En plena ebullición de la crisis por las situaciones de acoso sexual denunciadas contra el que fuera asesor del presidente del Gobierno Paco Salazar, Pedro Sánchez ha roto hoy su silencio en el Congreso de los Diputados. En el marco del Día de … la Constitución, el jefe del Ejecutivo ha reconocido, en conversación informal con periodistas, que la «responsabilidad» por la gestión que se ha hecho del caso «es mía en primera persona». El también líder del PSOE asume el peso del escándalo porque es el encargado de «garantizar la autonomía del órgano». Es su primera respuesta a esta crisis.
No obstante, Sánchez ha querido negar cualquier «connivencia» y atribuye el fallo a «un pequeño error en la velocidad de tramitación» de los expedientes. «Yo asumo el error en primera persona», ha vuelto a repetir, para aclarar inmediatamente que se trata de un «error no buscado» por lo incipiente de la comisión antiacoso -que se creó el pasado mes de mayo- y reivindicando que, cuando la crisis saltó en julio, «se le retiraron todas las responsabilidades». ¿Cómo vamos a dudar [de las víctimas] si se le apartó de todos sus cargos orgánicos? Tomamos decisiones y no hemos sido conniventes, sino contundentes«, ha defendido.
Sánchez se desvincula de las actitudes denunciadas y asegura que nunca fue testigo de nada parecido durante los momentos políticos que compartieron juntos. «Me enteré porque se publicó», ha reconocido. Ante la crisis interna abierta en su partido, el presidente reconoce el «malestar», pero asegura que «hay confianza en la dirección, de que las cosas se han hecho bien, aunque no hemos sido tan veloces».
Sobre la posibilidad de ir a la Fiscalía, algo que reclaman internamente en el partido, el presidente considera que «la legislación es clara» y que deben ser las denunciantes quienes tomen la iniciativa. Esto es, que la actitud del partido no puede ser proactiva, sino de acompañamiento, apoyo y ayuda, pero no de ponerlo en conocimiento de la Justicia. Otras fuentes dentro del Gobierno no coinciden con esta visión y creen que, una vez finalice el procedimiento interno en el PSOE, «si todo lo que ahí se deduce, se confirma y los hechos son ciertos, habrá que ir a la Fiscalía». «Siempre que haya algo que sea delito, el partido tiene que ponerlo en conocimiento de la justicia», argumentan.
«Se ha gestionado muy mal»
El clima en el partido sigue siendo de profundo malestar y en el Gobierno empiezan a ser conscientes de la crisis reputacional. Esta conciencia se aprecia en su reacción y autocrítica, que brilló por su ausencia en la primera respuesta al escándalo. «Se ha gestionado muy mal», reconocen fuentes gubernamentales. En el entorno de la vicepresidenta primera se explica que estos temas que tienen que ver con lo «jurídico» acaban muy vinculados a los plazos, pero asumen que «no hemos acompañado correctamente a las víctimas y no se puede tardar todo este tiempo». «Hace falta más celeridad», resuelven.
«No hemos estado encima», reconocen en el Gobierno. «Ha habido deficiencias claras», asume otro alto cargo. «No hemos sido diligentes», expresa una ministra. Este carrusel de declaraciones viene a demostrar un claro cambio de tendencia.