Faltan 125 días, faltan 67 días, faltan 34 días…desde hace alrededor de un año la práctica totalidad de los representantes de la cúpula de la Agencia Tributaria se han pateado España de arriba abajo recorriendo cámaras de comercio, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones de … autónomos y todo tipo de foros con la cantinela de la cuenta atrás para explicar que el próximo 1 de enero de 2026, de manera inexorable, tendrían que tener ya operativo el nuevo software obligatorio de facturación electrónica ideado por Hacienda, bautizado como Verifactu.
La iniciativa se previó en la ley de medidas contra el fraude con el objetivo de desactivar el flanco de defraudación que se había abierto con la proliferación de sistemas informáticos de doble uso, que permitían a los defraudadores llevar una contabilidad paralela al margen de la oficial, y su principal virtualidad es que genera de forma automática en el mismo momento en que una empresa emite una factura un registro electrónico de la misma estandarizado, no manipulable y accesible en cualquier momento por parte de los servicios de la Agencia Tributaria.
O dicho en otras palabras, el objetivo de Verifactu es configurar un sistema de facturación estandarizado para todas las empresas y profesionales del país que permita a la Agencia Tributaria contrastar de forma casi automática la información declarada por proveedores y clientes para que las posibilidades de escatimar beneficios no declarados a los ojos del Fisco tienda prácticamente a cero. La idea era desplegarlo en dos fases. A partir del 1 de enero de 2026 tendrían que haber incorporado ese software todas las empresas que declaran el Impuesto de Sociedades, es decir, nada menos que 1,4 millones de grandes grupos empresariales, pymes y microempresas; y a partir del 1 de julio debían activarlo los alrededor de dos millones de profesionales y autónomos que facturan en España. Una auténtica revolución en apenas seis meses.
1,4 millones
Empresas que debían facturar según el sistema Verifactu
El próximo 1 de enero alrededor de 1,4 millones de empresas debían empezar a facturar según el nuevo sistema conectado a la Agencia Tributaria impuesto por Hacienda, cuya aplicación se ha pospuesto.
Faltaban solo 28 días en el contador que venían utilizando los altos cargos de la Agencia Tributaria cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este martes en una entrevista en TVE la inminente aprobación en el Consejo de Ministros de un paquete de medidas acordadas con Junts entre las que se incluye «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación». El Ministerio de Hacienda confirmaba minutos después a ABC que lo que esto significa es, básicamente, el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu.
El anuncio ha cogido con el pie cambiado a todo el mundo, incluida la Agencia Tributaria. El pasado jueves, 27 de noviembre, la Agencia Tributaria reunió al Foro de Asociaciones y Profesionales Tributarios, el principal ámbito de encuentro por la administración tributaria tiene con los asesores fiscales para discutir y tratar los temas de actualidad, y nada se les transmitió respecto a un posible aplazamiento del nuevo sistema de facturación electrónica sino más bien todo lo contrario, según han confirmado a ABC fuentes presentes en esa reunión.
El trabajo ya estaba hecho
«Después de todos estos meses la mayoría de las empresas ya habían contratado el software, incluso hay muchas de ellas que llevan semanas operando con el mismo y no son pocas las que ya han conectado sus sistemas de facturación a los de la Agencia Tributaria», explica uno de los asesores presente en la reunión. El proyecto Verifactu ofrecía a las empresas dos posibilidades. Podían incorporar un software privado pero homologado por la Agencia Tributaria o bien podían optar por conectarse de forma directa al software de la Agencia Tributaria, de modo que sus facturas pasaran de forma directa a incorporarse a la base de datos del organismo del Estado. Este segundo sistema, que por razones obvias generaba más inquietud o vértigo entre los contribuyentes, tiene la ventaja de que exime a los contribuyentes de cualquier ulterior proceso de revisión por parte del Departamento de Inspección de la Agencia, ya que tienen la facturación controlada en tiempo real.
En las últimas semanas organizaciones como la asociación de autónomos ATA, cuyos asociados no tenían que hacer frente a esta obligación hasta el próximo 1 de julio, habían pedido el aplazamiento de esta obligación hasta 2027 con el argumento de que su activación no solo suponía el esfuerzo económico de tener que implantar un nuevo sistema de facturación, que según consultoras del sector oscila entre los 100 y los 200 euros, sino cambiar de forma integral sus procesos internos.