En Palestina ya sabían que este otoño iba a ser difícil. Lo fue el pasado y también el de 2023, cuando la guerra en Gaza hizo estallar a su vez una campaña masiva de colonización de Cisjordania. Aunque los 116 puestos de avanzada que se han fundado desde entonces son ilegales, según la ley israelí, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha permitido, incentivado e incluso financiado la construcción de este tipo de asentamientos.
En estas microcolonias ha proliferado un perfil de israelí más extremista y convencido de que los árabes que viven a su alrededor ‘violan’ la Tierra de Israel que la Biblia les prometió a los judíos. La Juventud de las Colinas —como se hacen llamar, por su disposición estratégica en cada cima del territorio— está dispuesta a quemar, golpear, herir e incluso matar cuanta vida palestina se les ponga por delante. Y, pese a que el propio Shin Bet —el servicio interno de inteligencia israelí— los ha declarado terroristas, han podido operar libremente sin que el gobierno les pusiera límites. Al menos hasta ahora.
Este mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna en Cisjordania, con la festividad judía de Succot, con el aniversario de los atentados de Hamás y con la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Eso son ocho incidentes al día, 56 a la semana. Un récord absoluto desde que la ONU empezó a contar este tipo de agresiones en 2006, y que ha obligado al gobierno más derechista de la historia de Israel a condenar el «terrorismo» de la Juventud de la Colina por primera vez.
El 12 de noviembre, una horda de entre 50 y 60 de estos jóvenes vandalizó una importante fábrica de lácteos en el pueblo de Beit Lid. El ejército israelí mandó a sus antidisturbios a la nave en llamas y, según el portavoz militar, los colonos atacaron a los soldados. El presidente Isaac Herzog salió a la palestra pocas horas después y advirtió que aquellos «individuos violentos y peligrosos» acababan de cruzar «una línea roja«.
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Más tarde, el propio Netanyahu prometió que los «alborotadores» cargarían «con todo el peso de la ley» y convocó una reunión con las autoridades, algo que no se había visto en estos dos años. «Avergüenzan al judaísmo y dañan el proyecto de asentamientos», dijo también el ministro de Exteriores, Gideon Saar, refiriéndose a los responsables de ataques contra palestinos y contra el ejército. Israel Katz, ministro de Defensa, calificó a los mismos de «criminales».
Estos alegatos parecían llegar a deshora. Las principales voces del gobierno israelí no habían salido a denunciar la violencia colona durante el mes más violento desde que se tienen registros y, sin embargo, el presidente hablaba ahora de una ‘línea roja’. «Una de las motivaciones [tras la condena pública] es la brutalidad de los últimos ataques«, explica Yonatan Mizrachi, codirector del proyecto Settlement Watch en el movimiento pacifista israelí Peace Now. Para Mizrachi, lo de Beit Lid había traspasado varios límites: «Es un pueblo donde no había habido muchos problemas antes, y de repente entraron decenas de colonos a perpetrar un ataque de gran escala«, explica a El Confidencial.
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La ‘línea roja’ a la que se refería Herzog responde también a que la violencia de los colonos contra palestinos haya empezado a salpicar a las tropas del ejército israelí. Sobre todo, en un momento en el que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha advertido que Israel podría tener una capacidad de acción más limitada «en los frentes de Líbano, Gaza y Siria si no detenemos a los alborotadores judíos«.
Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) están intentando decir basta pese a que han tenido un papel vital a la hora de posibilitar estos ataques, suministrar armas a los asentamientos e incluso acudir a la llamada de los colonos para abrir fuego contra la población palestina —según la OCHA, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 árabes en Cisjordania en lo que va de año—. Tras los ataques de octubre, el jefe del Comando Central de las FDI, Avi Bluth, dijo haber dado una directiva «clara» a sus soldados: «No os quedéis de brazos cruzados. Haced todo lo que esté en vuestras manos para impedir cualquier crimen nacionalista«.
Pero que el ejército quiera detener esta crisis no significa que los comentarios del gobierno israelí vayan a marcar un cambio de rumbo. Junto a Netanyahu, Katz, Herzog y Saar, hay al mando del país dos figuras íntimamente ligadas a la colonización por la fuerza de Cisjordania: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich —apodado también el ‘ministro de Asentamientos’—. Ambos viven en colonias israelíes en Cisjordania, y entraron en el gobierno de coalición de 2022 con la condición de promover y desarrollar el asentamiento en cada rincón de la Tierra de Israel.
