Después de dieciocho meses sin votar, España vuelve al modo electoral y lo hace convocando a las urnas al menos al 25% de la población española. Las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre se presentan como un punto de inflexión de la legislatura, en la medida en que supondrán el primer examen en urnas a la corrupción del PSOE, al crecimiento de Vox en las encuestas y a la estrategia de Alberto Núñez Feijóo para llegar a La Moncloa cuando quedan un máximo de 19 meses para las generales. Más allá del interés de los candidatos por llevar el debate a sus propuestas en el ámbito regional, la campaña no podrá abstraerse de los debates de la política nacional, pero hay algo más: el resultado tendrá repercusiones en la legislatura.
Así, la campaña extremeña y la actualidad política nacional se entrelazan de muchas maneras: el efecto de la corrupción del PSOE, cuando su candidato está imputado en el caso del hermano del presidente del Gobierno; la relación entre el PP y Vox, tanto desde el punto de vista de los porcentajes de voto que obtengan como de su capacidad para alcanzar acuerdos estables después del sellado en la Comunidad Valenciana; o la traslación al conjunto del país de debates extremeños que tienen reflejo en España, como la convocatoria de elecciones ante la incapacidad de aprobar los Presupuestos de 2026 o el cierre de la central nuclear de Almaraz.
La media de las últimas encuestas sitúa a María Guardiola (PP) como clara vencedora con una media del 41,4% de los votos, con más de seis puntos de ventaja sobre Miguel Ángel Gallardo (PSOE), con el 34,8%. Por detrás, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, concita una media del 12,7% de los sufragios y la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, con un 6,7%. Estos datos ofrecen cambios significativos sobre los resultados de las últimas elecciones, cuando el PSOE de Guillermo Fernández Vara se impuso con el 39,9%, frente a un 38,8% del PP de Guardiola, aunque en escaños el resultado fue de empate a 28. Vox se presentó con Gordillo y obtuvo cinco escaños (8,13%) y Unidas logró cuatro (6,01%) con la misma candidata.
Primera conclusión: hay un movimiento de voto hacia la derecha, algo que no es ajeno a la tendencia española, europea y mundial. Segunda: Guardiola ha convocado buscando mejorar sus resultados, algo que parece conseguido, y aspirando a una mayoría absoluta, lo que en el inicio de campaña se antoja lejano. Tercera: Vox pretende iniciar una senda de crecimiento que lo convierta en una fuerza indispensable para formar gobiernos. Cuarta: el PSOE ha designado a un candidato imputado para demostrar a sus votantes potenciales que en Moncloa actúan sobre la base de que existe una persecución judicial contra el presidente del Gobierno. Y quinta: la izquierda radical, que el 21D concurre en una unión que no se repetirá en el resto de citas autonómicas y parece inviable en las generales, lo que sin embargo le permite mantener, incluso mejorar, los resultados.
La batalla nacional
Una primera forma de medir la importancia nacional de estas elecciones está en la presencia de los líderes nacionales. Feijóo estará activo: sólo en el comienzo de campaña visitó en dos días seis municipios, incluido Villanueva de la Serena, del que es oriundo el candidato socialista. Pero el PP no quiere que el líder nacional pise la estrategia de la candidata, por lo que no coincidirán demasiado. Él se ocupará de que los extremeños no se olviden de Sánchez; ella quiere destacar su faceta de gestora, no sólo por los méritos contraídos en estos dos años,que han supuesto un incremento en las expectativas de voto. También por su pasado como funcionaria de la Junta de Extremadura, un aspecto biográfico que quiere reforzar. Y un mensaje clave: el PP es una opción «seria» para los votantes socialistas «decepcionados». Crecer por el centro. Feijóo en estado puro, una estrategia que adquiere todo el sentido en una región dominada históricamente por el PSOE.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participará en tantos actos, pero en el último mes ha habido mucha presencia de ministros en eventos del partido en la región. En el acto de pegada de carteles el pasado jueves mostró una estrategia que se explica tanto por lo que dice como por lo que no dice. Entre los primeros, dos ejes claros: la confrontación directa con la alternativa («quiero que pierdan las derechas«, exclamó) y un mensaje triunfalista con los buenos datos macro que adornan la economía española. Entre los segundos, ninguna referencia a la imputación del candidato ni a la reacción del PSOE ante los escándalos sexuales vinculados a Francisco Salazar y al partido en Torremolinos.
