El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno da diez días al PSOE para que aporte todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 hasta el 2024, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de todas las liquidaciones de gastos que cargos públicos y trabajadores pasaron al partido por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje en los últimos siete años. También reclama a la formación que facilite los “documentos en los que se soportan los mismos”. Esto es, las facturas o tickets presentados para justificar cada uno de esos gastos.
La Audiencia Nacional acepta investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García
En otro auto, el magistrado ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un informe sobre los “documentos” y “mensajes, tanto escritos como de voz” que constan en la causa y que puedan tener relación con esos pagos. Para ello, solicita al instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán que autorice a los agentes a tener “acceso” al contenido de esas evidencias digitales, entre las que están los audios y mensajes intervenidos a Koldo García.
El magistrado adopta estas decisiones a instancias del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que considera que la documentación ofrecida por el partido “no es esclarecedora” y que es necesaria una investigación para “despejar las incógnitas existentes” y que el PSOE aporte tanto los pagos de esos siete años como sus justificantes para “determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico”. La tesis del fiscal Pastor Motta es que los descuadres en los abonos en metálico por parte del PSOE podrían deberse a un “blanqueo de capitales”, un “posible desfalco cometido contra el partido” u “otras eventuales irregularidades”.
Cantidad ingente de documentación
Estas diligencias se producen en el marco de la pieza separada que la Audiencia Nacional abrió a principios de noviembre sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Con este nuevo requerimiento, la causa adquiere otra dimensión al reclamar una ingente cantidad de gastos que, hasta el momento, no estaban bajo sospecha. Todo ello, además, en un caso abierto originariamente para investigar una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado de la Audiencia Nacional empezó a indagar en las liquidaciones del PSOE tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que este planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran los gastos que pasaban al PSOE para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes.
Puente construyó esa hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y puso el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta.
El juez del Supremo derivó las sospechas sobre el blanqueo con tickets a la Audiencia Nacional tras haber interrogado, como testigos, al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez. La citación de ambos se produjo después de que un informe de la UCO hallara un descuadre de miles de euros en los pagos en efectivo al exdirigente socialista y a quien fuera su mano derecha.
El exgerente y la trabajadora se limitaron a explicar que ni Ábalos ni Koldo García habían cobrado en efectivo más dinero de lo que había comunicado el PSOE: 19.859,07 y 11.291,33 euros, respectivamente. Y que los 127.738,98 restantes correspondían a liquidaciones del “equipo de Organización” del partido.
El juez Puente sospecha que Ábalos y Koldo García pudieron blanquear menos del 4% de las comisiones pasando gastos al PSOE
El magistrado hizo hincapié en el hecho de que ninguno de los testigos fuera capaz de explicar por qué esos fondos eran “reclamados” por Koldo García, quien figuraba como asesor de Ábalos en Transportes y no en el PSOE. Ni tampoco por qué su mujer, Patricia Úriz, que era secretaria de Ábalos en el Ministerio y no en el partido, recogía unas cantidades sobre las que no hay “constancia alguna” de que fueran distribuidas posteriormente por Koldo García en favor de las personas del equipo de la Secretaría de Organización, tal y como reconoció el exgerente.