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Con los mayores instigadores del proyecto colonial en su frágil gobierno, no se espera que las palabras de Netanyahu vayan a detener al monstruo que él mismo ha alimentado. «Existe una simbiosis entre este gobierno y los asentamientos ilegales. Creo que, simplemente, Netanyahu es listo y ha aprovechado los últimos ataques al ejército para distanciarse de estos grupos anarquistas», explica Mizrachi. «No son tantos, no tienen tanto poder. El ejército podría acabar con ellos en un par de semanas. Pero, claro, el ejército no puede hacer nada sin el gobierno«, añade el analista de Peace Now.
En la reunión que el primer ministro convocó para abordar la crisis de la Juventud de las Colinas, se propuso atajar el problema con programas educativos y diálogo. No hay mención de que asistiera Smotrich, cuyo ministerio formula la política de asentamientos, ni tampoco Ben Gvir, que supervisa la policía. Sí estuvo presente David Zini, jefe del Shin Bet desde junio, cuando Netanyahu despidió a su predecesor —el mismo que había calificado de grupo terrorista a la Juventud de las Colinas—.
En lugar de revertir una orden de hace un año que prohíbe a las autoridades israelíes detener sin cargos a sospechosos judíos, Zini —colono él mismo en Cisjordania— propuso usar pulseras electrónicas de vigilancia para los que atacaran a palestinos. Así, en palabras de Avner Barnea, ex alto funcionario del Shin Bet, Israel seguirá practicando una «aplicación selectiva de la ley«https://www.elconfidencial.com/mundo/2025-11-30/violencia-colonos-cisjordania-israel-gobierno-1hms_4256297/.»La propuesta de Zini parece ser un intento de evitar que los sospechosos sean llevados ante la justicia», explicaba Barnea, también investigador en la Universidad de Haifa, en un artículo en Haaretz.
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Parte del problema no es solo que las autoridades no detengan a los colonos, sino que la propia Justicia israelí desestime la mayoría de los casos. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94% de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Solo el 3% de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. Como explica Barnea, «existe abundante evidencia contra los perpetradores del terrorismo judío, principalmente proveniente de cámaras palestinas y otras cámaras sobre el terreno. Este material no se recopiló de manera ordenada ni se utilizó para investigaciones ni procesamientos».
Mahmud Daghamin, que el pasado mes de octubre grabó cómo ocho jóvenes colonos encapuchados mataban a sangre fría a diez de sus corderos y rociaban gas pimienta a sus cuatro hijos pequeños en el pueblo de Al-Samúa, cuenta a El Confidencial: «Hemos contactado a la policía varias veces, y no han movido un dedo. Ni siquiera han pedido los vídeos de las cámaras de seguridad». Mahmoud Fatafta, portavoz del Ministerio palestino de Agricultura, explica a este diario: «Todos estos discursos parecen más un ejercicio coordinado de simulación para la opinión pública, y no van a servir para nada más que distraer».
Desde que el gobierno israelí prometió «mano dura» contra los colonos, las autoridades han desmantelado Givat Hatilim, una extensión del puesto de avanzada Givat Tzur Misgabi, parte de la constelación de asentamientos de Gush Etzion. Según la policía israelí, desde que se fundó hace dos años, Givat Hatilim se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes de extrema derecha involucrados en actividades violentas. Aquella demolición fue dramática: decenas de personas habían acudido a protestar, llamadas de todas partes del territorio por voces como Daniela Weiss, fundadora de la ONG Nachalat y conocida ya dentro y fuera del país como la ‘abuela de los colonos’. En otros rincones de Cisjordania, se veían grafitis sobre casas árabes que rezaban: «Un judío no desahucia a otro judío«.
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Yonatan Mizrachi, de Peace Now, vio la escena. «Es un juego. Había gente gritando y llorando. El ejército ni siquiera demolió todas las casas del puesto de avanzada», explica. «Es todo un teatro, y nada de esto va a traer cambio a la política israelí de asentamientos. Para ello, Netanyahu tendría que evacuar y demoler decenas, si no cientos, de asentamientos ilegales. Hasta que el gobierno no envíe a cientos de colonos de vuelta a Israel, no habrá un cambio«, cuenta el codirector de Settlement Watch.