Policía patriótica (esos que decían actuar por el bien de España), Operación Cataluña (contra los independentistas), UDEF (la policía especializada en delitos económicos), prescripción (ha pasado demasiado tiempo, en términos jurídicos) y Vicky Álvarez (la examante). Son los ingredientes básicos para entender las jornadas 2 y 3 del juicio. Íntegramente dedicadas a la exposición de las cuestiones previas de las partes.

Este trámite antes de iniciar la fase testifical, que suena como algo muy técnico y sin interés, es indispensable en un juicio penal antes de proceder a discutir el fondo del caso. Normalmente se usan para denunciar vulneración de derechos, la competencia del tribunal o la nulidad de las actuaciones. Y aquí hemos tenido de las tres.

Las defensas de los 19 acusados han pedido la nulidad de la causa. La familia Pujol al completo (el expresident y sus siete hijos e hijas), Mercè Gironès -exmujer de Jordi Pujol Ferrusola- (quédense con este nombre) y los 10 empresarios.

Especialmente profuso en defender que esta causa no es competencia de la Audiencia Nacional ha sido el abogado de cabecera de los Pujol, Cristóbal Martell. Cabe decir aquí que este argumento lo viene alegando desde el principio y nunca se lo han admitido (ni en instrucción ni en apelación). Ha esgrimido jurisprudencia del Supremo a su favor. Insiste en que los supuestos hechos delictivos que se les imputa se habrían producido en España, por mucho que las cuentas bancarias estuvieran en Andorra. Para que la causa sea competencia de la Audiencia Nacional, deberían haberse cometido en el extranjero, recuerda. Y, por ello, el caso debería juzgarse (si es que hubiera delito, diría él) en la Audiencia de Barcelona.

En una conversación informal con Óscar Morales, abogado del empresario acusado Luis Delso, comentamos que vendría a ser un poco como el blanqueo de capitales por el que juzgaron a Sandro Rosell, expresidente del Barça. En aquel caso, los hechos eran en Brasil y allí no eran delito. Pero vamos, son conversaciones que se tienen en los impasses.

Ni que decir cabe que todas las defensas coinciden en que el caso debería volver a Cataluña.

Maniobras de la mal llamada policía patriótica

Además, las defensas han alegado, con más o menos ahínco, que muchas de las pruebas que obran en la causa fueron obtenidas de manera ilícita. Fruto de la guerra sucia. Producto de las cloacas del estado. Maniobras de la mal llamada policía patriótica.

Y desde el principio. Desde que en 2012 una desconocida hasta entonces Vicky Álvarez denunciara que Jordi Pujol Ferrusola iba a Andorra con bolsas llenas de billetes. Lo denunció, explica Francesc Sánchez, abogado de Oriol Pujol, porque le chantajearon policías de la UDEF. Vicky Álvarez había sido amante del primogénito del expresident Pujol. En 2010, en una conversación con Alicia Sánchez Camacho, entonces líder del PP catalán, desveló muchos detalles de Jordi Pujol Ferrusola “junior”. Algunos inconfesables, por su intimidad. Que seguramente verbalizó porque, según dijo, no sabía que la estaban grabando. Es la famosa grabación de La Camarga. Sánchez Camacho otorgó el perdón del ofendido a la agencia de detectives Método 3 que colocó la grabadora en el florero del centro de mesa y la causa penal no llegó a juicio.

Otra gesta de la policía patriótica, alegan las defensas, es el pantallazo que publicó el diario El Mundo en julio de 2014 en el que se leían datos bancarios de los Pujol. Lo consiguió la UDEF. ¿Coaccionaron a algún trabajador del banco BPA para obtenerlo? Eso solo lo investiga una jueza de Andorra. Lo cierto es que a los pocos días, Jordi Pujol publicó su carta de confesión y “expiación”, según escribía. Su explicación de la “deixa” de l’avi Florenci. El origen, según él, de su patrimonio oculto.

Pero, si no me equivoco, porque estamos sudando tinta para conseguir la lista buena de testigos admitidos, en este juicio no declarará el omnipresente Villarejo. Ni él ni Eugenio Pino (condenado por el conocido como caso del pendrive de los Pujol), ni Bonifacio Diez, ni Martin-Blas… Al menos de eso se ha quejado amargamente el letrado Martell.

