El mapa del ajuste laboral de Telefónica ya está completo y su magnitud supera las previsiones iniciales. La dirección de la operadora ha planteado a los sindicatos la salida de un total de 6.088 trabajadores en el conjunto de las siete divisiones afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El cuadro se ha cerrado este martes tras la constitución de las últimas mesas de negociación, que han desvelado un fuerte impacto en la matriz y las divisiones tecnológicas.
Trabajo remite una carta a la SEPI en la que tacha de «indecente» el ERE de Telefónica
A los 5.337 despidos comunicados este lunes para las principales divisiones de negocio, se han sumado hoy otras 751 salidas. Entre los recortes planteados hoy golpe es especialmente significativo en Telefónica S.A., el centro corporativo del grupo, donde la empresa propone prescindir de 378 personas, lo que supone eliminar al 33% de una plantilla de 1.160 trabajadores.
Los despidos comunicados este martes se extienden también a Telefónica Innovación Digital, con un recorte de 233 empleos (el 23% de la plantilla total), y en Telefónica Global Solutions, la filial de negocios internacionales, donde el ajuste afectará a 140 empleados (un 22%).
Con la incorporación de estos últimos datos, la propuesta de despido colectivo alcanza un total de 6.088 trabajadores en todo el grupo. El grueso de la afectación se concentra en las divisiones cuyo ajuste se comunicó este lunes: Telefónica de España (3.649 afectados), Telefónica Móviles (1.124), Movistar+ (279) y Telefónica Soluciones (267). El ERE propuesto alcanza finalmente al 24% de la plantilla de la teleco en España, que está en torno a 25.000 trabajadores.
Negociación conjunta
La información sobre el alcance real del despido colectivo ha llegado con cuentagotas debido a la decisión de abordar el ERE mediante negociaciones individuales en cada división, en lugar de un proceso unitario. Esto implica mesas de diálogo separadas y el riesgo de que las condiciones de salida difieran entre departamentos.
UGT y CCOO (sindicatos mayoritarios junto a Sumados-Fetico) han mostrado su rechazo frontal a este planteamiento. En un comunicado conjunto, han señalado que “no comparten ni consideran justificada” la necesidad de recurrir a despidos colectivos y defienden que existen alternativas organizativas viables.
Ante la estrategia de la empresa de fragmentar el proceso en siete mesas diferentes, los representantes de los trabajadores advierten de que no aceptarán acuerdos parciales y que tanto los ERE como la negociación de los convenios colectivos deben avanzar de forma coordinada y cerrarse a la vez en todas las empresas del grupo. El objetivo es blindar la “unidad de plantilla” y evitar que se pacten condiciones peores en las filiales con menos fuerza sindical.
La batalla por la rebaja de cifras
Fuentes sindicales asumen que las cifras presentadas esta semana son una propuesta de máximos que se verá rebajada durante el proceso de negociación de 30 días que acaba de arrancar. Existe un precedente inmediato: en el ERE de principios de 2024, la negociación logró reducir la afectación inicial en un 33%, pasando de una propuesta de 5.124 salidas a las 3.421 finales.
La línea roja para los representantes de los trabajadores sigue siendo la voluntariedad. “Nosotros queremos que sea voluntario, universal, que conecte con la jubilación y que tenga mejoras respecto al anterior ERE”, explica Víctor Manuel Pascual, secretario general de CCOO en el grupo. Aquel acuerdo previo tuvo un coste para la empresa de 1.300 millones de euros y garantizó a los mayores de 56 años el 68% de su salario regulador hasta los 63 años, manteniendo cotizaciones y seguro médico.
Este nuevo ajuste responde a la estrategia de “eficiencia” del plan estratégico del presidente Marc Murtra, que busca liberar 3.000 millones de euros para 2030, reducir la deuda de más de 28.000 millones y financiar el giro hacia la IA y la ciberseguridad.
Sin embargo, la maniobra tiene una lectura polític: es el primer gran ERE que se ejecuta con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sentada en el consejo de administración con un 10% del capital. Aunque el ministro Óscar López ha insistido en que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, el proceso arranca con un fuerte rechazo por parte del Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado este martes de “indecente” que una empresa con beneficios y participación pública plantee este tipo de recorte.
Díaz ha confirmado el envío de una carta a la SEPI exigiendo explicaciones y ha advertido de que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Por su parte, el holding público ha tratado de rebajar la tensión política asegurando que su exigencia en el consejo de administración es que cualquier medida laboral sea “fruto de la negociación y el acuerdo” con los sindicatos.
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Las divisiones del grupo en España, las más afectadas por el recorte
Esta información se ha ido actualizando a lo largo de este martes, conforme Telefónica ha comunicado los despidos previstos en cada una de las filiales afectadas.