En un escenario global marcado por el desorden legislativo, el debilitamiento de los contrapoderes y la expansión de las campañas de desinformación, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado un número especial de su revista Otrosí centrado en estos y otros factores que erosionan el Estado de derecho. El acto, celebrado este lunes en la sede colegial, reunió a cuatro expertos de primer nivel para analizar algunas de las grietas más preocupantes del sistema democrático.
La sesión fue moderada por Roberta Poza, presidenta del Consejo Editorial de Otrosí, quien en su introducción alertó sobre la creciente erosión del Estado de derecho, marcada por la colonización de instituciones clave, el cuestionamiento público de decisiones judiciales y un clima político de confrontación que desactiva los controles democráticos. “En lugar de consolidar democracias fuertes y con contrapoderes eficaces, asistimos a procesos de colonización institucional y polarización buscada, que terminan debilitando el control democrático”, advirtió.
En ese contexto, concluyó la diputada del ICAM, el número especial de OTROSI nace con el objetivo de contribuir al debate desde una mirada plural y rigurosa, capaz de conectar los desafíos globales con los problemas internos que afectan a las garantías institucionales
A continuación, tomaron la palabra cuatro perfiles con amplia trayectoria institucional y académica: el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes, el exdirector de la Representación de la Comisión Europea en España Francisco Fonseca, el director del Departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel Ballesteros y la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Sus intervenciones ofrecieron una mirada complementaria sobre los distintos ángulos de desgaste del Estado de derecho.
Deterioro normativo, erosión institucional y amenazas a la jurisdicción
Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, centró su intervención en las grietas estructurales del Estado de derecho en España, con una crítica precisa al deterioro del sistema legislativo y las amenazas a la independencia judicial. Desde una defensa firme de la democracia constitucional como pilar inseparable del Estado de derecho, Aragón denunció que este binomio se encuentra hoy gravemente erosionado, en parte por la degradación de las funciones del Parlamento y por una creciente instrumentalización del proceso legislativo. “Democracia constitucional y Estado de derecho son indisociables. De tal manera que, cuando se deteriora la democracia constitucional, sufre un grave riesgo el Estado de derecho”, afirmó.
El exmagistrado cuestionó el uso sistemático y abusivo del decreto ley como mecanismo ordinario de producción normativa, así como la proliferación de leyes de baja calidad técnica, tramitadas por vía de urgencia o mediante proposiciones que eluden el debate parlamentario pleno. A su juicio, estas prácticas —acentuadas en las dos últimas legislaturas— minan la seguridad jurídica y vacían de contenido la función legislativa, convertida en un proceso acelerado, opaco y débil en garantías. La consecuencia es una legislación cargada de principios imprecisos, contradicciones internas y disposiciones de difícil interpretación.
Aragón se detuvo también en el deterioro del poder judicial, advirtiendo sobre una presión política creciente que compromete su independencia y la confianza ciudadana. Mencionó casos recientes en los que se ha denigrado públicamente al Tribunal Supremo por decisiones aún no notificadas, y reclamó un respeto escrupuloso a la labor de los jueces, incluidos los del Tribunal Constitucional, cuya función —subrayó— es aplicar la Constitución, no reinterpretarla o sustituirla. En este punto, lamentó la falta de deliberación en algunas resoluciones recientes y defendió la necesidad de salvaguardar la solvencia institucional del máximo intérprete de la Carta Magna.
Como conclusión, apeló a una doble reforma: una reforma normativa que refuerce los contrapesos del sistema —por ejemplo, dotando de mayor autonomía al Ministerio Fiscal— y una reforma de las actitudes políticas. En su opinión, el núcleo del problema no reside tanto en el texto constitucional como en su aplicación defectuosa o interesada. Por ello, abogó por recuperar el respeto a la Constitución, la tolerancia política, la concordia y el prestigio de los tribunales como condiciones indispensables para la supervivencia del Estado de derecho.
La politización judicial compromete la independencia y el equilibrio del sistema
Desde su experiencia como magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón centró su intervención en los efectos de la presión institucional sobre el poder judicial y en las reformas que, a su juicio, amenazan su independencia. Abrió su intervención con una reflexión sobre el papel del Colegio como espacio de defensa de los principios constitucionales, y situó el deterioro del Estado de derecho como un proceso paulatino que en España ha alcanzado ya una fase preocupante.
En su análisis, subrayó que la actual legislatura comenzó con señales que anticipaban un contexto hostil para la judicatura, como la inclusión del término lawfare en pactos políticos o las propuestas de comisiones parlamentarias para investigar a jueces. A su juicio, esa narrativa ha derivado en una campaña de deslegitimación de la carrera judicial, alentada incluso desde el propio Ejecutivo, que siembra desconfianza y erosiona los contrapesos democráticos. “Cuando se pone en duda a los jueces, cuando se les deslegitima, cuando se cuestiona permanentemente el valor de la independencia judicial, estamos dañando profundamente las bases del Estado de derecho”, alertó.
Desde esa perspectiva, Tardón expresó su preocupación ante la reforma del sistema de acceso a la judicatura y su posible sustitución por un modelo de selección política. También advirtió sobre los riesgos de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal sin haber garantizado previamente su autonomía funcional, y defendió la necesidad de preservar figuras como la acción popular.
