Cuando usted pasea por las calles de una gran ciudad, está desfilando frente a uno de los principales responsables de la contaminación de nuestras urbes. Los edificios consumen más del 40% de la energía y generan cerca del 30% de las emisiones, cifras que los convierten en claros protagonistas del cambio climático y que amenazan con ir a más por el envejecimiento de los inmuebles.
En España, más de la mitad de los edificios son anteriores a 1980, lo que significa que están construidos bajo unas exigencias de eficiencia energética que distan mucho de las actuales. El caso de nuestro país, lejos de ser una excepción, es regla general en el Viejo Continente. Por eso, Bruselas lleva años trabajando en concienciar a los países de la necesidad de renovar el parque edificatorio, para lo cual, ha movilizado fondos, como los Next Generation, y desarrollado la Directiva de Eficiencia Energética.
Esta habilita a los países a exigir una certificación energética mínima para poder alquilar o vender viviendas, etiqueta comparable a las impuestas a los coches para poder entrar en ciudades como Madrid. En el caso de los hogares, esta clasificación se ha establecido con una escala de siete letras: A, B, C, D, E, F y G. A partir del año 2030, Bruselas propuso que hiciera falta una calificación mínima de E, y elevarla a D tres años después.
Esto amenaza a gran parte del parque español, ya que los edificios construidos antes de 1980 se diseñaron bajo un marco que no exigía los niveles de emisiones y eficiencia actual. Tampoco el Gobierno va a hacerlo ahora.
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Según explican desde el Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo ha decidido no imponer esta regla dentro del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) que acaba de redactar y que enviará a Bruselas para su aprobación antes de acabar el año, con el objetivo de que entre en vigor en la segunda mitad de 2026. Este documento es la columna vertebral de las acciones que va a llevar a cabo España para cumplir con la Directiva de Eficiencia Energética.
La Unión Europea ha marcado el objetivo de que todo el parque edificatorio sea cero emisiones para 2050, un horizonte que empieza a asomar y que exige resultados en el corto plazo. Así, para 2030, España deberá haber reducido un 16% las emisiones de todos sus inmuebles; y en 2035, este porcentaje deberá ser del 20% en el parque residencial y del 26% en el terciario (hoteles, oficinas y comercios).
Operarios poniendo placas solares en un edificio de Barcelona.
Nuestro país cuenta con nueve millones de edificios residenciales, que suman 26 millones de viviendas, y 370.000 edificios terciarios. Para ambos, el PNRE ha fijado unos objetivos superiores a los marcados por Bruselas, al contemplar una reducción del 25% de las emisiones en 2030 y del 33% en 2035. A priori, esta ambición contrasta con el rechazo a imponer la certificación E, e inclina a pensar que el Ejecutivo ha evitado esta medida porque nuestro país está lejos de cumplir los objetivos.
Pero la realidad es que España, gracias a los fondos Next Generation, ya ha hecho gran parte de los deberes. Según el Ministerio de Vivienda, a cierre de 2023, último ejercicio con datos consolidados, se había conseguido ya una reducción del 10% del consumo energético residencial, ajuste que al cierre de este ejercicio podría estar rondando el 18%, es decir, que estaríamos ya por encima de lo que exige Europa para 2030.
Para hacer estos cálculos, el Ejecutivo ha cruzado varios datos: las 540.000 viviendas rehabilitadas cada año en el periodo 2020-23, según el INE, la reducción de 622.000 toneladas de petróleo de consumo de los hogares que estima Eurostat, ahorro que solo se puede conseguir con mejoras de edificación, y datos como las licencias de rehabilitaciones profundas que requieren visado colegial (31.500).
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Con esta información, y haciendo una extrapolación, el Ejecutivo estima que para poder cumplir el objetivo de 2030, España necesita invertir 39.350 millones de euros en seguir renovando el parque residencial y terciario. De esta cifra, el sector público aportará 11.306 millones de euros, pero solo la mitad serán ayudas, y la otra mitad es el importe en que se valoran iniciativas como estudios o grupos de trabajo.
Esto significa que serán los privados quienes deberán financiar el grueso de la nueva oleada de rehabilitaciones que se necesitan para poder cumplir con el objetivo de reducción de emisiones marcado por el PNRE. Para poder movilizar esos 28.000 millones, se necesita convencer a miles de familias de las ventajas de mejorar la eficiencia de sus viviendas, una inversión que ya no contará con los fondos Next Generation y que, al menos de momento, tampoco prevé incentivos fiscales.
Y eso que, en las dos últimas declaraciones de la renta, se han contabilizado deducciones de particulares superiores a los mil millones de euros, ventaja fiscal que exigía poder demostrar ahorros energéticos del 60% para poder acogerse a ella. Ahora, en cambio, el Ejecutivo ha confiado todo a los certificados de ahorro energéticos.
El nuevo bazar verde
Estas figuras, conocidas por su acrónimo CAE, están llamadas a protagonizar un nuevo bazar verde, ya que la idea es que las compañías energéticas compren a los privados los ahorros que consigan en la rehabilitación de sus viviendas, dinero que servirá a las familias para compensar parte de la inversión que necesiten hacer para mejorar su eficiencia y consumos.
A las empresas energéticas, estos certificados les sirven como moneda de cambio a las aportaciones que están obligadas a hacer al Fondo Social para el Clima, vehículo que se ha creado y que exige a estos grupos hacer millonarias aportaciones por ser una de las industrias más contaminantes.
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Además, se prevé que estas compañías desarrollen diferentes iniciativas comerciales dirigidas a convencer a los ciudadanos de que renueven los sistemas de calor y frío de sus hogares, con el gancho de adquirirles estos certificados, y a cambio de quedarse luego con contratos de mantenimiento.
Aunque el Gobierno ha decidido no incluir en este PNRE la obligación de tener etiqueta E para poder alquilar o vender la vivienda a partir de 2030, cabe la posibilidad de que sí sea obligatorio en el futuro. Por una parte, Bruselas podría decidir imponerlo si considera que los países no están avanzando como deben. Por otro, el propio Gobierno español, en el siguiente plan que se redacte, dentro de cinco años, podría exigirlo, como ya hacen otros países como Francia.