En una estructura de poder tan vertical como el Gobierno de Pedro Sánchez, probablemente el presidente que menos contrapesos ha tenido dentro de su Ejecutivo y sobre todo de su partido en la reciente historia democrática española, nada se mueve sin que el líder lo apruebe o en la mayoría de los casos lo decida directamente. Y en las cuestiones más sensibles no basta con que lo haga por teléfono. Tiene que hacerlo en persona.
Por eso en La Moncloa está todo listo para que el Consejo de Ministros nombre este martes a la nueva fiscal general del Estado —la mayoría de las fuentes apuntan a que será mujer, aunque no hay certezas—, pero hasta que Sánchez no aterrice desde Luanda (Angola) a primera hora de la mañana y se vaya a La Moncloa a despachar con Félix Bolaños, el ministro de Justicia, nada es seguro.
Podría incluso retrasarse la decisión, aunque todo indica que será este martes. Para abrir esa posibilidad, el actual fiscal general, Álvaro García, dimitió este lunes. Si no lo hubiera hecho, el Consejo de Ministros no podría nombrar un sustituto, porque la sentencia del Tribunal Supremo que lo inhabilita aún no ha sido publicada y, por tanto, tenía derecho a seguir ejerciendo hasta que sea firme.
Las especulaciones se han disparado en los entornos del Gobierno y en el mundo jurídico, donde hay más de 3.000 fiscales y muchas candidatas, que además podrían no ser de la carrera, ya que solo se requiere que sea un jurista de reconocido prestigio.
Bolaños ha hecho decenas de consultas desde el jueves para perfilar el nombre que solo Sánchez puede rematar, en una decisión de alto voltaje político. A falta de esa última palabra del presidente, que puede cambiarlo todo, distintas fuentes del Gobierno consultadas apuntan que muy probablemente será una mujer, un gesto importante para un Ejecutivo que se define como feminista, y con seguridad alguien de claro perfil progresista y con credibilidad en la carrera. En el mundo político y jurídico se especulaba con varios nombres de mujeres progresistas como Teresa Peramato, fiscal de sala jefa de la sección Penal del Tribunal Supremo, especialista en violencia de género y presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Pero siempre con la cautela de que decide Sánchez y podría dar un golpe de efecto inesperado, algo muy habitual en su mandato.
El elegido o la elegida deberá ser potente y creíble en la carrera para poder afrontar un momento difícil y una respuesta política y jurídica a un desafío muy claro del Tribunal Supremo al Gobierno, al haber condenado por primera vez en la historia a un fiscal general con una sentencia que aún no está redactada pero ya es muy discutida. El propio Sánchez ha dicho que acata pero “lamenta” la sentencia porque cree que García “es inocente” y así lo acreditaron “varios periodistas de dilatada trayectoria” durante un juicio en el que para el Gobierno no se ha mostrado ninguna prueba de la culpabilidad del fiscal general. Desde Luanda, Sánchez agradeció a García su tarea de “servidor público”. “Le deseo toda la suerte. Tiene todo mi respeto y consideración”, señaló el presidente.
El fin de semana ha sido muy intenso en Madrid, con llamadas y reuniones constantes del ministro y el núcleo duro de Sánchez, pero también en Johannesburgo, donde estaba el presidente en el G20 que este año era en Sudáfrica, y también en Luanda, donde llegó el domingo por la noche y ha permanecido todo el lunes para participar en la cumbre UE-Unión Africana que este año es en Angola.
En los momentos de descanso de las cumbres, o incluso durante sus desarrollos, Sánchez ha podido hablar y enviarse mensajes con sus principales colaboradores para ir fraguando la decisión. Pero el remate llegará en La Moncloa, cuando llegue con el helicóptero desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde aterriza el Airbus con el que suelen hacer los viajes largos tanto el presidente como el Rey.
Sánchez tomó una decisión muy relevante este domingo. Había sectores en el Gobierno que apostaban por una guerra total con el Tribunal Supremo, y, por tanto, que el presidente utilizara palabras muy gruesas como había hecho su ministro, ex jefe de Gabinete y persona de máxima confianza, Óscar López, que dijo que se ha lanzado “el demoledor mensaje de, si te atreves a tocar a Ayuso, vas pa’lante”. O la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Sumar, que acusó a los jueces que condenaron a García de estar en una operación para derribar al Gobierno. Sánchez meditó su respuesta tres días y el domingo optó por no avivar la guerra, mostrar su disconformidad con la sentencia y su confianza en que pueda ser corregida por el Tribunal Constitucional, pero sin cargar las tintas. Por eso ahora es muy importante qué fiscal general elige, porque esa es su verdadera respuesta política.
“La mejor respuesta es gobernar y ejercer nuestras competencias”, señalaron durante el fin de semana fuentes de la cúpula del Ejecutivo como una forma también de despejar las dudas, de nuevo, sobre un posible adelanto electoral para aprovechar el momento de indignación con la sentencia que aglutina y moviliza a la izquierda. Sánchez y su entorno insisten en que van a seguir gobernando hasta 2027, con las dificultades ya conocidas y sin Presupuestos, y este nombramiento del relevo en la fiscalía general puede ser también un mensaje importante de continuidad: la persona que acepte ese puesto sabe que puede estar un periodo corto, porque en el verano de 2027 tiene que haber elecciones y podría cambiar el Gobierno, pero no tendría mucho sentido poner a alguien potente para poco después adelantar elecciones.
El nuevo fiscal general será el cuarto desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Antes que García Ortiz estuvieron María José Segarra y Dolores Delgado, que también dimitió, aunque en su caso, por problemas de salud. Mientras tanto, las funciones del cargo de fiscal general serán asumidas, previsiblemente, por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal, que también es otra candidata posible a la fiscalía general, como Teresa Gisbert, fiscal de sala de menores. Otro nombre con el que se especuló es el de Ana Ferrer, magistrada del Supremo, pero supondría perder un puesto clave para los progresistas en la sala de lo Penal. De hecho ella aún tiene que redactar su voto particular en la sentencia contra el fiscal general. Y si finalmente fuera un hombre, el propio Diego Villafañe, jefe de la secretaría técnica de la fiscalía general y mano derecha de García, sería un candidato de continuidad. El nuevo fiscal deberá someterse al escrutinio del Consejo General del Poder Judicial y también de las Cortes, donde tendrá una comparecencia que se prevé dura por el rechazo de la oposición a cualquier nombramiento de Sánchez.