Una visita por algunos de los campus de las seis universidades públicas muestra el éxito de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para denunciar la agónica situación económica que atraviesan y que, según rezan los propios rectores, los presupuestos del año que viene que ha diseñado el equipo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no paliarán en absoluto.
El seguimiento de la huelga ha sido abrumador entre los alumnos (entre el 75% y 90%, dependiendo del campus y la universidad, según sindicatos y las propias universidades) y menos entre los empleados, incluidos los profesores (entre un 30% y un 60% dependiendo de los centros). ¿No están de acuerdo con la huelga? La Vanguardia no ha encontrado a ninguno que se manifieste en contra y sí muchos que refieren su “profunda preocupación” por la evidente falta de recursos que viven día a día, aunque a pocos les gusta que le “quiten” esos días de huelga de la nómina.
“Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian” es el lema elegido para las jornadas de huelga. Un lema que hace referencia al ahogo económico que sufren desde hace años las universidades públicas madrileñas, como así han denunciado desde hace meses los rectores de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Politécnica (UPM), Alcalá (UAH), Rey Juan Carlos (URJC) y Carlos III (UC3M).
Madrid ve injustificada la huelga y replica que lo que sí merecería protestar es “el cupo independentista”
No están solos. La propia presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, en el acto de apertura del curso presidido por Felipe VI, hizo un llamamiento el martes a reforzar la equidad y la financiación. Uno de los retos es “mejorar la financiación universitaria”, ya que “una universidad con una financiación justa, adecuada y sostenida es pilar esencial del Estado de bienestar”.
La principal exigencia de la coordinadora de plataformas de las universidades públicas es que la Comunidad de Madrid destine para el presupuesto de universidades el 1% del producto interior bruto (PIB) de la región. Según denuncian trabajadores y estudiantes, la actual inversión se sitúa en el 0,4%. La UCM ha tenido que pedir un crédito a la Comunidad de Madrid para hacer frente a las nóminas de diciembre. La URJC se tambalea también y no descarta hacer lo propio.
Un dato refleja de manera clara cuál es la situación de las universidades públicas madrileñas: es la única región de España que aún no ha recuperado la financiación previa al 2009, según el informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2025) , de la Fundación CyD. Eso supondría inyectar 310 millones más para volver a la dotación del 2009, descontando la inflación de quince años.
15.000 euros por poner una pancarta
La otra petición de estudiantes y profesores es que no se apruebe la ley de universidades diseñada por la Comunidad de Madrid, al considerar que ataca directamente a la universidad pública. A juicio de CC.OO., entre otros, la futura ley favorece a las universidades y centros privados (como escuelas de negocio) en detrimento de la educación pública, reconociendo su papel como prestadoras de servicio público y permitiendo su concurrencia en convocatorias competitivas. Además, critican el régimen sancionador propuesto que pretende “frenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales” y reprimir las movilizaciones y el derecho a disentir en los campus. Algún ejemplo: multas de hasta 15.000 euros por colocar una pancarta no autorizada o 100.000 por ocupar un espacio del campus.
Ayer, alrededor de un millar de personas se concentró frente a la Consejería de Educación, bajo la pancarta “Salvemos la universidad pública”, firmada por las seis plataformas en defensa de estas instituciones académicas. “Estudiar es un derecho, no un negocio”, “La pública no se vende”, “Ayuso privatiza, la uni agoniza” o “Fuera empresas de la universidad” han sido algunos de los cánticos que clamaron los asistentes en esta concentración. Hoy hay organizada una manifestación por el centro de la ciudad.
¿Y qué ha respondido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso? Pues aprovechar la ocasión para arremeter contra Catalunya. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades madrileño, Emilio Viciana, considera que las movilizaciones universitarias “no tienen ninguna justificación” y lo que sí merecería una protesta es “el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año”.
En un audio remitido a los medios de comunicación, Viciana subrayó ayer que “nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Viciana indicó que el proyecto de presupuestos para 2026 prevé un incremento “histórico” de la partida destinada a financiar a las seis universidades públicas madrileñas, que dispondrán de casi 1.240 millones de euros para garantizar su funcionamiento, un 6,5% más que en el 2025.
La coordinadora de las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas respondió en un comunicado que el presupuesto destinado a las universidades no alcanza el 0,5% del producto interior bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%.