A principios de junio, el exvicepresidente del Parlament, exdirigente de Junts y abogado Josep Costa anunció públicamente su disposición a colaborar de forma gratuita en la defensa jurídica de “cualquier persona que se enfrente al intento de ejecutar la absurda sentencia” que obliga al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a devolver las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena. Han pasado dos meses y Costa, al ver que nadie recogía el guante, ha decidido ser él mismo esa persona. Y su primer movimiento ha sido registrar en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura una petición de “declaración de expolio” de las pinturas fundamentada en “el peligro real, objetivo, inminente y verificable de destrucción o deterioro irreversible que la ejecución del traslado comportaría, tal como acreditan los informes técnicos pertinentes”.
La iniciativa, que ha sido adelantada por ‘El Món’, pretende abrir una nueva vía legal para hacer frente a la sentencia judicial, ratificada por el Tribunal Supremo, que obliga al MNAC a restituir las pinturas y, de paso, sirve para presionar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que hasta el momento ha mostrado su disposición a acatar la resolución del alto tribunal. Costa, que en la actualidad es abogado del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y profesor de Derecho en la UPF, invoca en su escrito los artículos 4 y 6 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que obligan al Ministerio de Cultura a actuar si existe riesgo de destrucción de un bien considerado patrimonio cultural.
Medidas cautelares
El exdiputado de Junts pide asimismo al Ministerio que, de manera cautelar, inste a los gobiernos autonómicos de Aragón y Catalunya a abstenerse “de promover, autorizar o ejecutar cualquier acción de traslado de estas pinturas murales” hasta que no se hayan acreditado “de forma fehaciente, mediante informes técnicos independientes y avalados por expertos en la materia, las condiciones óptimas y garantizadas para su preservación física, ambiental, museológica y científica en cualquier ubicación”.
También reclama que el departamento que dirige Urtasun ausma la “tutela provisional” de las obras y encargue al Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) un informe técnico “urgente y vinculante” sobre el estado de conservación de las pinturas y sobre los riesgos que se pueden derivar de su traslado.
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