La Moncloa

SUMARIOHacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de restauración hidrológico-forestal en las infraestructuras forestales dañadas por las lluvias torrenciales acaecidas en las provincias de Zaragoza y Teruel, por un importe máximo de 349.511,03 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de restauración hidrológico-forestal en el Monte de Utilidad Pública n.º 2 como consecuencia del incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, por un importe máximo de 499.994,59 euros.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la obra de reparación del vial de acceso al Centro Penitenciario de Algeciras, por importe de 322.586,05 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Información Constella Tracker, del Sistema de Gestión y Custodia de Evidencias Digitales Crypto X Evidences, así como de las certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), de nivel alto ISO/IEC 27000 y UNE 71505, para la Jefatura de Información de la Guardia Civil, por importe de 632.519,26 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños que presentan las cornisas y solados del acuartelamiento de la Guardia Civil de Antequera (Málaga), por importe de 367.541,81 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de la reparación y adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión, tras el incendio sufrido en el cuadro general de la dependencia de Policía Nacional sita en la calle Jardines, s/n, de Salamanca, por importe de 90.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de las bovedillas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Salamanca, por importe de 564.766,73 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras para la estabilización y reparación de la fachada y de las grietas existentes en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la calle Vallehermoso 29, de Madrid, por importe de 2.281.983,27 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de los daños que presenta el muro y el vial perimetral del cuartel de la Guardia Civil de La Aldea de San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria), por importe de 454.817,24 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029.

Transportes y Movilidad Sostenible

Industria y Turismo

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de turismo por el Ministerio de Industria y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2025.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para prestar apoyo a los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas para implementar las actuaciones sanitarias necesarias para gestionar los brotes de Influenza Aviar (IA), por un importe de 499.877,41 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la segunda ampliación de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias a realizar frente al virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), por un importe de 660.000 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 22 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 23 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 22 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León el 22 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura el 22 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Illes Balears el 22 de julio de 2025, correspondiente a la exclusión de la financiación de la Unión Europea de los gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a los fondos FEAGA y Feader.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 22 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma del País Vasco el 23 de julio de 2025, correspondiente a la liquidación de cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros referentes a los gastos financiados por el Feader PDR 2014-2022, Feader PEPAC 2023-2027 y el FEAGA, con cargo al ejercicio financiero 2024.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria internacional al Programa Regular de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en apoyo a su Iniciativa de Puertos Azules, por un importe de 114.080 euros.

Política Territorial y Memoria Democrática

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la instalación de aire acondicionado, la retirada de los antiguos equipos y traslado al centro de reciclaje en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por importe de 66.574,35 euros.

Cultura

  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A., la convocatoria correspondiente al año 2026 de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, por importe de 37.000.000 de euros.

Economía, Comercio y Empresa

  • REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2025.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de aproximadamente 900.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en Extremadura con motivo de las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el 21 de diciembre de 2025, por importe máximo de 49.005 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones concesionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J., al Banco Central de Egipto, para financiar el proyecto de mantenimiento y suministro de repuestos del material rodante de la línea 2 del metro de El Cairo, en Egipto, por importe de hasta 62.999.491 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones concesionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa, F.C.P.J., al Banco Central de Egipto, para financiar el proyecto de mantenimiento y suministro de repuestos del material rodante de la línea 1 del metro de El Cairo, en Egipto, por importe de hasta 49.795.571,19 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la empresa, F.C.P.J., al Ministerio de Finanzas y Presupuestos de Costa de Marfil, con garantía soberana de Costa de Marfil, para financiar el proyecto de construcción y equipamiento de un centro de formación profesional sectorial de técnicos de salud en el barrio de Yopougon, en el distrito de Abiyán, en Costa de Marfil, por importe de hasta 9.357.500 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la empresa, F.C.P.J., al Ministerio de Finanzas y Presupuestos de Costa de Marfil, con garantía soberana de Costa de Marfil, para financiar el proyecto de construcción y equipamiento de un centro de formación profesional en energías renovables en Bingerville, en Costa de Marfil, por importe de hasta 9.500.000 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la empresa, F.C.P.J., al Ministerio de Finanzas y Presupuestos de Costa de Marfil, con garantía soberana de Costa de Marfil, para financiar el proyecto de realización de estudios técnicos y construcción de un paso elevado en estructura metálica en la intersección «Abatta» en Cocody (Abiyán), en Costa de Marfil, por importe de hasta 23.400.000 euros.

Ciencia, Innovación y Universidades Para la Transformación Digital y de la Función Pública Juventud e Infancia

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria para el año 2025 a la Oficina para la Juventud de Naciones Unidas, por importe de 35.000 euros.

ACUERDOS DE PERSONALAsuntos Exteriores, Unión Europea y CooperaciónPara la Transformación Digital y de la Función PúblicaAMPLIACIÓN DE CONTENIDOSASUNTOS GENERALESHaciendaAPROBADOS LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD DE LAS AAPP HASTA 2028 Y EL TECHO DE GASTO DE 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2026-2028 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026.

La senda de déficit se aprueba de nuevo después de que fuera rechazada en primera lectura por el Congreso de los Diputados, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El texto incluye unos objetivos para ese trienio que son los mismos que fueron aprobados inicialmente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el techo de gasto, que asciende a 212.026 millones de euros (sin fondos europeos).

HaciendaAPLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA AYUDAS DIRECTAS A EMPRESAS Y PROFESIONALES AFECTADOS POR LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 104.895.806,31 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda para financiar la línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la DANA, línea recogida en el artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Según establece la Disposición adicional segunda del citado Real Decreto-ley, los departamentos ministeriales podrán solicitar al Ministerio de Hacienda créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar las insuficiencias presupuestarias con ocasión de los gastos causados en atender las medidas para paliar los daños causados por la DANA, mediante los correspondientes expedientes de modificaciones presupuestarias. Estos expedientes de modificación presupuestaria se aprobarán por el Consejo de Ministros y se financiarán con cargo al crédito, declarado ampliable, ‘Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, DANA 28 de octubre 2024’.

Por otro lado, de acuerdo con la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos(DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, cualquier expediente de gasto que se tramite al efecto deberá imputarse al programa presupuestario ‘Contingencias asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024’, que se crea para esta finalidad en cada sección presupuestaria.

En este contexto, el artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, estableció un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2024, para los obligados tributarios, empresarios o profesionales, que a 28 de octubre de 2024 tuvieran bien su domicilio fiscal, bien su establecimiento de explotación, o bienes inmuebles declarados como afectos a su actividad, ubicados en cualquiera de los municipios, o áreas de los mismos, comprendidos en la ‘Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’, declarada por acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024.

Los pagos correspondientes a tales ayudas se están realizando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De acuerdo con la documentación justificativa aportada, en el marco de la tramitación de los expedientes en concepto de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la DANA, de acuerdo con lo previsto por el Real Decreto Ley 6/2024, de 5 de noviembre, se han estimado un total de 18.533 solicitudes de ayudas hasta el 9 de diciembre de 2024, valoradas en un importe total de 236.290.000 euros, tal y como consta en el certificado del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria expedido en dicha fecha.

Por otra parte, el importe total acreditado de pagos netos realizados en aplicación de la línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la DANA establecida en el artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, desde su entrada en vigor hasta el 15 de octubre de 2025 asciende a 341.185.806,31 euros.

En este contexto, el centro gestor manifiesta que la diferencia del importe aplicado a finales del ejercicio 2024, y el importe certificado por la AEAT de pagos netos en 2025 constituye la cantidad requerida en esta modificación, sin contar con remante alguno que pueda incorporarse al cierre del ejercicio 2025 en la aplicación presupuestaria ‘Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la DANA’.

Por lo tanto, para permitir la financiación de la mencionada línea de ayudas directas, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda, por importe total de 104.895.806,31 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto- ley 6/2024.

El Fondo de Contingencia que se aplica en este acuerdo se ha financiado parcialmente, en una cuantía de 13.327,11 euros, con donaciones de dinero que se han efectuado para contribuir a la financiación de los gastos destinados a atender las medidas para paliar los daños causados por la DANA.

HaciendaAPLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER DAÑOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 195.048,39 euros para financiar modificaciones de crédito destinadas a atender los daños ocasionados por la erupción volcánica en la isla de La Palma por importe de 179.928,39 euros, y por diversas catástrofes por importe de 15.120 euros.

De esta forma, la asignación de Fondo de Contingencia que se contempla en este acuerdo, tiene como finalidad la financiación de la ampliación de crédito en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivada por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia, por un importe de 195.048,39 euros.

Con estos créditos se atenderán los gastos derivados de:

  • La erupción volcánica en la isla de La Palma: con objeto de atender las obligaciones tras impugnaciones efectuadas sobre resoluciones de concesión de ayudas en el marco del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, adoptadas como consecuencia de la erupción volcánica de La Palma en septiembre del año 2021, se requiere un importe de 179.928,39 euros.
  • Otras catástrofes: En el marco de las ayudas reguladas en el citado Real Decreto 307/2005 se ha resuelto conceder una subvención, por importe de 15.120 euros, para paliar daños materiales producidos en vivienda habitual, como consecuencia de los incendios no forestales acaecidos en el mes de febrero de 2024 en la localidad de Valencia.

