya consabido y tú mas, cuando los partidos mayoritarios debaten sobre corrupción “No nos hagamos los tontos. Esto lo sabíamos todos y lo dijimos desde 2021”, ha comenzado recordando el diputado portavoz del PSOE, Juan Manuel del Real, en alusión a la primera detención en relación con el caso mascarillas, el 15 de junio de 2021, del entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria. “No se habían depurado las responsabilidades políticas, pero tampoco las penales”, ha incidido sobre el hecho de que en este tiempo el ya número dos de la entidad hubiera estado imputado y sobre las últimas detenciones. “La UCO está de acuerdo en que el ciudadanos Javier Aureliano García era el jefe de un entramado criminal para utilizar las contrataciones públicas de esta institución y obtener mordidas y comisiones”, ha afirmado, para hacer responsable también de esta inacción durante estos cuatro años al presidente de la Junta: “El Gobierno de Juan Manuel Moreno no fue expeditivo en el 21 contra la corrupción en la provincia de Almería y no lo es ahora. Moreno se ha hecho el cómplice”.

El portavoz socialista también ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP no haya actuado en relación con el alcalde de Tíjola y también diputado provincia, José Juan Martínez, investigado la semana pasada en el marco de las contrataciones irregulares en su calidad de titular de la constructora Tagilis -a la que otras mercantiles de la presunta trama, derivaban la ejecución de las obras adjudicadas-, y a quien la Fiscalía de Almería investiga también por supuestas irregularidades urbanísticas y económicas relacionadas con la edificación de un complejo deportivo, según ha adelantado la agencia Efe esta misma mañana. “¿Tiene que detenerlo la UCO para que tomen medidas?”, se ha preguntado Del Real, quien ha advertido al PP de que “tienen que limpiar mucho”, en alusión a las sospechas por corrupción que se ciernen desde la época de Gabriel Amat, el alcalde de Roquetas y que fue presidente de la Diputación entre 2011 y diciembre de 2018, parte del período al que se remontan las adjudicaciones investigadas en la segunda fase del caso mascarillas.

El portavoz del PP no ha esperado para contraatacar contraponiendo los casos de corrupción que afectan al PSOE en esa provincia. “En los 200 años de historia solo un diputado ha sido condenado y está en la cárcel, es el vicepresidente de la Diputación socialista condenado a cárcel por ocho años”, ha dicho Sánchez en referencia a Luis Pérez y su implicación en el caso facturas. “Ni García ni Aureliano han sido juzgados ni procesados”, ha abundado, para pasar a continuación a enumerar otros casos que están bajo investigación o denunciados de cargos socialistas en los ayuntamientos de La Garrucha, Lubrín, Carboneras, Mojácar o Níjar, con cuya diputada provincial por ese municipio, Esperanza Pérez, ha sido especialmente duro. “Están inhabilitados para hablar de corrupción”, ha espetado al PSOE de Andalucía, tras acusarlos de pedir el pleno para “enmarranarlo todo”.

Quien ha sacado tajada de este toma y daca sobre quién es el campeón de la corrupción en la provincia de Almería ha sido Vox, que, como suele habitual en estos casos, se ha mostrado equidistante con ambas formaciones. “Lo ocurrido en la Diputación no es un error, es un modelo: adjudicaciones que cumplen la ley por la mínima y a las que siempre concurren las mismas personas. Son PP y PSOE dos caras de la misma moneda”, ha señalado el diputado de la formación ultra Pedro Manuel Aguera.

Este ha sido el primer pleno sin García al frente desde que tomó posesión de su cargo en 2019. Esta misma mañana se ha comunicado la renuncia tanto de él como de su número dos, por lo que empieza a correr desde este lunes el plazo de 10 días para el nombramiento del nuevo presidente de la Diputación de Almería. Una tarea en la que, como en el caso del nuevo secretario general del PP de Almería, la dirección del partido está haciendo una búsqueda con lupa para evitar nombrar a nadie señalado o bajo sospecha de comportamientos irregulares y que, a la vez, sea de la confianza del nuevo presidente de la formación, Ramón Fernández Pacheco -tras la suspensión de militancia de García, que era su presidente desde junio de 2021, justo cuando estalló el caso mascarillas. Fuentes del PP almeriense indican a este diario que no hay prisa por confirmar a su sucesor.

Las funciones como consejero de Agricultura de Fernández Pacheco le impiden tener un control exhaustivo del día a día de una agrupación clave para consolidar la ansiada mayoría absoluta de Moreno en la comunidad y cuya hegemonía en ese territorio ha puesto en jaque el ascenso de Vox. Esta tarde se reúne la Junta Directiva Provincial del PP de Almería en Roquetas de Mar, donde el presidente de honor de la formación, Gabriel Amat, gobierna con mano firme desde 1995.