La senda de déficit no ha pasado el examen. Finalmente se ha cumplido lo que estaba previsto: PP, Vox y Junts han votado en contra, y Podemos y Compromís se han abstenido. Con todo, se ha resuelto con 175 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones. La medida, que ha sido debatida este jueves en el Congreso y defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un paso preliminar para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Antes de la votación, las tres formaciones ya dejaban claro que iban a tumbar la medida. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha criticado que el incremento del 8,5% del techo de gasto es superior a las previsiones de evolución del PIB. Esto, ha indicado, supone en la práctica consolidar un gasto «descontrolado» que se pagará «con más deuda y más impuestos».
Por otro lado, el diputado de Vox, José María Figaredo, ha continuado con el discurso de Bravo y ha remarcado que si el techo de gasto evoluciona a un nivel superior al del PIB, conllevará más impuestos y más deuda.
El diputado de Junts, Josep Maria Cruset Domènech, echaba en cara a Montero no haber aprobado los presupuestos de 2024, 2025 y, ahora, los de 2026. «Cualquier ministra ya habría presentado su dimisión», ha expresado, mientras enumeraba algunos problemas que, en su opinión, siguen azotando la economía española, como un 25% de paro juvenil, unas políticas que han «destrozado» el mercado de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
También ha criticado que no se hayan publicado los datos de ejecución presupuestaria en Cataluña, algo que las negociaciones con Junts «le obligaban a hacerlo». Con todo, ha vuelto a criticar la actitud del Ejecutivo: «Todo el mundo va a ver hoy cómo la soberbia política y la de su Gobierno van a dejar al país un año más sin sus presupuestos».
Este asunto se ha debatido este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados y es un paso preliminar a la presentación de los PGE de 2026. El Consejo de Ministros aprobó el 18 de noviembre un techo de gasto de 212.026 millones de euros para 2026 (un 8,5% más que el establecido para este año), y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que ya avanzó a las comunidades previamente.
El Gobierno llevará la senda de nuevo al Congreso
Antes de la votación, la titular de Hacienda pedía a los grupos parlamentarios su apoyo a la senda de estabilidad por «sensatez y sentido común», y ha insistido en que rechazarla perjudica a los gobiernos autonómicos. Ahora que no ha salido adelante —y como la ministra ha indicado—, el Gobierno volverá a llevarla al Congreso, como establece la ley de estabilidad. Si se vuelve a rechazar, se usarán las metas del plan fiscal estructural, que incluyen el mismo déficit global, pero con menos margen para las comunidades autónomas.
Según ha matizado Montero, esto «no va a impedir en ningún momento que el Gobierno formule sus cuentas públicas», e «incluso las podría formular con mayor holgura por el hecho de que se rechace esta senda» porque la décima de PIB de déficit que perderían las regiones se la quedaría el Estado.
La ministra de Hacienda ha hecho hincapié en que el Ejecutivo trabaja «de forma intensa» en los futuros presupuestos de 2026, que ya acumulan meses de retraso. Con todo, espera tener «el apoyo mayoritario» del Congreso para estas cuentas, ya que se va a «dejar la piel» para que todos los grupos tengan «motivo suficiente» para hacerlo.