La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido al Tribunal Supremo este viernes que dé a conocer «de inmediato» la sentencia completa de condena al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La asociación, una de las mayoritarias del Ministerio Público, considera que la «falta de fundamentación jurídica», ocho días después de conocerse la condena por revelación de datos en el caso que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, mantiene al afectado y a la sociedad en «un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia», y que la ciudadanía tiene «derecho a conocer».
A través de un comunicado, la UPF —de la que ha formado parte García Ortiz y que ha presidido Teresa Peramato, la fiscal que lo ha relevado en el cargo— expresa su «profunda preocupación» ante el hecho de que, más de una semana después de la condena a dos años de inhabilitación, a pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, siga sin motivación pública y denuncia la «violencia institucional» que genera esta situación.
«La falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia», subraya esta asociación, que afirma que la «conmoción» que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido.
Por eso, esta asociación solicita públicamente al Supremo que dé a conocer «de inmediato» la sentencia completa con su fundamentación jurídica. «Solo así podrá restablecerse la normalidad institucional, garantizarse el derecho del afectado y ofrecerse a la ciudadanía la información necesaria para comprender una resolución de tan extraordinaria trascendencia», destaca.
«Se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones»
Advierte de que quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad «en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional«, de manera que se le atribuye la máxima responsabilidad penal posible sin que se hagan públicos los argumentos que justifican «tan excepcional severidad».
La UPF destaca que la sociedad tiene derecho a conocer por qué se condena y que «cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones».
En el comunicado, la UPF explica también por qué no puede argumentarse que, en ocasiones, el Supremo haya anunciado fallos en recursos de casación sin tener redactada la sentencia, ya que en este caso no estamos ante un recurso, sino ante un juicio en primera y única instancia y, por eso, la motivación es esencial y no puede retrasarse, ya que es la única explicación posible de por qué se condena.
«Rompe los estándares democráticos de transparencia y justicia»
También porque en este caso «sí está en juego la presunción de inocencia en su máxima intensidad» y adelantar el fallo sin la motivación «priva al condenado y a la ciudadanía de conocer las razones de la condena y rompe los estándares democráticos de transparencia y justicia«.
Y porque no estamos ante un litigio ordinario, sino ante la primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado en ejercicio. «Precisamente por eso, este caso exige estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta».
En definitiva, «no devaluar las garantías sino extremarlas», ya que la motivación es lo que permite controlar la racionalidad de una decisión, verificar el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y asegurar que una condena se dicta conforme a la ley, «no a percepciones externas ni a presiones mediáticas o políticas».
«La fortaleza de una democracia se mide por el rigor y la transparencia de sus instituciones. Y en este caso, la motivación judicial no puede seguir esperando», concluye.