Muy en línea con la estrategia habitual del partido, el principal reclamo de Vox es Santiago Abascal. El presidente de la formación lleva un mes recorriendo las zonas rurales de Extremadura con un discurso que busca atraer el voto de quienes viven en las localidades de menos de 10.000 habitantes, muy relevantes en una convocatoria que llama a las urnas a 890.967 extremeños. Y dos ideas más que enlazan directamente con dos de sus mensajes habituales en clave nacional: Extremadura padece «el mal del bipartidismo«, de manera que Vox se presenta como una alternativa a ambos; y Guardiola es una líder de izquierdas, idea que Abascal expresó el mismo viernes con claridad: «Es la Irene Montero extremeña».
La lectura nacional está en el mismo origen de la convocatoria electoral. Guardiola tomó la decisión de adelantar las elecciones ante las dificultades para aprobar los presupuestos regionales, lo que habría supuesto prorrogar por segunda vez los aprobados en febrero de 2025. Esta decisión es un claro mensaje a Pedro Sánchez, que ya empezaba a justificar en las autonomías del PP sin cuentas públicas su legitimidad para permanecer en La Moncloa a pesar de que no ha habido Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.
Ese mismo argumento puede suceder en Aragón, donde el presidente Jorge Azcón (PP) va camino de encontrarse en una situación equiparable a la de Guardiola, por lo que no es descartable que también haya un nuevo adelanto electoral para coger al PSOE fuera de foco. Es más, la candidata sería la ministra portavoz, por lo que una motivación añadida para el PP es la posibilidad de arrear un varapalo al PSOE sino también al Gobierno.
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En este momento, Castilla y León es la segunda cita en el calendario, a lo más tardar el 15 de marzo. Las expectativas del presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), son positivas, aunque al igual que en Extremadura no suficientes para alcanzar la mayoría absoluta. No obstante, hay una diferencia sustancial: en Castilla y León el PP sí sube a costa de Vox, con quien gobernó durante más de dos años con Juan García-Gallardo como vicepresidente, hasta que Abascal decidió romper los gobiernos autonómicos con el PP sin consultar ni informar a sus vicepresidentes y consejeros. Aun así, el PSOE, que presentará un candidato poco conocido, el también alcalde de Soria Carlos Martínez, no consigue mejorar resultados
El factor Andalucía
En Andalucía, la media de encuestas empieza a poner en riesgo la mayoría absoluta con la que actualmente gobierna Juanma Moreno, pero no porque suba el PSOE, sino por Vox. Es decir, no peligra la continuidad de Moreno, pero sí da un mayor poder al partido de Abascal, una realidad que tiene dos lecturas en clave nacional: se avecina un nuevo varapalo para Sánchez, porque la candidata es su vicepresidenta primera, María Jesús Montero; y mantendrá vivo el duelo entre PP y Vox del que tanto provecho sabe sacar La Moncloa.
En los últimos comicios, el PP logró la mayoría absoluta con el 43,13% de los votos (58 escaños), seguido por el PSOE con el 24,09% (30 diputados). Vox obtuvo el 13,46% de los votos (14), Por Andalucía el 7,68% (5), y Adelante Andalucía el 4,58% (2). El último barómetro publicado en octubre de 2025, el PP ha mantenido la mayoría absoluta en todos los sondeos realizados, con la única excepción del más reciente: asigna al PP una horquilla entre 54 y 56 diputados, cuando la mayoría absoluta está situada en los 55, informa EP.
Opinión
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El anterior ciclo electoral comenzó con las gallegas (18 de febrero), continuó con las vascas (18 de abril) y las catalanas (12 de mayo) y finalizó con las europeas (9 de junio), citas todas ellas que condicionaron el primer semestre de 2024. Desde entonces, el debate político nacional ha estado centrado en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y marcado por el avance de los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno: la condena e inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; las cinco imputaciones a la mujer del presidente, Begoña Gómez; el próximo juicio a su hermano, David Sánchez; y los ingresos en prisión de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que también fue ministro de Transportes.
Con todos estos ingredientes, el próximo ciclo comienza con una llamada a las urnas en tres comunidades que reúnen 12,15 millones de ciudadanos, el 25% de la población española: 1,05 de extremeños, 2,4 de castellanoleoneses y 8,7 millones de andaluces. Algo más si se suma a los 1,36 millones de aragoneses. Se trata de una cantidad de votantes suficientes para enviar un mensaje en los tres interrogantes planteados al comienzo de este artículo: la corrupción del PSOE, la fuerza de Vox y el camino de Feijóo a la Moncloa.