La Unión Europea sigue plantando cara a las grandes tecnológicas de Silicon Valley. En el día de hoy le ha tocado a la red social X, antes Twitter. La Comisión Europea ha multado a la empresa con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Entre las infracciones que señala el organismo europeo se encuentra “el diseño engañoso de su marca de verificación azul”, el conocido como tick azul, que los usuarios pagan por obtener la verificación de cuenta y, supuestamente, tener más alcance y visibilidad.
“El uso por parte de X de la «marca de verificación azul» para las «cuentas verificadas» engaña a los usuarios”. Así de tajante es el comunicado de la CE. “Esto incumple la obligación que impone la DSA a las plataformas en línea de prohibir las prácticas de diseño engañosas en sus servicios”, sigue el escrito. En concreto, el organismo señala que en la red social de Elon Musk cualquiera puede obtener dicho estatus de verificado, “sin que la empresa verifique de forma significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta a los usuarios juzgar la autenticidad de las cuentas y los contenidos con los que interactúan”.
Con esta falsa verificación los usuarios se exponen a “estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como a otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos”
No es una simple verificación o falta de ella, sino que con esta falsa verificación los usuarios se exponen a “estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como a otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos”. Si bien la DSA no exige la verificación de los usuarios, prohíbe claramente que las plataformas en línea afirmen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se ha llevado a cabo dicha verificación.
Además, la Comisión Europea también señala que existe una “falta de transparencia de su repositorio publicitario”, no cumpliendo con los requisitos de transparencia y accesibilidad de la mencionada normativa europea. “Los repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda son fundamentales para que los investigadores y la sociedad civil detecten estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos”, afirma la CE en su escrito.