El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz, ha ordenado a sus directivos que tomen medidas para reducir la actividad asistencial y aumentar así el beneficio económico de la empresa. Según grabaciones a las que ha tenido acceso el diario El País, Gallart solicitó en una reunión interna en septiembre «desandar el camino» de la reducción de listas de espera lograda en años anteriores.
Las reacciones no se han hecho esperar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado en su cuenta de la red social X «el modelo sanitario del PP» que deja la sanidad en manos de «empresas que seleccionan a los pacientes priorizando los beneficios económicos» y acusa a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de «asfixiar» la sanidad pública.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha calificado de «vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña».
«Hoy hemos escuchado cómo se ve a los pacientes como clientes, cómo se alargan las listas de espera, cómo se convierte un derecho de todos, como es la sanidad pública en un negocio de unos pocos«, ha añadido. «Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid y, por eso, tantas burradas, para que no se hable de esto de la verdad de lo que está pasando en Madrid».
También en X, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha llamado la atención sobre los audios que publica El País. «El CEO de Ribera, la empresa privada que controla el hospital de Torrejón, ordena subir las listas de espera para aumentar el beneficio. Este es el modelo de Ayuso. Es aterrador. Se trata de que estemos peor para que ellos ganen más», ha resaltado Bergerot.
Fuentes de la Consejería de Sanidad han subrayado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza una gestión de la lista de espera «transparente y eficaz», en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, y que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media.
En lo referente a los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como es el caso del Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas «vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta», han agregado las mismas fuentes.
Aumentar las demoras
El objetivo del grupo Ribera, según los audios publicados por El País, es realizar menos intervenciones y rechazar procesos o pacientes «no contributivos» para la cuenta de resultados, buscando alcanzar un beneficio de «cuatro o cinco millones de euros» para el grupo. La estrategia de Gallart se basa en la elasticidad directa entre las listas de espera y la cuenta de resultados: si se acumulan demoras, se gastará menos en personal y medios para realizar las intervenciones.
El directivo del Grupo Ribera instó a sus mandos a usar la «imaginación» para identificar y evitar aquellos procesos que «no son contributivos para el EBITDA de la sociedad», mencionando explícitamente la posibilidad de evitar atender a pacientes que no pertenecen al área asignada («no cápita») o aquellos tratamientos que implican un alto gasto en farmacia, como la diálisis peritoneal. Este enfoque prioriza el rendimiento económico en un hospital que, aunque gestionado de forma privada, es público y presta servicio a más de 150.000 ciudadanos de Madrid.
El modelo de gestión por concesión, en el que la empresa recibe un pago per cápita por la población asignada, se incentiva a la empresa a gastar lo menos posible en la atención para maximizar el beneficio. A pesar de que el Hospital de Torrejón ha recibido inyecciones económicas adicionales de la Comunidad de Madrid, el CEO de Ribera alega que la financiación sigue siendo insuficiente.
El hospital y la Consejería se defienden
La dirección del hospital, a través de un portavoz, ha defendido que las reuniones son de carácter privado y que su único plan es ofrecer una atención de «máxima calidad», mientras que la Consejería de Sanidad de Madrid asegura no tener conocimiento de estas órdenes.
Fuentes internas del grupo Ribera, sin embargo, han expresado a El País su alarma por estas estrategias, calificándolas de inéditas y contrarias a la deontología médica por poner en peligro la salud de los pacientes. Este episodio reaviva las críticas al llamado «modelo Alzira», inventado por el propio grupo Ribera en Valencia y replicado en varios hospitales de la Comunidad de Madrid, donde los partidos de izquierda han advertido históricamente que la gestión privada de la sanidad pública podría primar el beneficio empresarial sobre la salud de los ciudadanos.