Por todo ello, con el fin de hacer frente a estos gastos, es preciso disponer de una cuantía total de 195.048,39 euros, financiándose con cargo al Fondo de Contingencia.

Por tanto, en aplicación del artículo 50.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la aprobación del Consejo de Ministros de la aplicación del Fondo de Contingencia.

HaciendaTRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE DEFENSA PARA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 6 millones de euros al Ministerio de Defensa para la formación en competencias digitales en el marco del componente 19, inversión 3, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial solicita una transferencia de crédito a la aplicación presupuestaria ‘Convenios con universidades para proyectos MRR’, del Ministerio de Defensa, por importe de 6 millones de euros.

Con fecha 17 de septiembre de 2025 se suscribió el Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para la formación en competencias digitales en el marco de la Inversión 3 ‘Competencias digitales para el empleo’, del Componente 19 ‘Plan Nacional de Capacidades Digitales’, del PRTR.

La cláusula segunda del citado Acuerdo dispone que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública transferirá la cuantía de 6 millones de euros desde el servicio 50 de su presupuesto de gastos al mismo servicio del Ministerio de Defensa.

Por todo lo anterior, se solicita transferencia de crédito, por el referido importe, desde la aplicación presupuestaria ‘Formación en competencias digitales. MRR’, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a la partida de nueva creación ‘Convenios con universidades para proyectos MRR’ del Ministerio de Defensa.

En consecuencia y con la finalidad indicada, procede elevar el expediente al Consejo de Ministros para su aprobación en los términos contenidos en la Propuesta.

HaciendaMODIFICACIÓN DE LÍMITES PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE TURESPAÑA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) hacer frente a los compromisos derivados de la convocatoria de becas para la realización de prácticas profesionales.

Dicho organismo solicita autorización para modificar los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria ‘Becas para alumnos de turismo’, a nivel de vinculación, cuya dotación inicial en los presupuestos vigentes en 2025, asciende a 1.106.340 euros.

La Orden ICT/885/2018, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de becas del Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas profesionales, constituye el marco en el que se conceden becas para el desarrollo de actividades formativas en la red de Consejerías de Turismo en el exterior o en los servicios centrales de TURESPAÑA y la Secretaría de Estado de Turismo, con el fin de lograr una mayor cualificación y formación de los recursos humanos del sector turístico español, así como un mejor conocimiento de los mercados emisores de turistas internacionales y los atributos diferenciales que conforman la identidad de la marca España.

En virtud de lo dispuesto en la citada Orden, por Resolución de 13 de mayo de 2024, modificada por la Resolución de 12 de diciembre de 2024, de la Presidencia de TURESPAÑA, se convocaron las becas del Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas profesionales correspondientes al periodo de 2024 al 2025.

La cuantía total anual máxima de las becas, recogida en la Resolución de 12 de diciembre de 2024, asciende a 1.121.249,60 euros. El importe total de las becas se abonaría por una cuantía máxima de 109.028,38 euros para el año 2024, 927.869,45 euros para el año 2025 y 84.351,77 euros para el 2026.

La incorporación de los nuevos becarios se retrasó hasta el 1 de febrero de 2025, por lo que parte del gasto que inicialmente se había previsto ejecutar en el presente ejercicio, se realizará en 2026. Además, la Orden PJC/178/2025, de 25 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025, incrementa los costes de Seguridad Social con efecto desde el 1 de enero de 2025.

Por otro lado, TURESPAÑA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden ICT/885/2018, de 17 de agosto, está tramitando una prórroga de las becas por un periodo adicional de 12 meses (Fase II), lo que prolongará su duración hasta el 31 de enero de 2027.

Lo anterior conlleva la necesidad de recalcular las anualidades, dado que se trasladará a 2026 una parte de los gastos correspondientes a la primera fase (Fase I) del programa de becas, se prevé la prórroga de una segunda fase (Fase II), y se producirá un incremento del gasto respecto a la estimación inicial, como consecuencia de mayores costes de Seguridad Social.

Por todo lo anterior, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para modificar los límites a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el ejercicio 2026, según lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo, en los siguientes términos:

Año Límite de compromiso máximo a adquirir (€) 2026 1.019.977,80 2027 187.102,45

HaciendaMODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA PERMITIR AL FEGA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria la concesión de subvenciones en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.

Por Real Decreto 366/2023, de 16 de mayo, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la cooperación para la preparación y ejecución de proyectos de innovación de interés general llevados a cabo por grupos operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027.

Estas medidas están cofinanciadas en un 80% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en un 20% con cargo al presupuesto nacional.

Por Resolución de 2 de agosto de 2023, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) se convocan anticipadamente en el año 2023 para el período 2025-2027 las citadas ayudas.

En base a los pagos realizados hasta el momento, debido a la complejidad de la ayuda y de acuerdo con la posibilidad de reajuste de anualidades que se contempla en las bases reguladoras, ha surgido la necesidad de llevar a cabo una redistribución del gasto, traspasando pagos por importe total de 8.161.726,14 euros del año 2025 al año 2027.

Por otro lado, por Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de las intervenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información y servicios de asesoramiento, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027.

La financiación de estas ayudas se realiza en un 43% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 57% con cargo al presupuesto nacional.

Actualmente el FEGA está elaborando la Resolución para llevar a cabo la tramitación anticipada de la convocatoria 2025, de la Intervención 7202: Subvenciones de servicios de asesoramiento de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.

El presupuesto total estimado para esta convocatoria de ayudas es de 4.700.000,00 euros e implica necesidad de crédito en el año 2027 y 2028.

La distribución del gasto total por anualidades presenta el siguiente detalle (importe en euros):

2026 2027 2028 2029 TOTAL Intervención 7161 Reajuste de anualidades – 8.161.726,14 – – 8.161.726,14 Intervención 7202 Tramitación anticipada convocatoria 2025 – 2.350.000,00 2.350.000,00 – 4.700.000,00 TOTAL – 10.511.726,14 2.350.000,00 – 12.861.726,14

Estas nuevas necesidades, sumadas a los compromisos ya adquiridos, son las siguientes (importe en euros):

2026 2027 2028 2029 Crédito retenido 27.436.958,95 9.345.898,55 – 23.261.955,46 Nuevas necesidades – 10.511.726,14 2.350.000,00 – Total necesidades 27.436.958,95 19.857.624,69 2.350.000,00 23.261.955,46

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicita la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 21.103.414B.780 para los ejercicios 2026, 2027 y 2029.

HaciendaADENDA AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS DEL PLAN REINICIA AUTO+

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria y Turismo la formalización de una adenda al convenio para la asistencia técnica en la tramitación de las ayudas del programa de renovación del parque de vehículos afectado por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024 (Plan Reinicia Auto +).

La Dirección General de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo solicitó autorización para modificar los límites establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria «Material, suministros y otros», que carece de dotación inicial en los vigentes presupuestos para 2025.

La finalidad es formalizar una adenda al convenio que permita contar con la asistencia técnica de la entidad Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P (TRAGSATEC) para la tramitación de ayudas en el ejercicio 2026.

Como respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, contempla una serie de medidas dirigidas a la renovación y compra de vehículos nuevos y seminuevos que puedan sustituir a los destruidos, denominado Programa de Renovación del parque de vehículos afectado por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024 (Plan REINICIA AUTO +).

Dada la urgencia derivada de la situación de los afectados y debido a la premura en la tramitación de estas ayudas, el Ministerio de Industria y Turismo requirió la asistencia técnica de TRAGSATEC, por lo que se formalizó un convenio de colaboración con dicha entidad, tal y como señala el artículo 8 del referido Real Decreto-ley.

El artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, fijaba el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2025, por lo que se preveía que la vigencia del convenio no se extendiera más allá de ese año. No obstante, el Real Decreto-ley 12/2025, de 28 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por ello, será necesario mantener la asistencia de TRAGSATEC en 2026, lo que implica formalizar una adenda al convenio para redistribuir el gasto sin aumentar el coste total, según el siguiente detalle:

Anualidad 2024 2025 2026 Total Previsión inicial 400.000 2.900.000 – 3.300.000 Previsión actual 330.000 2.170.000 800.000 3.300.000

En este sentido, para el ejercicio 2026 es preciso comprometer la siguiente cuantía con cargo a la aplicación presupuestaria «Material, suministros y otros»:

Año Compromiso máximo a adquirir (€) 2026 800.000

Dado que la citada aplicación carece de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente, de conformidad con el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se solicitó autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

HaciendaMODIFICADOS LÍMITES DE GASTO PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CETEDEX DE JAÉN

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas llevar a cabo reajustes de anualidades y modificaciones contractuales para la construcción del nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en Jaén (CETEDEX).

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (en adelante INTA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa, solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria «Inversiones reales», cuya dotación inicial, en el presupuesto prorrogado para el año 2025 es de 58.852.140 euros, con la finalidad de llevar a cabo reajustes de anualidades y modificaciones contractuales para la construcción del nuevo Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en Jaén (CETEDEX).