Además, centró su atención en la politización del Consejo General del Poder Judicial. Criticó el actual modelo de elección parlamentaria, que —afirmó— ha introducido la lógica partidista en un órgano que debería representar con pluralidad a la carrera judicial. Aportó un dato revelador: de los 120 nombramientos efectuados por el actual CGPJ, el 75 % ha recaído en miembros de solo dos asociaciones que representan apenas un tercio de la judicatura. Un ejemplo, concluyó, de cómo la desviación institucional de los órganos de gobierno impacta en el equilibrio de poderes.
Por último, defendió la figura de la acción popular como un instrumento esencial en la lucha contra la corrupción, al margen de las dificultades procesales que pueda implicar
Arquitectura jurídica y límites institucionales en la UE
Con una perspectiva forjada desde dentro de las instituciones europeas, Francisco Fonseca repasó la evolución del principio de Estado de derecho en el marco comunitario, desde su inclusión en los tratados fundacionales hasta su configuración como cláusula política y jurídica esencial en la UE actual. Recordó que este principio no figuraba de forma expresa en los primeros textos, y que fue necesario un desarrollo progresivo que lo transformara en un elemento operativo y exigible, especialmente tras la ampliación hacia el Este.
En este proceso, explicó, la Unión ha dotado de contenido y mecanismos propios a lo que inicialmente era solo un compromiso político. Desde el artículo 7 del TUE —la llamada “opción nuclear”— hasta el Reglamento de condicionalidad financiera aprobado en 2020, Fonseca repasó los hitos clave que han permitido activar procedimientos ante vulneraciones del Estado de derecho. También señaló el papel creciente de informes como el Rule of Law Report de la Comisión, que ha dado lugar a una práctica de vigilancia estructural.
Fonseca subrayó, no obstante, los límites reales de este sistema: la necesidad de unanimidad en el Consejo para determinadas sanciones, la lentitud institucional y las resistencias políticas internas. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de banalización del incumplimiento jurídico y de una erosión silenciosa basada en la aplicación selectiva del Derecho. “La gran amenaza para el Estado de derecho en la Unión Europea no es tanto el incumplimiento del Derecho comunitario, sino su aplicación selectiva”, señaló.
A lo largo de su intervención, el exdirector de la Comisión insistió en que la defensa del Estado de derecho no puede quedar confinada al plano institucional: requiere una respuesta también desde la sociedad civil, las profesiones jurídicas y los propios Estados miembros. Solo así, concluyó, será posible frenar la lógica de la impunidad que amenaza con normalizar los retrocesos democráticos en algunos países europeos.
La desinformación como amenaza híbrida al Estado de derecho
El general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional y doctor en Ciencias Políticas, centró su intervención en el impacto de las campañas de desinformación procedentes del exterior sobre la estabilidad democrática y el deterioro institucional. Frente a los análisis centrados en las disfunciones internas, Ballesteros abordó la erosión del Estado de derecho desde la óptica de la seguridad nacional y los riesgos estratégicos que entrañan los actores hostiles.
A partir de su experiencia en el diseño de protocolos nacionales e internacionales contra la desinformación, subrayó que este tipo de injerencias no se basa en noticias falsas detectables, sino en construcciones narrativas que manipulan la realidad mediante información parcial, ambigua o fuera de contexto. El objetivo, advirtió, no es solo engañar, sino fracturar el consenso social, polarizar a la opinión pública y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. “La desinformación ya no busca solo manipular elecciones: busca fracturar las sociedades, socavar la confianza en las instituciones y hacer que los ciudadanos duden de todo”, todo ello sin necesidad de recurrir a la fuerza armada: basta con alterar la percepción de la realidad.
Ballesteros explicó que la Unión Europea ha desplegado desde 2015 distintos grupos de trabajo regionales para vigilar este tipo de amenazas, en especial las procedentes de Rusia. Estos mecanismos de alerta temprana, alojados en el Servicio Europeo de Acción Exterior, han sido fundamentales para detectar patrones de interferencia electoral y narrativas desestabilizadoras en momentos clave.
En su análisis, alertó del riesgo de trivializar el problema: lejos de tratarse de un fenómeno difuso, la desinformación forma parte de una estrategia de poder híbrido desarrollada por actores estatales con experiencia en manipulación informativa, como ocurrió en Crimea o en la campaña del Brexit. En este contexto, defendió la necesidad de clarificar el concepto y establecer procedimientos nacionales transparentes que respeten el marco constitucional pero doten a los Estados de capacidad de respuesta.
A modo de cierre, reivindicó el principio de pluralidad como eje de una política democrática de comunicación institucional, recordando que ningún gobierno debe condicionar la libertad informativa a través del reparto sesgado de ayudas públicas o campañas de publicidad.
Un número con mirada plural, voces internacionales y análisis jurídico
El número especial de Otrosí ofrece una aproximación plural y rigurosa a las tensiones que atraviesan el Estado de derecho en distintos escenarios geopolíticos. En sus páginas incluye entrevistas en profundidad con personalidades como Enrico Letta, ex primer ministro italiano y autor del informe sobre el futuro del mercado único encargado por la Comisión Europea; Síofra O’Leary, expresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y actual investigadora en la Universidad de Nueva York; Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Junto a este bloque temático, la revista publica un reportaje de análisis sobre los efectos de la Ley Orgánica 1/2025 en el ejercicio profesional, acompañado del estudio elaborado por el ICAM a partir de más de 1.000 respuestas de colegiados y colegiadas. La investigación ofrece una primera radiografía de la implantación de los MASC y sus implicaciones para la práctica jurídica.