27/11/2025 – 19:44 Actualizado: 27/11/2025 – 20:27
El expresidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, ha sido condenado este jueves a una pena de 11 años y cinco meses de prisión acusado por un delito de conspiración tras el fallido intento de autogolpe de Estado en el año 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró que el exmandatario izquierdista no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado desde 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
Tras ganar inesperadamente las elecciones de 2021, Pedro Castillo permaneció casi dos años en el poder, un periodo marcado por denuncias de corrupción, acusaciones de favorecer a sus familiares y una inestabilidad constante que lo llevó a nombrar más de 70 ministros. El conflicto con el Congreso, dominado por la oposición, se intensificó a medida que surgían indicios de varios casos de corrupción que lo involucraban directamente y abrían la puerta a una nueva e inminente moción en la Cámara.
El 7 de diciembre de 2022, en un intento por adelantarse a ese escenario, Castillo ejecutó un golpe desde arriba —como ya hiciera Alberto Fujimori en 1992— al anunciar la disolución del Congreso, declarar un gobierno de excepción, imponer un toque de queda e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decreto, sumiendo al país en un caos que apenas duró un par de horas.
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Las Fuerzas Armadas no respaldaron sus órdenes y el izquierdista abandonó entonces el Palacio de Gobierno y se dirigió hacia la Embajada de México para solicitar asilo. Sin embargo, fue detenido antes de llegar, aún como presidente en funciones. Después, el Congreso procedió a su destitución de manera exprés, sin alcanzar inicialmente los votos requeridos para hacerlo en el mismo día.
Su esposa y sus hijos fueron posteriormente asilados por México —país con el que Perú terminó rompiendo relaciones diplomáticas— y permanecen allí desde entonces.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella y sobre el exministro del Interior Willy Huerta. Sin embargo, la sentencia contra Huerta quedará suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.
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Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido a su edad, 82 años. Por su parte, los exjefes policiales, Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.
El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se venciesen los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo.