El grupo Ribera Salud ha despedido al menos a cuatro directivos que denunciaron en el canal ético interno las instrucciones de su consejero delegado, Pablo Gallart, para aumentar los beneficios del Hospital de Torrejón de Madrid, uno de los centros sanitarios públicos que … gestiona en toda España. Gallart había pedido «imaginación» para mejorar los resultados de la empresa, pero marcaba como directriz aumentar las listas de espera y hacer ajustes para elevar las ganancias de la compañía sanitaria privada, tal y como ha publicado El país, con los audios del CEO.
Todo esto se entiende mejor con los últimos cambios que han tenido lugar en la cúpula del gigante sanitario. El más importante sucedió el pasado mes de mayo con la destitución fulminante de Alberto de Rosa, alma mater y principal responsable de Ribera Salud durante 28 años. La salida de De Rosa provocó el nombramiento del actual CEO, Pablo Gallart, que hasta entonces había sido director financiero. El nombramiento de un director financiero al frente del grupo ya marcaba la línea de lo que el dueño pretendía que fuera su gestión, según fuentes próximas a la compañía.
Aunque Ribera Salud es una empresa valenciana de origen, su máximo accionista es una compañía francesa, Vivalto Santé, que reclamaba beneficios y es quien tomó la decisión de reestructurar el consejo de administración de la empresa.
Alberto de Rosa llevaba casi tres décadas peleándose por un grupo que contribuyó a crear. Economista, trabajó en los grupos sanitarios privados Nisa y Quirón antes de gestionar el Hospital La Ribera en Alcira, donde fundó con la Generalitat valenciana un polémico modelo de concesión administrativa en el que un hospital público podía tener gestión privada: el modelo de Alcira.
Después el Hospital La Ribera se convirtió en el embrión del Grupo Ribera Salud y trasladó el modelo a otras zonas de la comunidad valenciana, aunque ahora solo se mantiene en el Hospital de Vinalopó en Alicante. Después se adoptó en Madrid con el Hospital de Torrejón y en Galicia.
Alberto de Rosa creó con la Generalitat Valenciana un polémico modelo de concesión administrativa por el que un hospital público podía tener gestión privada
Ribera Salud también trabaja con la sanidad pública gallega pero con un modelo diferente al de Madrid que la Xunta de Galicia defiende . Mientras el hospital de Torrejón pertenece a la Sanidad pública madrileña aunque la gestión es privada, en Galicia es el servicio gallego de salud quien envía a sus pacientes a un hospital privado. En este caso es el centro Povisa de Vigo, uno de los más grandes de España, que fue construido en los años setenta. Reformado en varias ocasiones, mantiene un concierto económico con la sanidad pública gallega desde 1993. Durante las primeras tres décadas de vigencia de este acuerdo, la compañía que gestionaba Povisa (Grupo Nosa Terra) percibía de la Xunta una cantidad (cápita) por paciente, cubriendo para el Sergas una población que llegó a ser de 140.000 habitantes en el área sanitaria de Vigo, abarcando la ciudad y distintas poblaciones vecinas.
La inversión estaba desvinculada del uso que esos pacientes hicieran de los servicios sanitarios de Povisa. Es decir, es un concierto sustitutorio, no complementario. La adscripción a este hospital era -y sigue siendo- voluntaria: los ciudadanos pueden elegir entre este centro o los pertenecientes a la red pública. El Sergas no contempla prescindir de Povisa, ya que en varias ocasiones ha reconocido que no dispone de recursos suficientes para asumir a los 113.000 gallegos -según dato del Sergas de julio- que atiende el centro hospitalario, adquirido por Ribera Salud en 2019.
También mantiene acuerdos puntuales con los hospitales Polusa (Lugo) y Juan Cardona (Ferrol).
La Xunta vigila su acuerdo con Ribera
En su último informe de fiscalización, se consideró que el cálculo del sistema de cápita se hacía de una manera un tanto aproximada, sin determinar las necesidades reales de Povisa para atender a los pacientes, y aconsejó un análisis más detallado de cara a una renovación del concierto. Tras dos prórrogas, el nuevo acuerdo se firmó este pasado marzo, e introdujo como novedad el pago por servicios en lugar del sistema de cápita.
El Sergas abonará hasta 195 millones en los dos años de duración del contrato, con la obligación para Ribera Salud de destinar el 3% de esta cantidad a la mejora de sus instalaciones y al incremento de las retribuciones de su personal. Se incluye también como novedad la creación de una unidad de control y seguimiento, una recomendación realizada por Contas y que el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, subrayó tras conocerse la polémica. «Toda la actividad del grupo [Ribera] está bajo supervisión», recalcó.
«Aquí no quieren que se vayan los pacientes»
Desde el sindicato médico O’Mega coinciden en que la situación de Povisa es la contraria a la de los hospitales madrileños «porque aquí no quieren que se vayan los pacientes», ya que de eso depende cuánto abona el Sergas. De hecho, uno de los problemas de Povisa es, precisamente, el lento goteo de pacientes que, cada vez que se abre el plazo en el mes de noviembre, optan por adscribirse a los hospitales de titularidad pública. «De hecho, este año no se abrió el plazo por el temor a que hubiera un trasvase importante de asegurados a la pública y el Sergas no pudiera asumirlos», explica Manuel Piñeiro, portavoz de O’Mega en el área viguesa.
La principal queja de los sindicatos médicos tiene que ver con la estrategia de la dirección de Povisa de recurrir «a profesionales mercantiles» que «facturan como si fueran autónomos» pero que no están dentro del convenio del centro. ¿Responde a un plan para ahorrar en plantilla? «Tenemos nuestras dudas de que esto esté generando ahorros», plantea Piñeiro, «aunque desconocemos cuánto se le está pagando a estos profesionales». El pasado año se supo que un tercio de los médicos de Urgencias de Povisa dimitían, pero desde O’Mega aclaran que esta salida se debía a su incorporación al Sergas, que ofertó unas mejores condiciones laborales.
El crecimiento del grupo Ribera no está solo en España y mantiene actividad en otros países como Portugal, Eslovaquia y República Checa. El grupo gestiona actualmente 15 hospitales y más de 60 centros policlínicos con más de 9.000 trabajadores.