El CETEDEX constituye un objetivo estratégico para el Ministerio de Defensa. Este Centro pretende el desarrollo y experimentación de tecnologías duales en las áreas del vehículo autónomo y conectado, la lucha antidron y la inteligencia artificial.

El proyecto CETEDEX se inició en el ejercicio 2023 y dispondrá de un Campus Principal y de un Campo de Pruebas Avanzado que se ubicarán en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y la Diputación de Jaén al INTA, a través del mecanismo de Cesión de Derecho de Superficie.

Actualmente está en fase de ejecución la obra del Campus Principal, así como otros proyectos asociados.

Incidencias imprevisibles surgidas durante la ejecución de la obra del Campus Principal, derivadas de la complejidad del proyecto, la gran heterogeneidad geotécnica del suelo y de la singularidad de la actuación, han aconsejado realizar nuevos estudios geotécnicos y adaptar la solución de cimentación inicialmente proyectada, impidiendo mantener el ritmo de trabajo establecido en la planificación original y haciendo preciso tramitar un reajuste de las anualidades inicialmente previstas, en el sentido de trasladar de la anualidad 2025 un importe de 17.120.500,00 euros a la anualidad 2026.

En consecuencia, se requiere de financiación adicional para el ejercicio 2026, que sumada a los compromisos ya adquiridos en la aplicación presupuestaria «Inversiones reales» suponen un total de (en euros):

Año

Compromisos ya adquiridos Nuevas necesidades Compromiso máximo a adquirir 2026 76.872.923,54 17.120.500,00 93.993.423,54 2027 19.389.370,00 — 19.389.370,00 2028 3.600.670,00 — 3.600.670,00 TOTAL 99.862.963,54 17.120.500,00 116.983.463,54

Dado que los compromisos adquiridos con cargo a la aplicación ‘Inversiones reales’ en el año 2026 superan los límites a los que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se solicitó la autorización del Consejo de Ministros para modificar dichos límites, según lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo.
HaciendaMODIFICACIÓN DE LÍMITES DE GASTO PARA LA PROMOCIÓN DE ‘WORDSKILLS SHANGHAI 2026’

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la contratación de los «Servicios necesarios para la promoción del atractivo y la calidad de la Formación Profesional a través de la competición de Formación Profesional Worldskills Shanghai 2026».

El Ministerio de Educación solicitó autorización para modificar los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria ‘Para diversas actuaciones’, cuya dotación inicial en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados en 2025, a nivel de vinculación, se eleva a 525.000 euros.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 89 que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal destinados a alumnos, profesores o centros escolares.

Por su parte, el Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, establece en su artículo quinto que entre las funciones que corresponden a la Secretaría General de Formación Profesional está el impulso en el ámbito internacional de acuerdos, proyectos y participación en organismos y competiciones de la formación profesional, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

En este contexto se celebrará la competición mundial de formación profesional WorldSkills Shanghai 2026 del 16 al 28 de septiembre de 2026, participando España con una delegación oficial compuesta por 76 personas.

Para garantizar la participación en esta competición, se propone llevar a cabo un contrato de tramitación anticipada que tiene como objeto la prestación de los «servicios necesarios para la promoción del atractivo y la calidad de la formación profesional a través de la competición de formación profesional WorldSkills Shanghai 2026», por un importe de 488.803,70 euros con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, se autorizó la modificación de los límites para la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la misma aplicación con destino a la convocatoria de la competición nacional de formación profesional Spainskills y la línea de ayudas para la participación en competiciones de formación profesional en 2026 y 2027, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por importe de 526.182,24 euros en 2026 y 506.181,12 euros en 2027.

De lo anteriormente expuesto se desprende que en la aplicación presupuestaria citada se superan los límites previstos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se solicitó el aumento de los mismos según la siguiente propuesta:

Año

Compromisos ya adquiridos Nuevas necesidades Compromiso máximo para adquirir 2026 526.182,24 488.803,70 1.014.985,94 2027 506.181,12 – 506.181,12 TOTAL 1.032.363,36 488.803,70 1.521.167,06

HaciendaRESTAURACIÓN HIDROLÓGICA-FORESTAL PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA DANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la tramitación de diversas actuaciones de restauración hidrológico-forestal para paliar los efectos adversos producidos por la DANA de finales de octubre de 2024.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sido el centro directivo que ha solicitado autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

A fin de paliar los efectos producidos por la DANA que tuvo lugar en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se han dictado diversas disposiciones que conforman un importante paquete de ayudas y actuaciones de reacción inmediata, en concreto, el acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de noviembre, el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, y el Real-Decreto-ley 7/2024, de 12 de noviembre.

Con el objetivo de financiar actuaciones de restauración hidrológico-forestal que contribuyan a paliar tales efectos adversos, se ha tramitado un expediente de modificación presupuestaria, que dota, entre otros conceptos, con 15 millones de euros la aplicación presupuestaria ‘Otras. Contingencias asociadas a la DANA de 2024’ para permitir la tramitación de una serie de obras de restauración.

De esta forma, se han tramitado en tres de esas obras diferentes modificados y ampliaciones del plazo de ejecución, con los correspondientes ajustes de presupuesto, generando el impacto en el año 2026 que viene recogido en el siguiente cuadro (importe en euros):

EXPEDIENTE 2026 Obras de restauración hidrológico forestal en la cuenca del río Turia, en la rambla de Poyo-Pozalet-Saleta y río Magro 1.709.448,49 Obras de restauración hidrológico forestal en pistas forestales del término municipal de Letur (Albacete) 185.607,50 Obras de restauración hidrológico forestal en pistas forestales del término municipal de Mira (Cuenca) 599.643,13 TOTAL 2.494.699,12

El importe de dichos gastos se atenderá con cargo a la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación, atendiendo así a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo señalado, y los compromisos ya adquiridos, las necesidades de crédito para la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación, son las siguientes (importe en euros):

2026 Compromisos adquiridos 1.983.223,20 Compromisos por adquirir 2.494.699,12 Compromisos totales 4.477.922,32

Dado que dicha aplicación presupuestaria carece de crédito inicial, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la anualidad de 2026 de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

HaciendaSUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA PARA LA ADECUACIÓN DE TÚNELES A LA NORMATIVA COMUNITARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cobertura presupuestaria plurianual de un Real Decreto de concesión directa de una subvención a la Diputación Foral de Guipúzcoa para la adecuación de túneles a la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004.

La Dirección General de Carreteras, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS) ha sido el centro directivo que ha solicitado la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

El Real Decreto al que da cobertura presupuestaria plurianual este acuerdo tiene como objeto regular la concesión directa de una subvención a la Diputación Foral de Guipúzcoa para colaborar en la financiación de las obras necesarias para que los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar, pertenecientes a la red TEN-t y cuya titularidad corresponde a esta Diputación, cumplan con la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004.

La concesión de esta subvención se instrumentará mediante resolución del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, siendo la Dirección General de Carreteras la encargada de la instrucción del procedimiento de concesión.

Conforme a los artículos 7 y 9 del texto del citado Real Decreto, el importe máximo de la subvención será de 20 millones de euros con cargo a la aplicación presupuestaria ‘A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la adecuación de los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar a la Directiva 2004/54/CE’, de los presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en los ejercicios 2025 y 2026, o equivalente que la sustituya, con la siguiente distribución de anualidades:

Aplicación 2025 2026 Total 17.38.453B.768.18 10.000.000 10.000.000 20.000.000

A la vista de cuanto antecede, la Dirección General de Carreteras ha incoado este expediente de solicitud de autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el importe de 10 millones de euros para 2026.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se somete este acuerdo para su autorización por el Consejo de Ministros en los términos previstos en la propuesta.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesRETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Este real decreto-ley hace efectivas las subidas salariales de los empleados públicos correspondientes a 2025 y 2026. Estos incrementos retributivos forman parte del Acuerdo Marco de mejora de las condiciones laborales y salariales hasta 2028 firmado por el Gobierno con las organizaciones sindicales la semana pasada.

Este RD-ley regula aquellos aspectos indispensables para aprobar, por un lado, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026 con efectos desde el 1 de enero.

Para 2025 se establece una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, y actualizados en junio por el Real Decreto-ley 4/2024. Además, se incluyen las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo este año.

La Administración del Estado abona la subida en diciembre

Por tanto, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025. Este pago adicional y único beneficia a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026, el Real Decreto-ley aprobado establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, actualizados en este RD-ley, con efectos de 1 de enero de 2026. Eso supone que, entre diciembre del presente ejercicio y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%. Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesREAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVIDAD INVERSORA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y CC.AA. Y DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN DE EMPRESAS Y PROFESIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Con este Real Decreto-ley se permitirá a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027.

Se trata de una medida que pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años.

De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como de las Entidades Locales, se podrán destinar a las llamadas IFS, que contribuirán al desarrollo de importantes proyectos de interés público. Todo ello sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027.

Asimismo, en el caso de que un proyecto de IFS no pueda ejecutarse íntegramente antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante del gasto autorizado se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio siguiente, financiándose con cargo al remanente de tesorería del año inmediatamente anterior, con el límite del importe del superávit de 2024. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes de 31 de diciembre de 2026.

Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)

Las IFS son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

Estas Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden destinar, por parte de las Entidades Locales, a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.

Por su parte, las Comunidades Autónomas podrán realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos.

Aplazamiento de la entrada en vigor del Verifactu

Por otro lado, este Real Decreto-ley contempla la modificación del Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre, que establecía una serie de requisitos a cumplir por los sistemas informáticos de facturación de pymes y autónomos, el denominado ‘Reglamento Verifactu’. Esta modificación consiste en aplazar en un año, hasta 2027, el inicio de la aplicación de estos requisitos.

La entrada en vigor del Verifactu estaba prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026, en el caso de los obligados tributarios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que para las demás empresas y autónomos que utilizaran sistemas informáticos de facturación, el plazo era el 1 de julio de 2026.

Con el Real Decreto-ley se ha decidido efectuar una nueva ampliación del plazo de exigibilidad, algo motivado tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial. Con esto, se da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema.

De esta forma, para las empresas cuyo plazo de implantación y adaptación de sus sistemas informáticos comenzaba el 1 de enero de 2026, se traslada al 1 de enero de 2027, mientras que para las empresas y autónomos que tenían que emplear a aplicar el Verifactu el 1 de julio de 2026, ese plazo se traslada al 1 de julio de 2027.

Con este nuevo sistema se pretende luchar contra el fraude tributario y la economía sumergida derivados del uso del denominado ‘software de doble uso’. Esta medida desarrolla lo contemplado en Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal y permite dar más seguridad y trazabilidad de la facturación, así como otorgar mayor agilidad y facilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para pymes y autónomos.

Habilitados

El Real Decreto-ley incorpora asimismo una modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que tiene como objetivo devolver a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección de los habilitados nacionales.

Se trata de una competencia que ya se dio a Euskadi en el año 2022 y que todas las Comunidades Autónomas tuvieron entre 2007 y 2013. Los habilitados nacionales son funcionarios de la Administración Local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales.

Con esta medida, la Generalitat de Cataluña podrá convocar de forma coordinada con el Estado los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesNORMATIVA SOBRE DENOMINACIONES COMERCIALES DE ALIMENTOS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales y las denominaciones de alimentos en conserva o preparados admitidas en España aplicables a los productos de la pesca y de la acuicultura, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este real decreto establece un marco legal sólido en el ámbito de las denominaciones comerciales y da respuesta a las obligaciones comunitarias de garantizar al consumidor un alto nivel de protección y su derecho a la información.

El real decreto tiene en cuenta también las necesidades de actualización y clarificación de la normativa nacional, especialmente necesario en el ámbito de los preparados y conservas. Así mismo dota de mayor seguridad jurídica al procedimiento para la determinación de dichas denominaciones legales.

La nueva norma también establece la base regulatoria para la publicación periódica de listados de denominaciones comerciales para productos frescos, congelados, ahumados y salados, entre otros, así como para conservas y preparados, en todo el territorio nacional.

No obstante, las denominaciones comerciales reconocidas en los listados que publiquen las distintas comunidades autónomas serán complementarias a la denominación comercial nacional en sus respectivos territorios, sin que puedan sustituir a las denominaciones nacionales.

La aprobación de este real decreto redunda en una mayor transparencia que permite a los consumidores estar más y mejor informados y fortalece su confianza en el mercado.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesDECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad: desplegar los mandatos del artículo 49 de la Constitución Española en las leyes ordinarias de España con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. Se reitera así el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad tal y como establece el renovado artículo 49 de la Constitución Española, con el siguiente texto:

«El Gobierno de España, en respeto a los postulados que emanan de la Constitución, ha sido diligente para que el artículo 49 se positivice y acomode a las leyes que más impacto tienen en la vida de personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, ha emprendido una reforma profunda de dos leyes esenciales para la plena inclusión y autonomía de las personas con discapacidad: la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la conocida como Ley de Dependencia.

En definitiva, este proyecto de ley materializa los cuatro pilares en los que se sustenta la reforma constitucional de 2024: inclusión, autonomía y accesibilidad universal, prestando especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y la infancia con discapacidad, eliminando las barreras institucionales, culturales y estructurales que perpetúan la discriminación múltiple e interseccional.

En el ámbito de la inclusión, el proyecto de ley ofrece una nueva definición para que este término se interprete y aplique conforme a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporando nuevas definiciones como desinstitucionalización o capacitismo, claves para comprender y respetar la vida en la comunidad de la población con discapacidad. Asimismo, destacan medidas para asegurar el derecho a la inclusión laboral, el derecho a la habilitación y a la rehabilitación, el derecho a una educación inclusiva, así como el derecho a constituir una familia propia. También son de especial relevancia los avances que se promueven para que la ciencia, la tecnología y el uso de la inteligencia artificial se desarrollen al servicio de la inclusión y de la prevención de las soledades no deseadas.

Además, en aras de la plena inclusión, establece la obligación de que los poderes públicos promuevan una imagen positiva de las personas con discapacidad. En este sentido, cabe destacar que, por primera vez en democracia, se desarrolla contenido específico referido al respeto, apoyo y cuidado de las personas con problemas de salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria. En este sentido, se va a reformar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, con lo que se pretende reforzar los derechos de las personas con discapacidad en coherencia con lo que dispone la reforma de la Ley de Dependencia, cuya terminología se recoge en defensa del concepto de apoyo comunitario a fin de solventar las situaciones críticas en que puedan encontrarse las personas con problemas de salud mental y que comprometan su integridad, en línea con las recomendaciones a España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en la revisión de España a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma, el proyecto de ley busca garantizar los apoyos necesarios para que puedan realizar un ejercicio pleno de ciudadanía en todas las dimensiones de su vida cotidiana.

Esto implica actualizar los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como impulsar nuevos servicios para cuidados y apoyos en la vivienda, o fortalecer, entre otros, la asistencia personal que se configura como servicio del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Asimismo, se eliminan incompatibilidades entre servicios y prestaciones de manera que habrá una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos a las necesidades de la vida cotidiana de las personas. Se posibilita así, por ejemplo, tener un empleo y un servicio de apoyo, evitando penalizaciones y, por el contrario, incentivando el empleo como parte de una vida independiente. Todo ello, supone, por tanto, un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y con perspectiva de género.

La accesibilidad universal constituye otro de los pilares de la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Así, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho que a la vez es una obligación de todos los poderes públicos, pudiendo las personas acudir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. Se crea también un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para financiar las adaptaciones necesarias en servicios y espacios públicos, como hospitales, para que nadie quede fuera. También, y con el fin de blindar el derecho a la vivienda a las personas con discapacidad, se crean nuevas obligaciones legales con el objeto de regular la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades de propietarios y que así nadie tenga que abandonar sus casas por no poder salir a la calle. Estos deberes de accesibilidad llegarán también a todas las Administraciones públicas y a los lugares de Patrimonio Histórico, para que la cultura y la historia de España esté al alcance de toda la ciudadanía, sin barreras.

El Proyecto de Ley abre las fórmulas para consolidar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, fortaleciendo la figura del facilitador procesal regulado en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica y alinearlo a leyes aprobadas por el Gobierno de España como la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa.

Por último, en coherencia con el mandato del artículo 49 de la Constitución de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y la infancia con discapacidad, el proyecto de ley dedica un artículo específico a actuaciones para romper las brechas machistas y capacitistas que cercenan su derecho a la igualdad, poniendo especial atención en la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia, con especial atención a las violencias machistas. Además, se determina que las Administraciones públicas velarán por un desarrollo saludable de niñas y niños con discapacidad reconociendo la atención temprana como un derecho subjetivo.

A esta acción normativa se suma la Ley 2/2025, de 29 de abril, que ha eliminado el despido automático de las personas con discapacidad, garantizando su derecho al trabajo y excluyendo de nuestro ordenamiento laboral esta discriminación histórica.

Por último, cabe señalar que el proyecto de ley asume los compromisos de la Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2021/2030, presentada por la Comisión Europea para garantizar su plena participación en la sociedad, en igualdad de condiciones. España sigue marcando un liderazgo con los Derechos de las Personas con Discapacidad en seno de la Unión Europea que quedó patente en la última Presidencia española del Consejo de la Unión Europea a través de diversas iniciativas españolas, impulsando con determinación normativa europea para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En definitiva, la reforma del artículo 49 de la Constitución, mayoritariamente respaldada por las fuerzas políticas, es un éxito de país y nos señaló con claridad el camino a seguir. Un camino en el que las organizaciones de la discapacidad, representadas por el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, desempeñan un papel fundamental.

Por ello resulta necesario positivizar en estas dos leyes ordinarias su contenido y volver a los consensos parlamentarios de la reforma constitucional de 2024, a fin de que estos postulados sean transformadores y aplicables a una vida digna en la que las personas con discapacidad y sus familias disfruten de todos los derechos humanos».

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesELEGIDA LA PALMA COMO SEDE FÍSICA DEL FUTURO CONSORCIO «CENTRO NACIONAL DE VULCANOLOGÍA»

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se determina la sede física del Consorcio «Centro Nacional de Vulcanología» en la isla de La Palma. La creación del Centro Nacional de Vulcanología se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y el Consorcio contará con la participación de la Administración General del Estado -a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que aportarán recursos al 50% para su sostenimiento.

El Real Decreto 209/2022 estableció el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y creó la Comisión consultiva para la determinación de las sedes, de forma que la elección de la sede del Centro Nacional de Vulcanología se ha realizado siguiendo un procedimiento objetivo y competitivo.

El procedimiento para la determinación de la sede física del Consorcio la inició el Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de septiembre de 2025, mediante la tramitación de urgencia, contemplada asimismo en el Real Decreto 209/2022.

La Comisión Consultiva para la determinación de las sedes de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal adoptó posteriormente, el 16 de septiembre de 2025, el informe con la relación de criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación, publicado en el BOE el 24 de septiembre de 2025.

Conforme a ello, y en cumplimiento del Real Decreto 209/2022, se inició el plazo de un mes para que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, presentaran sus candidaturas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Palma,única candidatura presentada para albergar el Consocio

El 24 de octubre de 2025 finalizó el plazo de un mes para presentar candidaturas para albergar la sede física del Consorcio, habiéndose recibido una única candidatura, presentada de forma conjunta por el Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) y el Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

La Comisión Consultiva, el 1 de diciembre de 2025, se reunió para aprobar el dictamen a la vista de las candidaturas presentadas, recomendando su ubicación en la isla de La Palma, complementada con el ecosistema científico y de innovación de Tenerife, y elevándola al Consejo de Ministros.

Canarias es el único territorio español con vulcanismo activo

Considerando que las Islas Canarias son el único territorio español con vulcanismo activo y con historial de gestión de riesgo vulcanológico, destacando la erupción del del año 2021 del Tajogaite en Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la región ofrece oportunidades de investigación sobre el terreno, tanto desde el punto de vista científico, como social para abordar las externalidades asociadas, en términos de resolver problemas reales de ordenación del territorio, planificación de emergencias, comunicación del riesgo y protección civil y de los sectores económicos vitales.

En particular, la candidatura ofrece una oportunidad para que España sea líder mundial en la gestión integral del fenómeno volcánico en regiones volcánicamente activas, fomentando el intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y promoviendo la cooperación científica, con el propósito de aumentar su proyección internacional y contribuir al desarrollo de las zonas volcánicas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesOBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO AL PRESTADOR DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a la Asamblea de Extremadura que se celebrarán el día 21 de diciembre de 2025 y en las elecciones que se convoquen durante 2026.

Se trata de las obligaciones de servicio público que deberá cumplir el operador postal Correos y Telégrafos S.A.; este 21 de diciembre de 2025 se van a celebrar elecciones a la Asamblea de Extremadura y durante 2026 están previstas elecciones al Parlamento de Andalucía y a las Cortes de Castilla y León, en ambos casos por finalización del mandato.

Para el normal desarrollo de estos procesos electorales, el operador postal Correos deberá hacer frente a unas obligaciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y que son las siguientes:

  • Voto por correo de electores residentes en España: puesta a disposición y posterior admisión de los impresos de solicitud; entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral; entrega a los electores de la documentación electoral; recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado, y entrega a la mesa electoral correspondiente.
  • Voto por correo de electores residentes ausentes: envío del impreso de solicitud remitido por la Oficina del Censo Electoral a los españoles inscritos en el Censo de los Electores Residentes Ausentes; entrega de las solicitudes y envío por correo certificado y urgente a los electores de la documentación electoral. En caso de que haya dificultades significativas para que los electores reciban la documentación electoral en algunos países, se podrá recurrir, previa autorización de la Junta Electoral Central y del Ministerio del Interior, a mensajería privada o al servicio premium de la Unión Postal Internacional.
  • Voto por correo de electores temporalmente ausentes: envío al interesado y entrega a las mesas electorales de la documentación del voto para los ciudadanos españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero.
  • Voto por correo del personal embarcado: garantía de entrega a las mesas electorales de la documentación enviada por el elector por correo certificado y urgente desde cualquiera de los puertos en los que el buque atraque.
  • Voto del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional: envío por correo certificado y urgente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Cooperación Internacional de la Dirección General de la Guardia Civil de la documentación electoral, así como su recepción y entrega a la mesa electoral.
  • Voto por correo de los internos en centros penitenciarios: entrega y admisión en los centros penitenciarios de los impresos de solicitud de inscripción en el Censo; la entrega al elector de la documentación enviada por la Oficina del Censo Electoral, y la entrega del voto en las mesas electorales.
  • Otros envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral o dirigidos a las personas designadas como miembros de mesa electoral: Correos realizará la entrega, a los electores, de las tarjetas censales; a los ayuntamientos, de las listas electorales del censo de consulta, así como notificaciones a los electores de las reclamaciones sobre rectificación del Censo, de cambios de local electoral y envío de las listas del censo a los locales electorales.
  • Recogida de la documentación electoral en la mesa: comprende el sobre o sobres que, conteniendo documentación electoral, habrán de ser cursados el día siguiente al de la votación a la junta electoral correspondiente.
  • Envíos de propaganda electoral: Correos realizará los envíos postales de propaganda electoral de los partidos y federaciones inscritos en el Registro correspondiente.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las CortesPRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO LA SEDE DEL SECRETARIADO DE LA COALICIÓN LOCAL 2030 DE NNUU EN BILBAO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la adenda de prórroga y modificación al Convenio interadministrativo suscrito el 7 de noviembre de 2023 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Bancaria BBK, relativo al establecimiento de la sede del Secretariado de la Coalición Local 2030 en Bilbao.

El 7 de noviembre de 2023, se suscribió un Convenio Interadministrativo que recoge el acuerdo entre las contrapartes españolas y regular, así, los compromisos para el establecimiento y mantenimiento de la estructura en Bilbao, así como los compromisos vinculados con el trabajo en materia de localización que realiza el Fondo Conjunto de los ODS de Naciones Unidas de la mano de la Coalición. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. La Comisión de Seguimiento Interadministrativa acordó la prórroga por un periodo adicional de tres años.

La adenda permitirá la renovación del establecimiento del Secretariado de la Coalición Local 2030 en Bilbao. Este secretariado permite fortalecer el trabajo que realiza España en materia de localización de los ODS, consolidando su reputación internacional y manteniendo su posición clave en el seno de las Naciones unidas.

DefensaDECLARADAS COMO ZONAS DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL PROPIEDADES EN ALBACETE, MADRID, SEVILLA Y MALLORCA

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración, como zona de interés para la Defensa Nacional, de las siguientes propiedades: Base Aérea de Albacete y Estación de Combustible La Losilla; Base Aérea de Cuatro Vientos; Base Aérea de Getafe; Base Aérea de Morón; Base Aérea de Pollensa; Base Aérea de Son San Juan y Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró; Base Aérea de Torrejón; Acuartelamiento Aéreo de Tablada, y Cuartel General del Mando Aéreo General.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes. Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad y vigilancia del Ejército del Aire y del Espacio.

DefensaDECLARADA ZONA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL EL ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración, como zona de interés para la Defensa Nacional, de las instalaciones de la propiedad denominada »Arsenal Militar de Cartagena», localizadas en el término municipal de Cartagena, en la provincia de Murcia.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes. Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad y vigilancia de la Armada.

DefensaDEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del contrato para la adquisición del sistema automático de mantenimiento estándar.

El objeto de este Acuerdo es la modificación del contrato con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) para la obtención de nuevos bancos automáticos de prueba de propósito general basados en el Sistema Automático de Mantenimiento estándar (SAMe) y de la migración de varios programas de test (TPS).

Debido a la vida útil prevista del avión F-18 (C-15) algunos subsistemas van a requerir de un mantenimiento adicional con el que inicialmente no se contaba, lo que hace necesario la adquisición de bancos y TPS adicionales para mantener las capacidades actuales de mantenimiento y operatividad de los sistemas dedicados al soporte de las citadas aeronaves.

El valor estimado de la modificación asciende a 26.000.000 euros.

DefensaACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE DOTACIÓN EN EL EJÉRCITO DE TIERRA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de cubiertas para vehículos de dotación en el Ejército de Tierra.

Estos materiales son críticos para la función logística de movimiento y transporte, del que dependen todas las unidades del Ejército, en todos los escenarios del teatro de operaciones en los que desarrollan sus cometidos. Su adquisición es imprescindible para mantener la capacidad operativa de las unidades del Ejército de Tierra y garantizar la respuesta a los requerimientos de la Defensa y Seguridad Nacional.

El valor estimado del Acuerdo Marco asciende a 12.396.694,20 euros y tendrá una duración de dos años desde la formalización, con posibilidad de prórroga de un año.

DefensaOBRAS DE REMODELACIÓN DE MUELLES Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA ESTACIÓN NAVAL DE PUNTALES EN CÁDIZ

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de obras de remodelación de muelles y adecuación de las instalaciones en la Estación Naval de Puntales (Cádiz).

