La Comisión Europea ha señalado que España se encuentra en riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea por un gasto neto primario superior al de la senda acordada entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno español. Para el año 2026 España tenía acordado un aumento del gasto neto primario del 3,5%, inferior al nivel que la Comisión estima que tendrá el país, aunque inferior también al desvío permitido por las normas fiscales europeas: del 0,3% anual o del 0,6% acumulado a lo largo de los años en puntos del PIB. En otras palabras: Bruselas avisa al Gobierno de que se está desviando de lo acordado, aunque todavía no lo suficiente como para considerar que hay un incumplimiento material del compromiso adquirido.
España ha esquivado el incumplimiento por la mínima, porque el desvío anual para 2025 y 2026 ha rozado el 0,3 del PIB, aunque quedándose ligeramente por debajo de ese límite este año. En términos de dinero contante y sonante, se trata de una desviación de unos 5.000 millones de euros. Si se hubiera superado el límite fijado el país habría quedado en incumplimiento. Las cifras no son definitivas, porque solamente quedarán consolidadas con la notificación fiscal que se deberá hacer ya el año que viene, y por lo tanto, si en 2026 se quedara por encima de ese límite se podría abrir un procedimiento de déficit excesivo, aunque políticamente se tendría en cuenta también el hecho de que la acumulada se encuentra en estos momentos muy lejos del tope del 0,6, al situarse en el 0,2. En 2025 el aumento del gasto neto primario se ha situado en 4,5%, frente al 3,7% previsto para este mismo año, y para el que viene se situará en un aumento del 4,3%, frente al 3,5% del plan fiscal a medio plazo. El año que viene las fuentes comunitarias señalan que se acelera el gasto pensiones, defensa e intereses de la deuda en 2026. «Está al límite, tanto este año como el que viene, así que si hay un aumento de gasto podría superarse, pero también puede haber nuevas medidas de ingresos por el otro lado equilibrándose», explica la fuente.
Las nuevas reglas fiscales europeas se guían por una única cifra, la senda de gasto neto primario, esto es el gasto del Estado que no incluye intereses, partidas de la UE o gastos no recurrentes, para garantizar que el déficit y la deuda pública caen a lo largo del plan de medio plazo, que en el caso español se extiende desde el año 2025 al 2031. Esa ‘ruta de consolidación fiscal’ fue acordada entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno a partir de una senda técnica remitida por Bruselas, aunque en el caso español el Gobierno acabó rascando mucho más margen del previsto en las cifras de los técnicos comunitarios. Ya el año pasado, la institución europea explicó que las diferencias entre las sendas propuestas por sus expertos y la defendida por el Gobierno se basaban en «un conjunto de hipótesis que difiere de las de la Comisión». El ministerio defendió que la diferencia radicaba en «la incorporación al análisis de sostenibilidad de la deuda del impacto de la reforma de las pensiones y de los últimos datos de población disponibles».
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Cristina Dolz
La opinión de la Comisión Europea está muy alineada con la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en octubre señaló que “considera que a partir de 2026 serían necesarias medidas adicionales para cumplir con los compromisos recogidos en el Plan Fiscal a Medio Plazo”. El gasto neto primario previsto para 2027 por la AiRef es del 4,3%, muy por encima del 3,2% previsto dentro del plan fiscal a medio plazo. Eso incumpliría tanto el desvío anual que está permitido como el desvío acumulado, y pondría a España en riesgo de incumplir con el nuevo marco fiscal y de ser sometido a un procedimiento de déficit excesivo. La autoridad fiscal independiente calcula que el desvío anual acumulado para el 2027 será del 0,8% del PIB, dos puntos por encima de lo que permiten las reglas fiscales.
La AiRef ya planteó en octubre que el impulso que está manteniendo a España a flote en las reglas fiscales europeas se agota en 2027. El margen acumulado con el que cuenta el Gobierno, que le permite un gasto neto primario por encima del acordado con Bruselas, se agota al mismo tiempo en el que dejarán de llegar los Fondos de Recuperación que han estado inyectándose a la economía española desde la pandemia, y justo cuando la generación del baby boom empieza a jubilarse en masa. Los vientos de cola dejarán de soplar, el crecimiento económico empezará a perder fuerza y la AiRef, como la Comisión, consideran que el déficit público empezará a aumentar, revirtiendo así la tendencia que se ha vivido desde la pandemia.
Además, la Comisión Europea ha adelantado este martes que España saldrá de la vigilancia post-programa, un sistema de control del estado de los países que han salido de un programa de rescate, y lo hará antes de lo previsto si hace los pagos que están previstos. Será el primer país en salir del programa, quedando todavía Irlanda, Portugal, Grecia e Chipre. «Sale antes de lo posible porque ha ido pagando antes de lo previsto», ha explicado una fuente comunitaria, que explica que la salida se produce porque España tiene previsto hace un pago que hará que haya devuelto ya el 75% del rescate.
La Comisión Europea ha señalado que España se encuentra en riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea por un gasto neto primario superior al de la senda acordada entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno español. Para el año 2026 España tenía acordado un aumento del gasto neto primario del 3,5%, inferior al nivel que la Comisión estima que tendrá el país, aunque inferior también al desvío permitido por las normas fiscales europeas: del 0,3% anual o del 0,6% acumulado a lo largo de los años en puntos del PIB. En otras palabras: Bruselas avisa al Gobierno de que se está desviando de lo acordado, aunque todavía no lo suficiente como para considerar que hay un incumplimiento material del compromiso adquirido.