La voz de la Fiscalía se ha escuchado por primera vez, este miércoles, en el juicio del caso Pujol. Fernando Bermejo, fiscal de Anticorrupción, se ha opuesto de forma vehemente a la petición de las defensas de la familia Pujol y de los empresarios acusados (19 personas en total) de anular el proceso por una supuesta vulneración de derechos. Bermejo —que sustituye a la compañera que llevó la causa durante casi una década, Belén Suárez, y que ha tenido que estudiar miles de folios en pocas semanas— ha criticado la alusión de los Pujol a la Operación Cataluña, las presuntas “maniobras” de ciertos policías contra los líderes del procés. “No se pueden introducir cuestiones de índole política en un juicio por blanqueo, asociación ilícita, falsedad y delitos fiscales”, ha dicho el representante del ministerio público, que ha insistido en la legalidad de las pruebas obtenidas y la pulcritud de todo el proceso.
Las defensas de Josep y Oriol Pujol Ferrusola, dos de los siete hijos del expresidente catalán, habían denunciado que la causa está contaminada por la intervención de la policía patriótica, que se traduce en la declaración de la examante del primogénito, Victoria Álvarez, que acabó percibiendo fondos reservados del Estado; las presiones a los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde los Pujol tenían la fortuna oculta; o el robo de datos que acabaron en un pendrive e incorporados a la investigación (y luego expulsados). Bermejo ha restado importancia a esas anomalías y ha asegurado que “ninguna prueba ha sido manipulada”, sino que todas “han sido obtenidas con pleno respeto a los derechos de los acusados”, por lo que ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que no admita ninguna de las peticiones de los acusados y siga adelante con el juicio. “Las defensas han pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad”.
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La investigación judicial sobre la familia Pujol tiene, en realidad, dos orígenes, como dos afluentes que luego se unieron y formaron un solo río. El primero fue la declaración como testigo, en diciembre de 2012, de Victoria Álvarez, que había sido amante de Jordi Pujol Ferrusola. Álvarez contó que le había visto mover grandes sumas de dinero en efectivo entre Cataluña y Andorra; y habló también de sus negocios en el extranjero. Aquel testimonio provocó la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional contra el primogénito del clan, una decisión que Bermejo ha defendido. “Esa declaración es una notitia criminis que legitima a las autoridades a iniciar una investigación”.
Fernando Bermejo, fiscal de Anticorrupción, en el juicio contra la familia Pujol, este miércoles.
Bermejo ha retado a las defensas, de forma retórica, a “probar en el juicio oral” que Álvarez fue obligada a declarar. Tendrán, en todo caso, la oportunidad de hacerlo: la defensa de la exmujer de Júnior, Mercè Gironès, la ha citado como testigo. No lo han hecho, sin embargo, ni la Fiscalía ni la defensa de los Pujol, para quienes Álvarez no deja de ser una compareciente incómoda: unos tendrán que enfrentarse a la posibilidad de que reconozca que cobró fondos reservados del Estado durante unos cuantos años; los otros, cómo vuelve a ponerse sobre la mesa (y a la vista de la opinión pública) el trajín de billetes de 500 euros.
Los dos orígenes del ‘caso Pujol’
Hay un segundo origen, una segunda notitia criminis igualmente válida, ha recordado el fiscal: el comunicado emitido por Jordi Pujol el 25 de julio de 2014, en el que reconocía que su familia había mantenido una fortuna oculta en el extranjero durante más de tres décadas. Según contó entonces el expresident, el dinero procedía de un legado de su padre, Florenci Pujol. La confesión, que sacudió a la sociedad catalana, se produjo dos semanas después de que El Mundo publicara pantallazos con los depósitos bancarios de varios miembros de la familia en Andorra. Para las defensas, esas pruebas gráficas fueron las que provocaron la apertura de diligencias y, como alegan que se obtuvieron de forma ilícita (las presiones a los directivos de BPA), deben ser apartadas, así como todo lo que se obtuvo a partir de ahí.
El fiscal de Anticorrupción ha rebatido ese argumento: “El Mundo publica y Pujol declara de forma libre y voluntaria. Nadie le obliga a declarar”. Esa información tiene un “valor periodístico”, pero no tuvo “efectos” judiciales. Sí los tuvo el comunicado, “una referencia objetiva que implica la apertura de diligencias”, ha recordado Bermejo. Un juzgado de Barcelona abrió una causa a partir de la insólita confesión que, más tarde, se incorporaría a la que ya estaba abierta desde antes contra el hijo mayor en la Audiencia Nacional. Y ese camino sinuoso es el que ha conducido hasta el juicio contra los Pujol, que ha arrancado esta semana después de más de una década.
No hay razón para “anular” el juicio
La jornada de este miércoles, tercera del juicio, era importante para los acusados. Tras las peticiones de sus abogados para frenar el juicio, querían escuchar lo que las acusaciones (Fiscalía y Abogacía del Estado) tenían que decir antes de que el tribunal se pronuncie el próximo 10 de diciembre. Por eso, aunque el tribunal les ha permitido ausentarse hasta el día que declaren (en primavera del año que viene), algunos han decidido seguir en la sala. Y han escuchado cómo Bermejo ha tratado de tumbar todas las peticiones de nulidad; apoyándose, en buena parte, en los autos “pulcros” del juez instructor José de la Mata.
“Aquí no existe una investigación prospectiva. El Tribunal Supremo ha reiterado que hay una investigación prospectiva cuando se explora a ciegas. Pero aquí han existido indicios concretos”, ha subrayado el representante del ministerio público.
Solo frente a los abogados, el fiscal ha empleado una hora para rechazar las peticiones de nulidad. Ha apoyado la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos porque las operaciones para ocultar el origen de los fondos se hicieron en el extranjero (“se han llevado fuera de España movimientos de capitales dirigidos a ocultar fondos delictivos obtenidos en España”); ha negado que los hechos hayan prescrito; ha defendido los autos del juez, confirmados por instancias superiores… Y ha rechazado, en especial, que el escrito de acusación haya causado indefensión a las defensas por ser, como han denunciado, “inconcreto”. Bermejo ha dicho que tanto el delito antecedente del blanqueo de capitales como otras cuestiones han de verse, en todo caso, en el juicio oral, que para eso se ha llegado hasta aquí.
José Ignacio Ocio, uno de los abogados del Estado en la causa contra la familia Pujol, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, este miércoles.
La Abogacía del Estado se ha sumado al contraataque de la Fiscalía y ha respaldado el origen de la investigación contra el clan Pujol. Uno de los representantes de esta acusación pública, José Ignacio Ocio, ha defendido la legalidad de la petición de colaboración a Andorra tras la confesión del expresidente en 2014. La legislación, ha dicho, no impide usar información “veraz” publicada en medios. Y ha señalado que la comisión rogatoria se fundamentó “en la carta abierta a la ciudadanía” del propio Pujol. “Era tan veraz esa noticia que motivó la explicación barroca que dio el señor Pujol sobre la existencia de cuentas y fondos desde hace décadas en el extranjero”.