La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación a Meta para aclarar si el gigante tecnológico aplica trabas anticompetitivas a los proveedores de inteligencia artificial (IA) a su plataforma de WhatsApp. Esto surge después de que Meta haya decidido limitar su política con la que otros proveedores diferentes a su propio servicio pueden llegar a sus clientes mediante esta aplicación de mensajería.
«Investigamos si la nueva política de Meta podría ser ilegal según las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar cualquier daño irreparable a la competencia en el ámbito de la IA», ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado para informar de la investigación. Según defiende Meta, la proliferación de estos asistentes de IA podría sobrecargar el sistema.
Limitaciones en ‘WhatsApp Business’ si la IA es el servicio principal
En concreto, Bruselas examina si la nueva política de Meta introducida el pasado mes de octubre impedirá a los proveedores de IA usar WhatsApp Business, que permite a las compañías comunicarse con sus clientes, cuando la IA es el servicio principal que ofrece esta empresa a sus clientes. Con todo, las compañías pueden seguir usando herramientas de IA para funciones auxiliares o de soporte, como la atención al cliente automatizada ofrecida a través de WhatsApp.
A Bruselas le preocupa que esta nueva política pueda impedir que terceros proveedores de IA ofrezcan sus servicios mediante WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que va contra las reglas de competencia de la Unión Europea. La actualización de las condiciones de la aplicación para empresas ya se aplica a los nuevos usuarios, mientras que los proveedores que ya estaban anteriormente en la aplicación tienen hasta el 15 de enero de 2026 para realizar la actualización.
«Como resultado de la nueva política, es posible que los proveedores de IA de la competencia no puedan contactar a sus clientes a través de WhatsApp», alerta la Comisión Europea, que investigará la situación en todo el espacio económico europeo salvo en Italia, donde las autoridades nacionales competentes ya tienen un proceso propio en marcha.