La situación que atraviesan las pistas de tenis del Complejo Municipal Ruth Beitia pone de manifiesto una preocupante distorsión del concepto mismo de servicio público. Lo que debería ser un espacio accesible en igualdad de condiciones para todos los usuarios se ha convertido, según denuncias reiteradas, en un recinto donde determinadas entidades privadas operan con total normalidad, sin convenio conocido y vulnerando normativas expresas. Los hechos son graves no solo por su impacto directo en quienes pagan una cuota para utilizar instalaciones municipales, sino por lo que revelan sobre la gestión del complejo y el trato desigual que, presuntamente, se está dispensando desde la dirección.
Desde hace meses, usuarios del Ruth Beitia vienen advirtiendo que el Club de Tenis de la Magdalena utiliza pistas municipales como si se tratara de su sede propia: acceso de alumnos en vehículos oficiales del club, entrenadores impartiendo clases con indumentaria corporativa y ocupación reiterada de franjas horarias especialmente demandadas. Este uso —que encaja claramente en el concepto de actividad docente organizada— contraviene el BOC de 31/12/2019, que establece que las clases particulares solo pueden ser impartidas por monitores adscritos al IMD. Pese a ello, y pese a denunciarse, lejos de corregirse, la situación se ha agravado.
CARTA A LOS CLUBES
La decisión de los responsables del IMD de enviar una carta a los clubes ofreciendo pistas para impartir clases de 14:00 a 16:00 horas no solo no ataja el problema, sino que intentan legitimarlo abriendo la puerta a prácticas que la normativa prohíbe. No es una solución: es una forma de dar cobertura administrativa a un uso irregular. Resulta inquietante que, ante denuncias claras y persistentes, las medidas se limiten a comunicaciones formales que eluden la raíz del conflicto.
Actualmente el IMD dispone de cuatro pistas cubiertas, por lo que a todo lo anterior debemos sumar la ‘polémica’ reserva casi permanente de la pista nº 2 para un profesor particular, que llevaría años disfrutando de un acceso preferente sin justificación legal. Este tipo de trato privilegiado supone transformar espacio público en recurso privativo, lesionando la igualdad de acceso y reproduciendo prácticas que los usuarios no dudan en calificar de “caciquismo”, por convertir instalaciones sufragadas con dinero público en extensiones de un club privado con fuerte peso social.
TRATO DISCRIMINATORIO
La situación se tensiona aún más con las denuncias sobre el trato discriminatorio por empadronamiento, aplicando cuotas distintas por el mismo servicio. Aunque este fenómeno se ha dado en otros municipios, ha tenido que corregirse por contravenir el artículo 14 de la Constitución. Si el complejo aplica tarifas diferenciadas que no pueden justificarse legalmente, estaríamos ante un nuevo indicio de mala gestión y discriminación institucionalizada.
En conjunto, estos hechos dibujan un escenario preocupante: falta de control administrativo, incumplimiento de normativa deportiva, privilegios opacos y ausencia de medidas correctoras pese a múltiples advertencias. No se trata solo de pistas de tenis; se trata del respeto a lo público, de la transparencia en la gestión municipal y del derecho de los ciudadanos a acceder a servicios en condiciones de igualdad.