La codiciada vacante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que debe cubrir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las próximas semanas ya tiene una candidata preferida por Moncloa. Distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran a El Confidencial que Félix Bolaños apoya el nombramiento de la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, que aspira a ocupar el puesto perteneciente al turno de juristas, libre tras la jubilación de Miguel Colmenero.
Bacigalupo Sagesse es hija de Enrique Bacigalupo, magistrado hispanoargentino que integró la Sala Segunda de 1987 a 2011 y cercano también a los socialistas. Silvina recaba ya el apoyo de buena parte del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, aseguran estas fuentes. Desde el sector conservador, se entiende que el Ejecutivo persigue su entrada en la Sala más delicada para los intereses del Gobierno.
El objetivo que persigue Moncloa: sumar apoyos en un momento en el que la Segunda se ha convertido de forma abierta en un enemigo a batir por el Gobierno después de la condena al fiscal general y antes del próximo juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García, previsto para la primavera de 2026.
La cercanía de la catedrática con el Ejecutivo es -dicen- evidente. Su relación con el PSOE viene de antiguo. Pedro Sánchez la fichó en 2015 para que formara parte del consejo de sabios que acompañaron al dirigente socialista en las elecciones generales de aquel año. Su cometido fue el de coordinar las áreas relacionadas con la transparencia del programa electoral de los socialistas.
Además, la candidata preferida por el PSOE está emparentada con la exvicepresidenta y exministra Teresa Ribera, casada con un hermano de Silvina, Mariano Bacigalupo, actual consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Silvina Bacigalupo, experta en transparencia y buen gobierno #ElGobiernodelSí https://t.co/wAUDX2nEc9 pic.twitter.com/NXwYmln1aT #L6Nrobles
— PSOE (@PSOE) May 21, 2016
Catedrática en la Universidad Autónoma desde 2008, especializada en derecho penal económico y de la empresa, la trayectoria académica de Silvina incluye numerosas publicaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad de directivos y la gestión ética, así como trabajos destacados en materia de políticas públicas relacionadas con la prevención de la corrupción.
Desde el entorno del Gobierno se pondera su experiencia precisamente en esta última área, la de la corrupción. Actualmente, ocupa la presidencia de Transparency International-España y es miembro de la junta directiva de Transparency International, organismo que se encarga de elaborar de forma anual un índice de percepción sobre esta materia. El último no fue favorable, con una caída de España de 10 puestos, llegando a ser superada por Ruanda, dicen como muestra de su independencia.
Bloqueo frente «a los intereses de Moncloa»
Ninguno de estos argumentos convencen al sector conservador, que no respaldará esta elección y apunta al bloqueo frente «a los intereses de Moncloa», aseguran las fuentes consultadas. Al puesto aspiran otros 13 candidatos que ya han pasado por las entrevistas de la Comisión de Calificación.
La fórmula habitual de elección supone descartar a los que menos apoyos obtengan en una primera votación hasta reducir los aspirantes a una terna. Sobre el papel, el proceso estaría lista para iniciarse en el pleno del próximo 17 de diciembre, pero el enfrentamiento que ya se adivina estirará los tiempos.
Todo apunta así a la congelación de la elección sine die. La elección se realiza por mayoría reforzada de tres quintos, lo que obliga a un acuerdo entre ambos sectores, dado que el actual CGPJ está formado por 10 vocales designados a propuesta del PP y otros 10 que propuso el Gobierno.
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En este caso, el sector más cercano a la derecha se ha posicionado a favor de Alicia Gil, catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antes de la irrupción de Bacigalupo, el candidato con más opciones de apoyo por parte de los progresistas era el abogado y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid Manolo Ollé.
Lo más previsible es que se reproduzca la misma situación que se dio con la elección de la presidencia de esta Sala, paralizada durante meses por el respaldo inamovible de ambos bloques a candidatos enfrentados. En aquel caso, los conservadores respaldaban a Andrés Martínez Arrieta, que acabó llevándose el puesto, y los progresistas a la magistrada Ana Ferrer.
La codiciada vacante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que debe cubrir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las próximas semanas ya tiene una candidata preferida por Moncloa. Distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran a El Confidencial que Félix Bolaños apoya el nombramiento de la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, que aspira a ocupar el puesto perteneciente al turno de juristas, libre tras la jubilación de Miguel Colmenero.