Esta mañana una amplia representación de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones vecinales y de consumidores, sindicatos y movimientos sociales se han reunido frente al Congreso de los Diputados para alertar de la finalización inminente de la moratoria antidesahucios, una medida incluida en el escudo social que ha mantenido suspendidos cerca de 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país.
Las entidades advierten de que, si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional, ya que actualmente la Administración no ha desarrollado planes de actuación urgente para garantizar el derecho a la vivienda de todas estas familias, ni tampoco existen medidas alternativas a la moratoria del escudo social.
Asimismo, las entidades convocantes destacan el hecho de que estos cuatro años de moratoria demuestran que es jurídicamente posible diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin alternativas dignas para situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que exigen que esta medida se convierta en estructural. Asimismo, denuncian que la norma tiene algunos fallos que limitan su rango de acción: la falta de claridad en la definición de vulnerabilidad, la arbitrariedad de los jueces para aplicarla cuando debería ser suficiente un informe social y la omisión de algunas casuísticas -como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o los de las inquilinas con contratos de renta antigua- son algunas de las causas que explican que solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspenda.
Este es el caso de Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años que recientemente sufrió la amenaza de un desahucio por parte de un fondo buitre. Gracias a la presión vecinal y al Sindicato de Inquilinas, los tribunales finalmente le permitieron acogerse a la moratoria, pero teme que, si decae, pueda verse en la calle. Desde la PAH también acompañan a Richard y Josefina, una familia con tres menores quienes, tras perder su vivienda por la crisis y verse obligados a ocupar un piso vacío por extrema necesidad, llevan una década intentando sin éxito acceder a una alternativa digna y siguen en constante riesgo de desalojo.
Como estos hay miles de casos más con el agravante de que, aunque la propia regulación obliga a las Administraciones Públicas a realojar a las familias en situación de vulnerabilidad una vez suspendido su desahucio, los datos confirman que solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos, y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de los mismos (Observatori DESCA, 2024).
Como propuesta de mínimos las entidades exigimos que se prorrogue el tiempo suficiente para diseñar e implementar un plan de actuación urgente para asegurar el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes a través de la puesta en marcha, entre otras, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
Los derechos humanos no pueden ser moneda de cambio
Las organizaciones, que han firmado un manifiesto conjunto, exigen a los grupos parlamentarios un compromiso inequívoco con el derecho a la vivienda para evitar situaciones como la que ocurrió hace justo un año, cuando los equilibrios parlamentarios pusieron en peligro la continuidad de la norma, que finalmente consiguió salir adelante gracias a las movilizaciones de la sociedad civil.
El escrito, firmado inicialmente por más de 25 entidades, se ha enviado hoy mismo a cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso que votaron a favor de la continuidad de la medida en 2024 (Socialista, Plurinacional – Sumar, Republicano, Junts, Bildu, EAJ-PNV) y al PP. En breve desde las entidades iniciaremos una ronda de contactos con los diferentes grupos para conocer su postura al respecto, exigiendo que se sitúen del lado de la defensa del derecho a la vivienda de las familias vulnerables.
Entidades firmantes:
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sindicato de Inquilinas de Madrid, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Amnistía Internacional España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), FACUA-Consumidores en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, RED ACOGE, Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Plataforma Luz para Cañada Real, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Observatori DESCA, El Rogle Cooperativa Valenciana, Plataforma Cívica de apoyo a la lucha por la luz en Cañada Real, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología SEAE, Entrebarris, Irídia – Centre per la defensa dels drets humans, Revo Prosperidad Sostenible, La Garbancita Ecológica, Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva), Senda de Cuidados (Madrid).
» Accede al manifiesto Ni un deshaucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda
