En Italia casi todo se politiza. No es extraño que un terremoto social, legal y político sacuda al país transalpino ante la decisión del Tribunal de Menores de L’Aquila de suspender la patria potestad a un matrimonio -el británico Nathan Trevallion y la … australiana Catherine Birmingham- y de alejar a sus tres hijos menores (de ocho y seis años, estos últimos gemelos) para trasladarlos a una comunidad protegida.
Vivían en un viejo caserón de piedra en medio de los bosques de Palmoli, en la provincia de Chieti, en la región central de Abruzos. Sin agua corriente, sin gas, con una estufa de leña para calentar la única habitación en la que duermen juntos los cinco miembros de la familia. El baño es una letrina, situada a la intemperie, en el exterior de la casa. Los niños se divierten con un caballo, un burro y otros animales domésticos. El escenario podría pertenecer a un programa de televisión sobre vidas autosuficientes, desconectadas de la red eléctrica y los servicios públicos. Pero en Abruzos la historia idílica de la familia Trevallion-Birmingham ha terminado con la llegada de cuatro coches de policía, asistentes sociales y una orden del Tribunal de Menores de L’Aquila.
Nathan Trevallion, británico, exchef de 51 años, y su esposa australiana, Catherine Birmingham, entrenadora de caballos, de 45, habían hecho de ese caserón su manifiesto vital. Lo compraron en 2021 por 20.000 euros, instalaron unos paneles solares, se valieron de un pozo para el agua y decidieron educar ellos mismos a sus hijos, lejos de móviles, redes sociales y ‘contaminación’ urbana. «Este es el mejor modo de criar niños. Queremos una generación más abierta, capaz de cambiar el mundo», explicaba él hace unos días a la prensa británica.
El sueño se empezó a torcer con un episodio que en Italia ha pesado como una señal de alarma: una intoxicación por setas recolectadas en el bosque llevó a la familia al hospital. Los servicios sociales abrieron un expediente. En sus informes, hechos públicos ahora por varios medios, hablan de condiciones de vivienda inadecuadas, aislamiento, ausencia de escolarización, falta de controles médicos y precariedad higiénica.
Sobre esa base, el tribunal decidió el jueves el internamiento temporal de los niños en un centro de Vasto, municipio de unos 40.500 habitantes, junto a la madre, y la suspensión de la patria potestad. No es una medida definitiva, pero el golpe ha sido devastador para el padre. «Ha sido la noche más triste de mi vida. Me he quedado solo en la casa, sin mi familia», ha dicho al borde de las lágrimas. Aun así, confía en el recurso que preparan sus abogados: «La ley está de nuestra parte. Si lo perdemos, nos iremos de Italia con nuestros pasaportes».
Tormenta política
Giorgia Meloni, de viaje en Sudáfrica para la cumbre del G20, ha hecho saber que está «impresionada y alarmada» por lo ocurrido. Ha hablado con su ministro de Justicia, Carlo Nordio, para pedirle aclaraciones y estudiar el envío de inspectores al Tribunal de Menores de L’Aquila, una medida siempre delicada porque se percibe como una intromisión del Ejecutivo en la autonomía de la magistratura.
Mucho más lejos ha ido el vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini. Desde el primer momento ha hablado abiertamente de «secuestro» de los niños, de un «acto indigno, preocupante, peligroso y vergonzoso». Ha anunciado que la próxima semana viajará a Abruzos «no como ministro, sino como padre y como italiano», para visitar a la familia y, si hace falta, «hablar con el juez».
En sus declaraciones, Salvini ha comparado el caso con los campamentos de población romaní que ha visitado recientemente, denunciando que hay cientos de niños sin escolarizar ni servicios básicos. «Allí, ¿dónde está el Estado?», se preguntó, insinuando un doble rasero por parte de la magistratura: mano dura con la pareja anglo-australiana, permisividad con los gitanos. Para él, es «vergonzoso que el Estado se ocupe de entrar en el mérito de la educación privada» de una pareja que buscó vivir en Italia.
Meloni, más prudente en el tono, se mueve, sin embargo, en la misma dirección política. El caso encaja en la narrativa del Gobierno sobre unas «togas ideologizadas» y un poder judicial que supuestamente invade la esfera de la vida privada.
Los jueces se defienden
La reacción de la magistratura ha sido inmediata. La junta de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) de L’Aquila ha publicado una nota inusualmente dura, en la que pide «respetar el rol de la jurisdicción en un asunto delicadísimo» y denuncia como «inoportunos» los intentos de instrumentalización política. Recuerda que el decreto se basa «en valoraciones técnicas y en elementos objetivos: seguridad, condiciones sanitarias, acceso a la vida de relación y cumplimiento del deber escolar», y subraya que ha sido adoptado «con finalidad exclusivamente protectora» de los menores.
El propio Nordio, un ministro de Justicia garantista por formación, ha tratado de rebajar la tensión: «Arrancar a un niño de su familia es un acto dolorosísimo. Por eso hacen falta verificaciones profundas. Cualquier juicio ahora sería prematuro», ha señalado, prometiendo controles pero sin avalar las palabras de Salvini.
Debate social
Más allá de la contienda política, el caso ha desatado un profundo debate en la sociedad civil italiana sobre el significado de una crianza sana y el límite de la libertad parental. Muchos han abrazado la causa de Nathan y Catherine, viendo en su elección un acto de amor y una defensa contra el consumismo, la tecnología y las «maldades del mundo». El padre se ha defendido argumentando que su vida al aire libre es «la mejor manera de criar niños» para una «generación más abierta». El alcalde de Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha mostrado su solidaridad, mientras que una petición en internet en apoyo a la familia ha superado rápidamente las 45.000 firmas.
Sin embargo, otras voces, como la de la escritora y columnista Viola Ardone, han planteado una perspectiva más crítica. La autora sostiene que, aunque la pareja actúa por amor y con la intención de proteger a sus hijos de las «maldades del mundo», su método de crianza tiene un efecto perjudicial. Al negarles la escuela pública y el contacto social amplio, los niños quedan encerrados en una «burbuja» donde solo se reflejan los valores, creencias y costumbres de sus propios padres. La escuela y la socialización son necesarias porque exponen al niño a la «complejidad, la diferencia y el confronto» con los demás, un proceso esencial para que puedan desarrollar su propia identidad, no solo ser una extensión de sus padres.
El garante para la infancia de Lombardía, Riccardo Bettiga, también señaló el elemento más sólido desde el punto de vista jurídico: la lesión del derecho a la relación social y a la escuela, un aspecto clave de la formación de la personalidad y la emancipación del menor. Si bien la falta de electricidad o agua corriente no tiene estándares normativos específicos, la ausencia de una vida de relación puede tener consecuencias psíquicas y educativas serias.
En definitiva, los defensores de la pareja insisten en que la vida en el bosque los protegía de pantallas, consumismo y malas influencias, y recuerdan que la educación en casa, o incluso una forma de aprendizaje más libre, es legal en Italia, siempre que se garantice un nivel mínimo de instrucción. Los jueces, sin embargo, ponen el acento en lo que llaman «vida de relación»: unos niños que prácticamente no tienen amigos, no van a la escuela del pueblo, no participan en actividades deportivas ni culturales y crecen encerrados en un microcosmos familiar, es una dinámica que puede tener consecuencias psicológicas de largo alcance.
En medio de la tormenta, los tres niños -Utopia Rose, Bluebell y Galorian- pasan estos días sometidos a controles médicos y entrevistas con psicólogos que nunca antes habían tenido. Su historia, que empezó como una especie de cuento romántico sobre una familia que desafía la civilización desde un caserón perdido en el bosque, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo del interminable pulso entre la política italiana y sus jueces. Los pequeños son los únicos que no han elegido ni el bosque ni la batalla institucional que ahora se libra en su nombre. El drama de Nathan y Catherine Trevallion y sus hijos depende ahora de un recurso de apelación, y sus vidas se han convertido en el símbolo de una batalla sobre los modelos de vida y la autoridad.