La modernización de la flotilla hidrográfica actual, con nuevas plataformas navales con base en la Estación Naval de Puntales (Cádiz), precisa que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias asociadas al programa de los buques hidrográficos. Para ello, es necesario la modernización de sus redes de servicios, la construcción de un centro integrado de vigilancia en tierra, actualización de pañoles y talleres, y el dragado del puerto para el atraque y desatraque de los buques.

El valor estimado del contrato asciende a 14.700.013,59 euros y tendrá una duración de 18 meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, sin posibilidad de prórroga.

DefensaADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS TODO TERRENO PARA LA MODERNIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ARMAS NASAMS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato para la adquisición de vehículos pesados todo terreno para el programa de modernización y adquisición del sistema de armas NASAMS.

La finalidad de este Acuerdo es la adquisición de vehículos pesados todo terreno militar para el programa de modernización del Sistema de Defensa Antiaéreo NASAMS del Ejército de Tierra, para proporcionar la movilidad táctica necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas y la adquisición de una batería adicional para el Ejército del Aire y del Espacio.

El valor estimado del contrato asciende a 26.665.776 euros y tendrá una duración desde la formalización hasta el 30 de noviembre de 2027, sin posibilidad de prórroga.

DefensaDECLARACIÓN DE EMERGENCIA FRENTE A LA SITUACIÓN GENERADA POR LA DANA EN LA COLONIA MILITAR DE AVIACIÓN EN SANTIAGO DE LA RIBERA, MURCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia para hacer frente a la situación generada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del 10 de octubre de 2025 en la colonia militar de aviación en Santiago de la Ribera (San Javier, Murcia).

El 10 de octubre de 2025 se registró en el término municipal de San Javier (Murcia) un episodio meteorológico de carácter extraordinario, asociado a una DANA, causando inundaciones, erosión de firmes, colapso de sistemas de drenaje sostenible, acumulación de lodos en viales y parcelas, y daños en vallados y viviendas unifamiliares, dentro del ámbito de la colonia militar de aviación en Santiago de la Ribera, donde se ejecutan actualmente las obras de reurbanización promovidas por el INVIED O.A.

La no adopción inmediata de medidas correctoras puede agravar los daños existentes, generar nuevos colapsos en las redes soterradas y afectar a la seguridad de las personas y bienes, además de ocasionar vertidos incontrolados hacia el entorno protegido del Mar Menor.

El importe total de las actuaciones es de 2.351.078,40 euros.

InteriorPLAN DE PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2025 – 2029

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, en la que se declaran como ‘de interés público’ un total de 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil programadas hasta 2029. El importe de las actuaciones será de 262,8 millones de euros, que serán financiados con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior.

Se trata de obras para la construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficacia energética de infraestructuras policiales ya programadas y cuyos proyectos, una vez considerados ‘de interés público’, podrán ser tramitados por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

De las 130 intervenciones programadas, la Secretaría de Estado de Seguridad financiará con cargo a sus presupuestos 19 de ellas, con una inversión superior a los 44,2 millones de euros. Entre ellas, destacan la construcción de nuevas comisarías de Policía en Alcantarilla (Murcia) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Los Yébenes (Toledo), Santanyí (Mallorca).

La Dirección General de la Policía Nacional asume 54 actuaciones por importe de 103,7 millones de euros financiados con sus propios presupuestos, y que incluyen la construcción de nuevas comisarías en Roquetas de Mar y en la Ciudad de Almería, Marín (Pontevedra), Valdebebas y Vicálvaro (Madrid), Jaca (Huesca), Medina del Campo (Valladolid), así como la rehabilitación de la sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que financiará el 90 por ciento de su coste.

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Civil impulsarán 51 actuaciones por importe de 89,7 millones de euros con cargo a sus propios presupuestos, entre las que se incluyen la construcción de nuevos acuartelamientos en Vera (Almería), Villarrobledo (Albacete), Benavente (Zamora), Algeciras (Cádiz), Calahorra (La Rioja), Cáceres, Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga), así como un nuevo depósito de municiones en Valdemoro (Madrid).

Por último, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume seis proyectos con una inversión total superior a los 25,1 millones de euros, entre los que destacan nuevas dependencias de Policía Nacional en Jaca (Huesca) y el distrito Nervión de Sevilla, así como nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Mijas y la ciudad de Málaga, y en Miguelturra (Ciudad Real).

Transportes y Movilidad SotenibleADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-630A

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia.

La cuantía de la subvención es de 6 millones de euros y la actuación se ubica entre los km 472,395 y 474,385 de esta vía, correspondiente a las avenidas de España y de Martín Palomino de la ciudad.

Esta ayuda económica se distribuirá en dos anualidades, siendo la de 2025 de 500.000 euros y la de 2026 de 5,5 millones de euros.

Características de la actuación

Este eje viario, integrado en la actualidad en el entramado urbano del municipio y convertido en acceso principal al área industrial, se caracteriza por la intensidad de tráfico, la falta de regulación de giros y la ausencia de acerados y zonas ordenadas de tránsito y estacionamiento que dificultan la movilidad y generan problemas de seguridad vial. Además, la necesidad de una actuación integral se justifica por el deterioro de infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento o iluminación.

La actuación comprende los siguientes trabajos:

  • Ejecución de infraestructuras ciclistas, mediante una vía ciclista exclusiva en la Avenida de España y un carril de circulación compartida con prioridad ciclista en la Avenida Martín Palomino.
  • Construcción de dos nuevas glorietas y la reforma de la ya existente para mejorar la regulación del tráfico.
  • Reordenación del estacionamiento y creación de nuevas bandas de aparcamiento.
  • Nuevos acerados accesibles y zonas ajardinadas.
  • Renovación de los servicios urbanos: abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas e iluminación.

Carreteras / Extremadura

Transportes y Movilidad SostenibleADECUACIÓN DE TÚNELES DE CARRETERAS DE GUIPÚZCOA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Diputación Foral de Gipuzkoa para la adecuación de túneles a la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

El objetivo de este Real Decreto es regular la concesión directa de una subvención de 20 millones de euros a la Diputación Foral de Guipúzcoa para colaborar en la financiación de las obras necesarias para que los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar cumplan con la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Esta Directiva establece las condiciones que deben cumplir los túneles de la red transeuropea de carreteras, tanto los de nueva construcción como los existentes en el momento de entrada en vigor de la directiva, que deberán someterse a las correspondientes obras de adecuación. La red transeuropea de carreteras incluye carreteras tanto de la Red de Carreteras del Estado como de diversas redes de titularidad autonómica.

Con esta subvención se mejora, moderniza y refuerza la seguridad en los túneles de Belabieta, Gorosmendi y Oindolar, cuya inversión global a desarrollar por la Diputación se estima en 93,5 millones de euros.

Las actuaciones a subvencionar consistirán en:

  • Refuerzo de cubiertas y estructuras.
  • Instalación de sistemas de drenaje, control de vertidos e incendios
  • Instalación de sistemas de ventilación y comunicación.
  • Instalación de un sistema eficiente de iluminación por LED.
  • Implantación de un nuevo sistema de gestión y prevención de accidentes (SGC) para garantizar la seguridad.

Una vez aprobado este Real Decreto, la Diputación Foral de Guipúzcoa deberá solicitar la concesión de la subvención en el plazo de 1 mes, que será tramitada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en calidad de órgano gestor de esta subvención.

El pago de la subvención se realizará en dos pagos, una vez dictada la resolución de concesión: el primero de ellos, de 10 millones de euros, se realizará en un plazo de un mes desde la notificación de la resolución de concesión; y el segundo pago, por importe también de 10 millones de euros, se abonará en el año 2026.

Transportes y Movilidad SostenibleOBRAS EN LA VARIANTE DE FIGUERES DE LA N-II

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras destinadas al aumento de capacidad de la carretera N-II en el tramo Variante de Figueres – Pont de Molins, provincia de Girona. Valor estimado del contrato 98.755.791,38 euros.

La presente actuación tiene una longitud de unos 8,2 km y se inicia al sur de Figueres, una vez pasado el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte conectando con el tramo posterior del corredor, antes del enlace norte de la autopista AP-7.

El objetivo de los trabajos es aumentar la capacidad de la N-2 mediante la duplicación de la actual carretera en la totalidad del tramo mencionado, pasando a ser una carretera multicarril. Incluye tres enlaces: con la C-31, la C-260 y la N-260 y se han adecuado los parámetros de trazado en planta.

Características de la actuación

El trazado objeto de actuación tiene una longitud total de 8,2 km y está situado entre los actuales km 748,800 y 757,040 de la N-2.

La sección transversal diseñada se compone de dos calzadas de 7,00 m, separadas por una mediana de 2,00 m, con arcenes interiores de 1,50 m, exteriores de 2,50 m y bermas de 1,50 m.

El proyecto contempla la duplicación del tramo actual por su lado derecho y transcurre siempre en terraplén. La rasante encajada no se acomoda al actual perfil longitudinal ya que existen diversos tramos en los que es necesario incrementarla para garantizar el cumplimiento de los gálibos verticales libres en los cruces de las principales infraestructuras.

