El movimiento a la desesperada de Pedro Sánchez para acercarse de nuevo a Junts es insuficiente para los de Carles Puigdemont. Aunque los independentistas celebran que asuma los «incumplimientos» que ellos venían denunciando desde hace meses, y que el propio presidente negaba … que se hubieran producido, las prisas que ahora le han entrado a Sánchez para salvar la legislatura no son compartidas ni en Barcelona ni en Waterloo (Bélgica). Y, tal como avanzó el martes ABC y confirmó ayer mismo la portavoz parlamentaria, la nueva oferta no cambia nada en su marco de relaciones con el PSOE, como mínimo por ahora. La ambición de los separatistas, que ven como se desangran en los sondeos, les obliga a adoptar un rol más duro al que venían jugando hasta ahora.

En el partido heredero de Convergencia ven la última «escenificación» del líder socialista, con dos entrevistas improvisadas en medios catalanes casi de forma simultánea, como «un ejemplo de desesperación». Sostienen que «estuvo muchos meses menospreciando» sus amenazas, algo que les molestó y precipitó la ruptura, y «hasta que no se ha visto con el agua al cuello no ha empezado a cumplir». «Esto con nosotros no vale, ya se lo dijimos y no nos hizo caso, no somos ERC, que traga con todo», explican fuentes de la dirección de Junts para justificar su decisión de mantener rotas las relaciones y el diálogo con un PSOE que «hace esfuerzos» para que se vuelvan a reunir con ellos.

Bajo la premisa de que «Sánchez ha demostrado que no es que no se pudieran hacer las cosas, es que no quería cumplir con lo pactado», en Junts quieren aprovechar su «desesperación» y «debilidad» para apretarle aún más si cabe, con la entrega de todo lo prometido, enfrentándole a otros grupos y poderes del Estado y añadiendo nuevos peajes a pagar de aquí a final de la legislatura.

En la dirección del partido recuerdan que «falta por cumplir con lo importante», que es la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña y la aprobación de la ley contra la multirreincidencia, la aplicación de la amnistía a todos los beneficiarios —incluyendo a Puigdemont—, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la publicación de las balanzas fiscales y la ejecución de las inversiones pendientes en las cuatro provincias catalanas. Cuatro paquetes de medidas que, excepto en las de materia económica, no dependen únicamente del Ejecutivo, lo que enfrentará a Sánchez con el resto de socios, con los tribunales, con otros Estados de la UE o con sus propios barones.

Avanzar hacia el cumplimiento de alguna de esas cuestiones es nuclear para que Junts se plantee modificar su relación con el actual Gobierno, algo que parece lejano a día de hoy. Aunque cuando esto ocurra, si es que pasa, teniendo en cuenta el calendario para la ejecución de cada cosa, España ya estará casi a las puertas de una precampaña de las generales, bien sean en 2027 como ha prometido Sánchez o de forma anticipada a lo largo del 2026, como creen los de Puigdemont.

Con todo, además, cumplir con ello obligará al PSOE a doblegar a Podemos, Compromís y Chunta, a apretar al Tribunal Constitucional con los tiempos, a convencer a otros mandatarios reacios y a reabrir las heridas de la financiación en un PSOE convulso y con una ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya se está viendo obligada a hacer equilibrismos entre las concesiones a sus socios y su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Más exigencias

Más allá de las medidas anteriormente citadas, claves para los de Carles Puigdemont para dar cumplimiento al acuerdo de Bruselas, que firmaron a finales de 2023 Jordi Turull y Santos Cerdán, en Waterloo manifiestan que para valorar un escenario distinto al actual de oposición frontal en el Congreso necesitan levantar algún otro triunfo. Y apuntan directamente a otras cuestiones largamente reclamadas por los posconvergentes como una ley contra la ocupación o el desarrollo de la ley ELA, paralizada durante mucho tiempo, y que no acaba de llegar en su totalidad a los afectados.

En materia de autogobierno, Junts también reclama al PSOE que cualquier cambio de posición debe conllevar cesiones en materia de representación internacional de la Generalitat, algo muy importante para Puigdemont, que durante su presidencia hizo una bandera del reconocimiento mundial de la causa catalana. Que el Estado dé cabida a Cataluña en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo, dos organismos de gran relevancia y con un gran prestigio, son parte de los peajes impuestos a Sánchez para plantearse un nuevo acercamiento que, avisan, «obligaría a renegociar de nuevo el acuerdo de Bruselas, que ya no sirve».