El Parlamento adoptó el jueves, con 392 votos a favor, 88 en contra y 133 abstenciones, su posición para las negociaciones con el Consejo sobre nuevas normas para reforzar la transparencia en la actividad de los grupos de presión de terceros países en los Estados miembros de la UE. Los eurodiputados han modificado definiciones de la propuesta de la Comisión, y han introducido garantías para evitar la estigmatización de organizaciones que pueden contribuir positivamente al debate público.
Actividades cubiertas
La directiva abarca las actividades remuneradas (o a cambio de otro tipo de pagos) que tratan de influir en la política, la legislación o los procesos de toma de decisiones en la UE. Esto incluye la organización y participación en reuniones y conferencias, la intervención en consultas o audiencias públicas, las campañas de comunicación (incluso a través de influencers), la elaboración de informes, la propuesta de enmiendas y la realización de encuestas.
La normativa excluye las funciones oficiales gubernamentales y diplomáticas, los medios de comunicación, la asesoría jurídica y la investigación académica. El Parlamento quiere proteger las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que la financiación de terceros países que no esté vinculada a la representación de intereses no se considerará remuneración.
Control democrático
Para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, las autoridades nacionales deberán tener un registro obligatorio interconectado con el resto de Estados miembros a través de un portal centralizado. Después del registro, las entidades contarán con un número europeo único de representación de intereses (EIRN, en inglés) válido para toda la UE. Los eurodiputados recalcan que los datos deberán presentarse de manera objetiva y neutral, y la mera inscripción no debe generar un clima de desconfianza.
Garantías contra la estigmatización
Los eurodiputados quieren asegurar que, a diferencia de otras leyes sobre ‘agentes extranjeros’ en algunos países, la directiva no sea usada para penalizar o señalar a entidades, como las organizaciones de la sociedad civil, o para restringir la participación cívica. La norma tampoco pretende prohibir actividades o requerir la declaración de financiación de terceros países que no esté vinculada a las actividades de grupos de presión.
Declaración
La ponente Adina Vălean (PPE, Rumanía) dijo: «La transparencia no es una cuestión ideológica, sino una condición básica para la confianza democrática. Bajo esta directiva, cualquier persona que busque influir en las decisiones en la UE en nombre de un gobierno extranjero deberá registrarse y ser visible. Se establecen normas claras y uniformes en toda Europa, sin etiquetar ni sobrecargar a las organizaciones legítimas.»
Siguientes pasos
Con la aprobación del texto, el Parlamento está listo para empezar las negociaciones con los Estados miembros, una vez que el Consejo también adopte su postura.
Antecedentes
Las actividades de los grupos de interés (lobbies, en inglés), son tratadas de forma desigual por los Estados miembros, normalmente a través de registros de transparencia obligatorios o voluntarios. Actualmente, solo dieciséis países de la UE han avanzado hacia la regulación de estas prácticas. Esta situación crea obstáculos en el mercado y desvirtúa la competencia, y puede generar incentivos para el ejercicio de estas actividades en países con una menor regulación. Cuando la Comisión Europea presentó las normas por primera vez en 2023, una encuesta mostró que el 81 % de los europeos consideraba que la injerencia extranjera en los sistemas democráticos era un problema grave que debía abordarse.