Además, se han proyectado tres enlaces:

  • Enlace con la C-31, en el cual se propone adecuar el enlace existente sin modificar su tipología.
  • Enlace con la C-260, diseñado mediante glorieta deprimida a distinto nivel con dos obras de fábrica.
  • Enlace con la N-260, en el que se adopta una tipología de trébol parcial, con las dos hojas de forma adyacente por el lado norte de la N-260. Se prevén dos glorietas, en pesas, para resolver las intersecciones entre los ramales y la carretera N-260.

Se ha incrementado la rasante prácticamente en la totalidad del tramo, alcanzando hasta los 2,50 m de incremento en algún punto. Por otro lado, se han adecuado también la totalidad de parámetros de definición en planta a lo que estipula la normativa, llegando a producirse desplazamientos laterales puntuales respecto al trazado actual de hasta 5,50 m.

Este proyecto se está coordinando con otras actuaciones para conectar la variante de Figueres con la AP-7, mediante una vía de alta capacidad y los enlaces tanto al norte como al sur de la localidad gerundense.

Carreteras / Girona

Transportes y Movilidad SostenibleCONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ARCO NORTE DE MURCIA

El Consejo de ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras del proyecto de construcción del Arco Norte de Murcia entre el punto kilométrico 652+000 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres, tramo B, provincia: Murcia. Valor estimado del contrato 93.837.188,78 euros.

El objeto de la actuación es mejorar la situación existente en el tramo de la autovía A-7 que discurre por el norte de la ciudad de Murcia, donde existe un gran flujo de tráfico con la presencia de retenciones continuas, derivando en problemas de seguridad vial. Esta situación es especialmente acusada en el denominado «nudo de Espinardo», por donde discurren en la actualidad más de 125.000 vehículos al día.

Arco Norte de Murcia

El Arco Norte de Murcia consta de los tramos A y B, servirá como by-pass para el tráfico de largo recorrido que discurre entre Andalucía y el Levante español (provincias de Alicante y Valencia), con el objetivo de solventar los problemas existentes al separar el tráfico de largo recorrido del de agitación urbana, que seguiría discurriendo por el trazado actual.

En concreto, el tramo B contará con una longitud aproximada de 8,3 km, iniciándose con un nuevo enlace en el kilómetro 4 de la autovía MU-32 y finalizando mediante una confluencia/bifurcación en la autovía A-7, en el enlace de Cabezo de Torres.

En su trazado, está prevista la construcción de 13 nuevas estructuras: 3 viaductos, 4 pasos superiores y 6 pasos inferiores.

Movilidad viaria en la Región de Murcia

Así, en este Arco Norte se licitarán las obras del tramo B tras esta autorización en Consejo de ministros y se sigue trabajando en la actualización técnica y económica del proyecto del tramo A.

Para contextualizar esta actuación, se deben tener en cuenta la puesta en servicio de dos de los tres tramos del Arco Noroeste, con una inversión de 169 millones de euros, y se avanza con la finalización completa de las obras en el tramo C.

Carreteras / Murcia

Agricultura, Pesca y AlimentaciónREFUERZO DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS AUTONÓMICOS PARA HACER FRENTE A LOS BROTES DE INFLUENZA AVIAR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prestar apoyo a los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas para implementar las actuaciones sanitarias necesarias para gestionar los brotes de Influenza Aviar (IA), por un importe de 499.877,41 euros.

El pasado 1 de julio se detectaron 14 focos en aves de corral en diferentes comunidades autónomas: 2 en Andalucía, 7 en Castilla y León, 3 en Castilla-La Mancha, 1 en Extremadura y 1 en Madrid. Además, se han registrado más de un centenar de casos en aves cautivas y silvestres en todo el territorio peninsular, lo que confirma una circulación muy activa del virus en España.

La influenza aviar de alta patogenicidad está incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la UE, ya que su aparición obliga a aplicar estrictas medidas de control: sacrificios sanitarios, limpieza y desinfección de las instalaciones y establecimiento de zonas de restricción y control del movimiento de animales y productos.

La situación en Castilla y León, donde la enfermedad se ha propagado entre varias explotaciones, ha exigido aplicar medidas adicionales mediante la creación de una Zona de Restricción Adicional para frenar la dispersión del virus. El apoyo financiero permitirá reforzar los servicios veterinarios autonómicos con asistencia técnica y personal especializado, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante la aparición de nuevos brotes.

Agricultua, Pesca y AlimentaciónAMPLIACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA HACER FRENTE AL VIRUS DE LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la segunda ampliación de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer frente al virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), por un importe de 660.000 euros, IVA incluido. La resolución tiene por objeto la adquisición de 500.000 dosis de vacunas frente al virus.

La Dermatosis Nodular Contagiosa de los bóvidos (DNC) es una enfermedad vírica del ganado bovino que provoca fiebre, lesiones cutáneas, debilidad y, en alrededor del 10 % de los casos, la muerte del animal. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria en la Unión Europea debido a su alta capacidad de diseminación y a los importantes perjuicios económicos que genera en los países afectados.

No es una enfermedad zoonósica, por lo que no afecta a las personas, y se transmite principalmente por insectos hematófagos como moscas y tábanos. El primer foco en España se detectó el 3 de octubre de 2025 en Girona y, desde entonces, se han confirmado un total de 17 en la misma provincia. La rápida actuación de los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, con una vacunación de emergencia en toda la zona de restricción, ha permitido alcanzar una cobertura vacunal próxima al 95 % del censo bovino, sin nuevos focos desde hace más de un mes.

No obstante, el riesgo de reintroducción del virus persiste debido a la situación en Francia, donde siguen notificándose casos. Por este motivo, se adquieren 500.000 dosis adicionales, que garantizarán la disponibilidad inmediata de vacuna en caso de nuevas emergencias y permitirán reforzar la protección en zonas vecinas de Cataluña y Aragón con alta densidad de animales susceptibles.

Agricultura, Pesca y AlimentaciónCONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA INICIATIVA PUERTOS AZULES DE LA FAO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria internacional al Programa Regular de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en apoyo a su Iniciativa de Puertos Azules, por un importe de 114.080 euros.

A esta nueva aportación de España contribuyen de forma conjunta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia.

Esta financiación permitirá a la FAO, entre otras actuaciones, organizar el seminario internacional del Programa de Capacitación, previsto para febrero de 2026 en Vigo, con el objetivo de reforzar la formación técnica y el intercambio de buenas prácticas entre puertos pesqueros de todo el mundo.

La nueva aportación complementa el apoyo sostenido de España a la iniciativa, que ya acumulaba contribuciones por valor de 144.080 euros canalizadas a través del convenio suscrito en marzo de 2024 y de las aportaciones voluntarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al programa regular de la FAO en 2022 y 2023, por importe de 50.000 euros.

La Secretaría General de Pesca, que actúa como coordinadora institucional y encargada de tramitar la contribución española ante la FAO, destaca que esta actuación se enmarca en la apuesta estratégica de España por una economía azul sólida y dinámica, en la que el sector pesquero y acuícola se reconoce como uno de sus motores fundamentales por su capacidad de innovación, adaptación y creación de valor en las zonas costeras.

En este contexto, los puertos pesqueros se consideran espacios clave para el desarrollo sostenible de las áreas costeras. La Iniciativa Puertos Azules contribuye a fortalecer su competitividad, sostenibilidad ambiental y capacidad de innovación.

Ciencia, Innovación y UniversidadesCONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA EN BARCELONA

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas la celebración de un contrato de obras para construir el conjunto arquitectónico que albergará el Instituto de Biología Evolutiva (IBE) en el antiguo Mercat del Peix de Barcelona, por un valor estimado de 17.534.596,41 euros.

El IBE es un centro mixto de investigación constituido en 2008, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que hasta el momento no contaba con un campus propio, sino que estaba ubicado en una sede provisional en el Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales y otra en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.

El nuevo edificio en el antiguo Mercat del Peix se enmarca en el proyecto de la Ciutadella del Coneixement, que consolidará a Barcelona como uno de los polos de investigación de Europa, tejiendo y colaborando con otros agentes científicos en la ciudad.

El IBE está dedicado a la biología evolutiva y centra su actividad en la investigación sobre los procesos y los mecanismos que generan biodiversidad, entre ellos la evolución genética y molecular, la biología de las poblaciones, la biología de los sistemas complejos y la recuperación del ADN antiguo.

Para la Transformación Digital y de la Función PúblicaOFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAL DOCENTE Y TÉCNICO DE LA UNED

El Consejo de ministros ha autorizado la oferta de empleo público del personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con un total de 95 plazas y para Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de la misma con hasta 98 empleos.

Del total de las plazas destinadas a los cuerpos docentes, hasta 58 se convocarán a concurso en las figuras de profesores y profesores titulares de la Universidad, y 37 serán para profesores y profesores permanentes laborales. Se reserva hasta un 15% del total, nueve de las plazas autorizadas en la categoría de profesores y profesoras titulares de la universidad y cinco de las de categoría de profesores y profesoras permanentes laborales, para personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 o el certificado R3.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado la convocatoria de 58 plazas del cuerpo de catedráticos y catedráticas de la universidad para su cobertura por el procedimiento de promoción interna.

Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS)

Por otro lado, de las dirigidas a personal con funciones de apoyo, gestión, administración y soporte de la universidad, un total de 64 plazas irán destinadas a los colectivos de PTGAS funcionario y 34 para PTGAS laboral con la siguiente distribución:

PTGAS funcionario

Subgrupo Plazas C1 10 C2 54 TOTAL 64

PTGAS laboral

Grupo profesional Plazas I 6 II 4 III 15 IV 9 TOTAL 34

Asimismo, se autoriza la convocatoria de 28 plazas para su cobertura por el procedimiento de promoción interna.

Subgrupo Plazas A1 3 A2 5 C1 20 TOTAL 28

Cabe señalar que las plazas que no sean cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la Oferta de Empleo Público que las hubiera autorizado. BIOGRAFÍASAsuntos Exteriores, Unión Europea y CooperaciónEmbajador de España en la República Argelina Democrática y PopularD. RAMIRO FERNÁNDEZ BACHILLER

Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, ingresó en la carrera diplomática en febrero de 1989.

Ha sido embajador de España en Rumanía y en la República de Moldavia, con residencia en Bucarest, y embajador de España en la República Gabonesa y en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, con residencia en Libreville. En el exterior también ha sido segunda jefatura y encargado de los asuntos consulares en las Embajadas de España en Rumanía y en la República de Corea y consejero en la Embajada de España en Portugal.

En los Servicios Centrales ha desempeñado, entre otras, las funciones de inspector general jefe de Servicios, con rango de embajador, embajador en Misión Especial-director de la Unidad de Emergencia Consular, embajador en Misión Especial para la Presidencia Española del Consejo de la UE de 2010, segundo introductor de Embajadores y subdirector general de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Ordenes y vocal asesor en la Dirección General de Política Exterior para África y en la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.

Ha realizado actividades docentes en la Escuela Diplomática, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Desde mayo de 2022 era el embajador de España en la República de Polonia

Embajadora de España en la República de ChipreDª. MERCEDES ALONSO FRAYLE

Licenciada en Derecho y graduada en Economía por la Universidad de Deusto, dispone del diploma de Altos Estudios Europeos del Colegio de Europa de Brujas en la rama de Derecho Comunitario. Ingresó en la carrera diplomática en marzo de 1988.

Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas de España en Austria, Senegal, Panamá y Brasil ocupando la segunda jefatura en las tres últimas. Ha sido además cónsul adjunta en Londres y cónsul general en Manila y en Düsseldorf.

En los Servicios Centrales ha ocupado los puestos de directora adjunta del Gabinete Técnico del subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, asesora del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, subdirectora general de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y subdirectora general de Organismos Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, entre otros.

Hasta su actual nombramiento era Embajadora de España en la República de Singapur.

Embajador de España en la Confederación SuizaD. ENRIQUE IGNACIO MORA BENAVENTE

Licenciado en Física Teórica y diplomático de carrera desde 1988. Destinado en las embajadas de España en El Líbano, en la República de Chipre y en las instituciones europeas. Dilatada experiencia en política exterior y relaciones internacionales, participó en las conversaciones de paz en Bosnia y Herzegovina como consejero del mediador europeo Carl Bildt en 1995.

Desempeñó el puesto de subdirector general para la PESC y posteriormente, entre 2005 y 2010, fue jefe adjunto y luego jefe de gabinete del Alto Representante de la UE para la Política Exterior. Fue durante más de cinco años director general de Política Exterior en el Ministerio de AA.EE. Durante los últimos cinco años ha sido secretario general adjunto para Asuntos Políticos – director político del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE.

Ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre política exterior y economía en prensa diaria y revistas especializadas.

Embajador de España en la República de TúnezD.ISIDRO ANTONIO GONZÁLEZ AFONSO

Licenciado en Derecho por la UNED y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2003.

Ha prestado servicios en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en varios gabinetes de ministros. En el exterior ha estado destinado en la Representación de España ante la OSCE en Viena, la Embajada de España en Chipre, el Consulado General de España en Jerusalén y la Embajada de España en Rabat. Desde 2019 a finales de 2021 fue vicesecretario general de la Unión por el Mediterráneo.

Ha realizado el Curso Superior de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Madrid; el Programa Ejecutivo de «Liderazgo en la Administración Pública» del IESE, Primera Promoción (2005); y el Programa Ejecutivo de «Gestión de Conflictos», en el «Negotiation Strategies Center» de Jerusalén, de la Universidad de Harvard (2015).

Cuenta con la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil, además de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Polonia, concedidas tras la operación de evacuación de la Embajada en Jartum en abril de 2023.

Hasta ahora era Embajador de España en Sudán, Eritrea y Sudán del Sur.

Embajadora de España en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NorteDª. EMMA APARICI VÁZQUEZ DE PARGA

Funcionaria de la Carrera Diplomática desde 2004. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios en la Universitá degli Studi di Bologna y ha realizado el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública por IESE. También ha realizado el Programa HEAT (Hostile Environment Awareness Training) sobre formación de seguridad en entornos de alto riesgo, impartido por el Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil en Logroño.

Ha sido secretaria general de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde noviembre de 2023 hasta la actualidad. Directora general del Departamento de Asuntos Exteriores de ese mismo gabinete de febrero de 2020 a noviembre de 2023. Anteriormente, desde julio de 2018, desempeñó el cargo de jefa de la Unidad de Coordinación del Departamento de Asuntos Internacionales y Seguridad Global en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno. Con anterioridad, ocupó el puesto de segunda jefatura/ministra consejera de la Embajada de España en Trípoli. Ha sido vocal asesora en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, además de subdirectora general adjunta de Naciones Unidas. Ha estado destinada en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York durante el periodo comprendido entre 2007 y 2012. Ha trabajado en el Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Embajador de España en la República de NicaraguaD. SERGIO FARRÉ SALVÁ

Diplomático de carrera desde el año 2005, ha ocupado distintos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y en la Unión por el Mediterráneo.

Ha estado destinado como segunda jefatura en las embajadas de España en Sudán y en Eslovenia, como consejero diplomático en la Representación Permanente de España ante la UE, y como consejero Cultural y Científico en Bolivia y en el Reino de Bélgica. Fue asesor diplomático y portavoz del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, en Barcelona, y jefe del Departamento de cooperación universitaria y científica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID-, Madrid.

Ha publicado obras en el campo de la resolución de conflictos y de la diplomacia, incluyendo: «España y Bélgica: una historia europea. Cien años de Embajada de España en Bélgica 1921-2021 (Coord, 2021), «Gestión de conflictos: Taller de Mediación. Un enfoque socioafectivo», Ariel, Barcelona (1ª Ed. 2006).

Embajador en Misión Especial para AfganistánD. FRANCISCO JAVIER PUIG SAURA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ingresó en la Carrera Diplomática en junio de 2002.

Desde noviembre de 2022 y hasta la fecha ha sido embajador de España en la República de Túnez. Con anterioridad, entre 2017 y hasta su nombramiento en Túnez, ocupó el puesto de subdirector general para el Magreb en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ha estado destinado en las embajadas de España en Túnez como consejero (2003-2006), en Marruecos como secretario de embajada (2006-2010) y en Guatemala (2010-2012) y Vietnam (2014-2017) como segunda jefatura.

En los servicios centrales del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, fue subdirector adjunto para el Magreb entre 2012 y 2014.

Embajador en Misión Especial para los Grandes Lagos y el Cuerno de ÁfricaD. JOSÉ PASCUAL MARCO MARTÍNEZ

Licenciado en Derecho y Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Complutense, ingresó en la Carrera Diplomática en 1983.

Estuvo destinado en Pakistán, Nicaragua y como cónsul general en Melbourne. Fue subdirector general de la Oficina de Planificación y Evaluación, responsable de la cooperación no gubernamental española, de 1990 a 1993. Posteriormente, fue jefe de la Oficina Comercial de España en Turquía (1993-96); segundo jefe en la Embajada de España en Sudáfrica (1996-99); y consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (1999-2001).

En 2003 fue nombrado embajador de España en la República Democrática del Congo. De 2006 a 2010 fue segundo jefe en la Embajada de España en Washington. De 2010 a 2015 fue embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Unión Europea.

En 2015 fue nombrado director general de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ocupó ese cargo hasta 2017, año en que fue nombrado director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El 24 de agosto de 2021 fue nombrado embajador de España en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Para la Transformación Digital y de la Función PúblicaSecretario general técnicoD. JULIO ENRIQUE JIMÉNEZ NOVELLA

Licenciado en Economía y en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pertenece al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Desde su ingreso en la Administración General del Estado, ha trabajado en el Servicio Jurídico Delegado Provincial en el INSS de Santa Cruz de Tenerife, en la Secretaría de Estado de Política Territorial, en la Secretaría de Estado de Turismo y en la red exterior de Turespaña.

En la Administración de la Seguridad Social desempeñó funciones de Letrado, prestando asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. En Política Territorial ocupó puestos de coordinador de área y de asesor en el gabinete de la Secretaría de Estado. Posteriormente, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Turismo, ocupó el puesto de asesor en el Gabinete del Secretario de Estado y de consejero de Turismo en la Oficina Española de Turismo en Helsinki, parte de la red exterior de Turespaña.