El Tribunal Supremo, el máximo tribunal de Francia, ha confirmado este miércoles la condena del expresidente Nicolas Sarkozy por financiación ilegal de campañas en el que es su último problema legal tras haber sido encarcelado recientemente durante casi un mes por otro caso de corrupción y tráfico de influencias. Fue condenado definitivamente por el Tribunal Supremo, aunque él siempre ha negado cualquier irregularidad.
Sarkozy, de 70 años, había apelado la condena de 2024 por financiación ilegal de campañas electorales tras su fallida reelección en 2012 y por la que se le impuso una pena de un año de prisión. Las investigaciones revelaron que, para ocultar el elevado gasto de su campaña —cerca de 43 millones de euros frente al máximo autorizado de 22,5 millones—, había establecido un sistema de doble facturación ilegal bajo la apariencia de supuestos convenios, y que habrían cubierto buena parte del coste de los mítines.
Seis meses de esa condena fueron suspendidos y podrían cumplirse mediante medios alternativos, como el uso de una pulsera electrónica, sin ir a la cárcel. Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.
Sarkozy se dirige a prisión para cumplir su condena de 5 años de cárcel JULIEN DE ROSA / AFP
Sarkozy, quien ejerció la presidencia durante un periodo de 2007 a 2012, fue condenado en 2021 y de nuevo en 2024 por financiación ilegal de campañas electorales. Tras una apelación, el Tribunal de Casación, equivalente al Supremo, ha confirmado este miércoles las condenas, al constatar financiación ilegal de campañas. También ha confirmado la condena de un año de prisión no privativa de libertad impuesta a Sarkozy, la mitad de la cual está suspendida.
En un comunicado, los abogados del expresidente han afirmado que su cliente estaba considerando llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fallo se produce después de que Sarkozy, de 70 años, fuera encarcelado el 21 de octubre tras ser declarado culpable en un caso separado por los intentos de sus allegados de obtener fondos libios para su candidatura presidencial de 2007. Fue liberado a principios de este mes, a la espera de la apelación.
Sarkozy ha negado las acusaciones de que su partido, Los Republicanos, entonces conocido como UMP, gastara en 2012 casi el doble de los 22,5 millones de euros (26 millones de dólares) permitidos por la ley electoral en mítines de campaña extravagantes y luego contrató a una firma de relaciones públicas amiga para ocultar el costo. Él ha defendido que no participó en la logística de su campaña ni en el gasto del dinero durante el período previo a las elecciones. El fallo de 2021 apuntó a que Sarkozy fue informado del gasto excesivo, no actuó al respecto y no era necesario que aprobara cada gasto individual para ser responsable.
El caso Libia
El juicio de apelación de Sarkozy en el caso de Libia está previsto del próximo 16 de marzo al 3 de junio.
En septiembre, un tribunal de París lo declaró culpable de asociación delictiva en una conspiración cometida entre 2005 y 2007, cuando era ministro del Interior, para financiar su campaña presidencial victoriosa con fondos procedentes de Libia a cambio de favores diplomáticos. Lo condenó a cinco años de prisión.
Sarkozy fue absuelto de otros tres cargos, entre ellos corrupción pasiva, financiación ilegal de campañas y encubrimiento de malversación de fondos públicos. El tribunal determinó que dos de los colaboradores más cercanos de Sarkozy mantuvieron reuniones secretas en 2005 con Abdullah al-Senoussi, cuñado y jefe de inteligencia del veterano gobernante libio Muammar Gadhafi.
Gadafi fue derrocado y asesinado en un levantamiento en 2011, poniendo fin a cuatro décadas de gobierno en el país norteafricano. Al-Senoussi es considerado el cerebro de los atentados contra un jumbo de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, en 1988 y contra un avión francés sobre Níger al año siguiente, que causaron cientos de muertos. En 2003, Libia se atribuyó la responsabilidad de ambos atentados.