El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella presentada por VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el gasto para repatriar a activistas españoles detenidos en Israel tras participar en la Flotilla y por el envío de un buque para prestar apoyo consular a estos ciudadanos. La querella se dirigía también contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
Según el tribunal, los hechos se circunscriben a «decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa, sin que se acrediten indicios racionales de comisión de los delitos de malversación ni de prevaricación«. Y añade que se evidencia «que la querella responde a un propósito político, sin base fáctica penalmente relevante».
El auto dictado por el tribunal, al que ha tenido acceso RTVE, explica que el despliegue del buque «no constituye desviación de fondos, sino un acto político y operativo amparado en competencias constitucionales». También constata, en relación a la querella presentada por Vox, que la «fiscalización de su oportunidad corresponde al ámbito parlamentario o político, no penal».
En resumen, el Tribunal Supremo considera que los fondos fueron empleados en un fin público (protección consular y diplomática), y que por lo tanto «no existe lucro personal ni uso para beneficio privado, ni se acredita detrimento ilícito, pues los gastos se realizaron conforme a la finalidad institucional.»