Los casos penales contra Donald Trump por el intento de manipular las elecciones del 2020 llegaron a su fin este miércoles con un nuevo archivo.
Un juez de Georgia desestimó la última acusación que continuaba pendiente sobre el presidente de Estados Unidos y dio así carpetazo al único asunto aún activo que perseguían su responsabilidad penal por tratar transformar en victoria su derrota en noviembre del 2020.
La decisión se produjo casi de forma inmediata a que el fiscal Pete Skandalakis presentara una moción para zanjar el procesamiento. En su momento, este sumario se consideró como la amenaza legal más seria y peligrosa contra Trump puesto que las condenas penales dictadas por los estados no están sujetas a indultos presidenciales.
De esta manera ya son tres las causas penales que Trump ha logrado esquivar desde que fue reelegido presidente en el 2024 y regresara triunfal a la Casa Blanca en enero del 2025. Varios de sus aliados también están acusados, como su abogado personal Rudy Giuliani o Mark Meadows, que fue uno de sus jefes de gabinete en el primer mandato.
Un gran jurado imputó a Trump y sus colaboradores por cargos de extorsión en agosto del 2023 debido a que presionaron a las autoridades de Georgia para “hallar votos” que permitieran dar la vuelta a una urnas que habían dado el liderazgo a Joe Biden en ese estado.
Skandalakis, fiscal de carrera que se postuló para el puesto al principio de su carrera como demócrata y luego se cambió de chaqueta optando como republicano, desmontó el caso investigado originalmente por Fani T. Willis, fiscal jefa del condado de Fulton. Desvirtuó cargo por cargo el sumario en un documento de 22 folios. El trabajo de Willis ya quedó desacreditado porque mantuvo una relación íntima con el fiscal Nathan Wade que ella nombró. Wade tuvo que renunciar.
Willis abrió la investigación después de que se filtrara la grabación de una llamada, de enero del 2021, en la que Trump urgió al secretario del estado, el republicano Brad Raffensperger, que “encontrara” los votos para cambiar el sentido de las urnas.
Skandalakis, el fiscal que asumió el cargo a principios de este mes, sostuvo en ese escrito que, tras examinar el asunto, debía pedir la retirada de los cargos para “servir al interés de la justicia y promover la firmeza judicial”. Insistió en que “no es legal cuestionar o impugnar los resultados electorales”.
En su razonamiento concluyó que la investigación realizada por Jack Smith, el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia bajo el gobierno Biden, era el foro más apropiado para investigar el intentó de Trump para permanecer en el poder tras los resultados del 2020 y sostuvo que la idea de perseguir en Georgia a un presidente en el ejercicio de su mandato era “impracticable”.
Recordó que el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., dictado el pasado año, garantizó al presidente “inmunidad absoluta” frente una investigación penal por actos realizados dentro de su autoridad constitucional. Esto supondría, sostuvo, “meses si no años” litigar el asunto de la inmunidad en los tribunales de Georgia, y todo esto debería producirse una vez que Trump dejé el gobierno en el 2029.
“Llevar este caso ante el jurado en el 2029, 2030 o incluso el 2031 sería nada menos que una hazaña notable”, señaló Skandalakis. “A los ciudadanos de Georgia no les beneficia seguir con este caso en su totalidad durante otros cinco o diez años”, remarcó.