El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra Begoña Gómez, ha escuchado este viernes a cuatro testigos de la Universidad Complutense de Madrid propuestos por la propia mujer del presidente del Gobierno para defender que firmó los pliegos de contratación del software y registró el dominio de la cátedra que codirigía por órdenes del centro de estudios. La interventora de la Complutense, María Elvira Gutiérrez Vierna, ha descartado que Begoña Gómez actuase de forma irregular al firmar este tipo de documentos a pesar de no ser personal de la universidad, según fuentes presentes en la declaración.
De los cinco de delitos por los que la esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada, las declaraciones de este viernes servían para profundizar en el de apropiación indebida —por, presuntamente, haber registrado a su nombre el software de la cátedra que ella codirigía y no al de la Complutense— y en el de intrusismo por haber firmado los pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de los estudios.
Hace un año que el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó sin éxito a Peinado que acordara dichas testificales y, finalmente, el pasado mes de octubre la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Gómez y ordenó al juez resolver “sin dilación” sobre la procedencia o no de las mencionadas declaraciones.
La interventora de la Complutense ha defendido en la sesión de esta mañana la legalidad de que Gómez firmara el pliego para el concurso del software. María Elvira Gutiérrez ha ratificado que no se exige cualificación técnica específica para firmar ese tipo de documento, sino “seguir la trazabilidad administrativa”, según explican fuentes presentes en la declaración.
Por su parte, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad han manifestado que el centro no gestiona dominios de Internet como el que Begoña Gómez quería registrar. La esposa del presidente del Ejecutivo siempre ha defendido que si ella registró el software a su nombre fue porque así se lo indicaron en la propia Complutense. Por último, la otra codirectora del máster de Transformación Social Competitiva junto a Begoña Gómez, Zulema Escalante, ha reconocido que ella misma figura como titular del dominio.
María Jesús Morillo ha señalado también que su “interlocutora” en la universidad para el máster era la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, que también está imputada en la causa. Álvarez y Gómez están siendo investigadas por un delito de malversación de caudales públicos. El juez sospecha que la esposa del presidente utilizó a la asistente para sus actividades privadas en la universidad.
En este sentido, Presidencia del Gobierno ha remitido este viernes a Peinado la abundante documentación que este había requerido sobre el trabajo desempeñado por Álvarez para la mujer de Pedro Sánchez y para cuya entrega el juez apremió el pasado miércoles a La Moncloa con la advertencia de que si no lo hacía podría “incurrir en un delito de desobediencia”, informa Óscar López-Fonseca. En concreto, Presidencia ha remitido un documento de 236 páginas en el que detalla, entre otras cosas, los datos salariales de la asesora, su agenda y la de Gómez, y la información relativa a los viajes realizados por Álvarez en el ejercicio de su función que fueron sufragados con fondos públicos. Peinado ha remitido todo ello a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe.
Peinado readmite a Manos Limpias en el caso
Manos Libres volverá a ser acusación en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno. En una providencia de este jueves a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Peinado readmite al pseudosindicato, cuya denuncia dio origen al proceso contra Gómez, tras comprobar que ha abonado la fianza. Su impago fue el motivo, detallaron fuentes conocedoras de la causa, para que Peinado expulsara el pasado lunes a la organización que dirige Miguel Bernad.
En la misma providencia de este jueves, Peinado da cuenta del nuevo abogado que defenderá al pseudosindicato, Antonio Lechuga, que pertenece a Soriano i Piqueras, el mismo bufete que defendió a Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado. Lechuga toma el testigo de Carlos Perales, que renunció al considerar que la causa se había transformado “en una controversia política y mediática”.
Manos Libres vuelve a sumarse así a la acusación junto a los partidos Vox e Iustitia Europa, la asociación ultracatólica Hazte Oír, el Movimiento de Regeneración Política de España y el abogado Marco Antonio Caballero.