Las defensas también han argumentado “la falta de concreción del principio acusatorio”, la “acusación desbordada” y que eso les causa indefensión. Y aseguran que muchos delitos que les imputan están prescritos. Como sería el caso, aparentemente, de los delitos fiscales.

Y dicen los empresarios que sí cobraron por los servicios prestados a los Pujol, que no simularon ningún contrato, que no eran testaferros de nadie.

Las acusaciones, en una hora y media, han rebatido todos los planteamientos de las defensas de los 19.

El fiscal Bermejo, al grano

El fiscal Fernando Bermejo ha ido al grano. 52 minutos de intervención. De policía patriótica, nada de nada. Asegura que la defensa “ha pretendido convertir rumores políticos en causa de nulidad”. Y siguiendo con la literalidad, Andrea de Cadena Ser me recupera este corte que no he pillado a la primera: «Referente a la Operación Cataluña, lo que no consta, desde luego, no se conoce. Lo que no se puede hacer es introducir cuestiones de índole político en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva, como es, en este caso, la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos que son de blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, organización criminal y frustración de la ejecución y de unos delitos fiscales. No voy a adentrarme en todo lo que se ha comentado de Villarejo y demás.” Gracias, Andrea.

Asegura Bermejo que no se han manipulado pruebas y que la UDEF siempre ha actuado bajo control judicial. Que no hay delitos prescritos. Y que no ha habido investigación prospectiva. En este sentido, recuerda que la investigación se inició con la denuncia de la señora Victoria Álvarez. «Que prueben aquí que la policía patriótica la obligó a declarar», espeta a los presentes. Pero esos policías no van a testificar (insisto, si la lista que tenemos es correcta).

Y los abogados nos interpelan: «ya me dirás, Isabel, si tanto valor tiene esa denuncia ¿por qué fiscalía no cita a declarar a Vicky?». «Sí que es raro», asentimos con mi compañero de mesa en la sala de prensa, Oriol, de Eldiario.es. Y por fin aclaramos este tema. Fiscalía no ha pedido que comparezca Vicky como testigo. Ni los Pujol, claro. Solo una parte ha pedido la declaración de la examante. Adivinen. El abogado Oriol Rusca, letrado de Mercè Gironès, la exmujer de la expareja de la examante. Sí, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola (por eso les decía al principio que se quedaran con el nombre). A Jordi Pujol Ferrusola le piden 29 años. La segunda petición de pena más alta es para Mercè Gironès: 17.

Por otra parte, la denuncia de Victoria Álvarez recuerda, salvando las distancias, al caso de Corinna y el rey emérito. En esa ocasión (auto del Tribunal Supremo del 1 de abril de 2019 de la causa especial 21092/2018), no se admitió la querella, entre otros razonamientos, porque «no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, (…) es decir, una investigación prospectiva, sin aportar un indicio objetivo de su realidad de conocimiento propio del querellante».

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, (la otra acusación) defiende que el «pantallazo» de El Mundo no ha contaminado la causa y que no hubo revelación de secretos. Me viene a la cabeza (es inevitable pensarlo porque él ha introducido ese término) que hace dos semanas Ocio estaba en el otro lado del estrado defendiendo a Álvaro García Ortiz de la acusación de revelación de secretos. Y añade algo más, que no nos olvidemos que este caso cuenta con la carta de confesión de Jordi Pujol, que él define como una «explicación barroca» del origen de la fortuna oculta.

El juicio se retoma el 10 de diciembre

Jordi Pujol no se ha conectado más a la vista. Solo estuvo presente, por videoconferencia, la primera jornada. De los hermanos, solo Josep ha faltado en la última jornada. A pesar de que el tribunal dispensó a todos los acusados de asistir presencialmente a no ser que fuera necesario.

Por esta semana, se acabó el juicio a los Pujol. La vista no se retoma de nuevo hasta el 10 de diciembre. Cuando el tribunal resuelva las cuestiones previas, empezarán los testigos. En la lista (provisional) que tenemos, la testigo número 2 es Núria Pujol Gironès, hija de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès.