Los Escribano tendrán que esperar hasta la primavera de 2026 para fusionarse con Indra. El consejo de administración de la compañía participada al 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordó el pasado miércoles solicitar una nueva valoración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, a su vez presidente y consejero de la empresa semipública de defensa y tecnología.
La decisión se adoptó tras una férrea defensa de la medida por varios consejeros independientes, el apoyo de los tres representantes de la SEPI y algún momento de tensión dialéctica, después de las dudas planteadas por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, especialmente por el coste que conlleva ese nuevo encargo.
Tras esta medida, la absorción de EM&E, que los Escribano quisieron cerrar el pasado verano, se demorará como poco hasta el segundo trimestre de 2026. La decisión implica realizar una nueva ‘due diligence’ de la empresa con el cierre de las cuentas del presente ejercicio. Además, pidieron que el balance de las dos sociedades estuviese auditado, trabajo que no estará finalizado hasta finales de febrero. Después se realizará esa segunda valoración, proceso que suele durar de media unos 45 días. Por tanto, si todo sale bien para los Escribano, la potencial fusión se someterá a aprobación ya en primavera del año que viene.
El motivo por el que algunos consejeros promovieron esta nueva ‘due diligence’ es el impacto que tendría en ambas sociedades un acuerdo de paz en Ucrania, como está exigiendo Donald Trump. De hecho, las especulaciones sobre el ultimátum del presidente estadounidense a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte sus condiciones —cesión de territorio— se han traducido en un descenso próximo al 15% de las cotizaciones de las compañías del sector, incluida Indra.
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La petición de otra valoración fue solicitada por algunos de los consejeros independientes que más han cuestionado la compra de EM&E por parte de Indra. Según fuentes internas, ante esta petición, De los Mozos preguntó a estos consejeros si eran conscientes del coste económico que supondría hacer otra nueva valoración. Especialmente porque ya se habían realizado también los análisis legales y fiscales de la operación.
La respuesta de quienes abanderaban esa segunda valoración fue que el coste sería mayor si finalmente Indra pagara un precio desorbitado por EM&E, cuyos dueños han valorado ya en más de 2.000 millones. Una situación que llevó a una de las consejeras a denunciar que estaban sufriendo mucha presión por parte de la cúpula directiva para acelerar la fusión, que los hermanos ya quisieron dejar encarrilada el pasado verano.
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Entonces, la oposición de la mayoría de los consejeros independientes obligó a crear una comisión ad hoc para analizar las implicaciones legales de la operación y sortear el conflicto de interés que supone comprar la compañía familiar del presidente y a su vez accionista de Indra (al 14,3%). A finales de agosto, la multinacional española contrató a Goldman Sachs y a Morgan Stanley para hacer la valoración de EM&E con el objetivo de tener la operación preparada para antes de acabar el año. De hecho, Javier Escribano aseguró en público que la integración se aprobaría en el último trimestre del actual ejercicio, lo cual ya no será posible tras la reunión del último consejo. La valoración se tendrá que hacer con las cuentas cerradas de 2025.
Algunas fuentes interpretan el apoyo de los tres consejeros representantes de la SEPI, que tiene el 28% del capital, como un distanciamiento entre Belén Gualda, presidenta del ente público, y Manuel de la Rocha, el responsable de Asuntos Económicos en Presidencia del Gobierno, la persona que más está empujando la transacción desde la Moncloa. Gualda ya había pedido a sus consejeros, entre los que figuran Miguel Sebastián, el exministro de Industria, y Juan Moscoso, máxima firmeza ante cualquier indicio de irregularidad ante las denuncias presentadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores por varios accionistas minoritarios.
El otro conflicto de la no consejera
Uno de estos accionistas es la asociación Hay Derecho, formada por empresarios y abogados de prestigio que han pedido al supervisor que investigue posibles ilegalidades en la fusión entre Indra y EM&E. Uno de sus componentes es José María Muñoz, gestor del fondo de capital riesgo MCH Capital y, sobre todo, casado con Mónica Espinosa, la exdirectiva de Endesa que iba a entrar en el consejo de la empresa cotizada el pasado viernes.
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Sin embargo, Espinosa esgrimió un día antes de la celebración de la junta en la que iba a ser nombrada que la eléctrica le impedía entrar en el órgano de gobierno de Indra por ser cliente suyo. Otras fuentes indican que la ejecutiva podía aun así haberse incorporado al consejo si hubiese renunciado a la remuneración que cobra por la prejubilación (desde 2020) de Endesa. En lo que va de año, cinco miembros del consejo de Indra han abandonado el cargo por distintos motivos.
Según otras fuentes, el próximo consejo de administración de Indra se celebrará el 18 de diciembre. Y, aunque se volverán a examinar los trabajos de la comisión ad hoc para el conflicto de interés, está completamente descartado el anuncio de la fusión.
Los Escribano tendrán que esperar hasta la primavera de 2026 para fusionarse con Indra. El consejo de administración de la compañía participada al 28% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acordó el pasado miércoles solicitar una nueva valoración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, a su vez presidente y consejero de la empresa semipública de defensa y tecnología.