Un emoticono de un diente enviado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 puso al encargado del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería sobre la pista del presidente de la diputación. En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, el juez le considera «vértice» de una organización criminal dedicada al cohecho, el blanqueo de capitales y el fraude en la contratación. Porque apenas tres minutos antes de ese mensaje, en apariencia inocente, García había estampado su firma en el decreto de adjudicación de un contrato a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L.

La compañía administrada por Kilian López Solé, un empresario vinculado a Cataluña y a investigaciones por tráfico de drogas, armas y blanqueo. El objetivo fue el suministro de mascarillas, monos de protección y guantes de nitrilo por valor de más de dos millones de euros. Según el auto, al que ha tenido acceso RTVE, existen «claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita«.

Además, según el auto tuvo unos sobrecostes unos sobrecostes de «945.327,61 euros», lo que supone el «42,27 por ciento del contrato total». Fondos que, según el juez, fueron retornados ficticiamente» a una tercera sociedad, CORFPFAM, controlada por los investigados.

Jerga dental para ocultar contratos ilícitos y patrones «incompatibles con la legalidad»

«Esperaba poder ir al dentista» o «te vas a poder cambiar la piñata entera» son otras expresiones que llamaron la atención del instructor. También cuando se hablaba de «muelas picadas» o «limpieza». El el «lenguaje encriptado o en clave» que según el auto utilizaron García, Giménez y Liria en conversaciones que se remontan a 2017. El auto considera también determinante el emoticono de la muela que García envió a un chat conjunto denominado «Naranjito».

Por otra parte, el auto del juez Eduardo Martínez llama la atención sobre el «uso de dinero en efectivo» por parte del presidente de la diputación de Almería. Señala por ejemplo la compra de un inmueble a través de una cuenta a nombre de su hermana, alimentada por ingresos en metálico realizados desde diversos cajeros. El importe total ascendería a 19.750 euros.

También habla de la compra de una parcela con dinero en efectivo cuyo origen se desconoce, o las «numerosas transacciones bancarias entre Javier Aureliano García y sus hermanos», también investigados en la trama.

Entre las actividades que el auto contempla como sospechosas, incluye la realización de viajes de García y Liria a Ibiza y Madrid, entre 2016 y 2017, «de coste elevado, sufragados con dinero en efectivo y en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta». «No existen apuntes bancarios en las cuentas de los investigados», concluye el informe.

Ahora el juez que investiga la trama ha ordenado a través del auto el «bloqueo de productos financieros» y la prohibición de los investigados de disponer de bienes inmuebles y vehículos. También ha autorizado el «copiado-volcado» de todos los dispositivos informáticos y teléfonos incautados durante los registros, así como el rastro de posibles cuentas de criptomonedas que la trama pudiera estar utilizando para desviar el dinero.

Otras empresas investigadas: Pulconal y OYC Servicios Urbanos

La investigación se extiende también a la adjudicación de obra pública a las empresas Pulconal y OYC Servicios Urbanos. La primera estaría vinculada mediante personas «interpuestas» al exvicepresidente tercero, Oscar Liria, que ya fue detenido en el marco de esta operación en 2021. OYC Servicios Urbanos, por su parte, estaría vinculada al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Sánchez y su hijo fueron detenidos también la semana pasada en el marco de esta operación.

Según el auto judicial en ambos casos se aprecia «una actividad ficticia y simulada». La adjudicación del contrato de las mascarillas no sería, según la investigación, un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de un presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos.

Dimite el alcalde de Fines, detenido junto a su hijo hace una semana

En un nuevo capítulo de esta trama, una semana después de su detención, ha dimitido el alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez Simón. Había sido suspendido de militancia por el Partido Popular después de ser detenido, junto a su hijo, por las presuntas «mordidas» en adjudicaciones de obras públicas.

Sánchez, que llevaba 22 años en el cargo de regidor, ha trasladado su decisión al equipo de gobierno del municipio y a los trabajadores municipales. En un comunicado, el ya exalcalde niega «de forma rotunda y absoluta» la participación en los hechos por los que se le investiga y sostiene que las acusaciones son «profundamente injustas y ajenas» a su forma de ser y su forma de «entender el servicio público».

GRIS