El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha dado este miércoles su visto bueno por unanimidad a la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general tras constatar que cumple los requisitos legales que contempla el artículo 29 del Estatuto Orgánico del … Ministerio Fiscal (EOMF): «El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión».
El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia previsto en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una vez emitido este informe, la sustituta de Álvaro García Ortiz tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para completar todo el trámite antes de su nombramiento. En cualquier caso ni la opinión del CGPJ ni la de la de la Comisión de Justicia son vinculantes para el Ejecutivo, algo que se vio en el caso del todavía hoy en funciones fiscal general, nombrado pese a ser considerado no idóneo por el anterior Consejo.
El 30 de noviembre de 2023 el CGPJ García Ortiz se convirtió en el primer fiscal Álvaro García Ortiz considerado no idóneo como fiscal general del Estado, cargo que ostentaba desde el verano de 2022 y para el que fue propuesto de nuevo por el Gobierno de Sánchez. Bien es verdad que en las últimas ocasiones el CGPJ -en el caso de Dolores Delgado y en el del propio García Ortiz- se había limitado a valorar el cumplimiento de los requisitos legales (como ha hecho ahora con Peramato), pero para la mayoría de los vocales en esta ocasión había que entrar a debatir la idoneidad de García Ortiz. Y ello porque unos días antes el Supremo había dictado una sentencia en la que vio una «visible e innegable desviación de poder» en su decisión de ascender a primera categoría a su exjefa, Dolores Delgado.
El mandato de Peramato se rige por el actual Estatuto Fiscal (el proyecto del Gobierno está parado en las Cortes) que establece una duración de cuatro años y que solo podrá cesar como fiscal general antes de que concluya ese plazo por estos motivos: a petición propia (que es lo que hizo el lunes García Ortiz), por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cuando cese el gobierno que lo hubiera propuesto.
Afín a Delgado y García Ortiz
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la carrera fiscal en 1990. Tras su paso por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.
En 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Tres años después, en 2021, fue promovida por Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en enero de este año, con García Ortiz como fiscal general, fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.