Al Ministerio de Transportes le nacen problemas allá donde plantea un nuevo proyecto. Esta vez, más de diez alcaldes de Cantabria se han levantado contra la cartera de Óscar Puente. ¿El motivo? El trazado para el nuevo tren que conectará Santander con Bilbao plantea el derribo de 26 casas, un colegio, una iglesia, afecciones a otras 35 viviendas y expropiaciones de terrenos tanto urbanos como agrícolas. «Es un mazazo para los vecinos. Estamos todos muy disgustados, pero vamos a plantarnos», sostiene María Higuera, alcaldesa por el Partido Regionalista Cántabro (PRC) de Medio Cudeyo (10.000 habitantes).
El tren que actualmente une estas dos capitales de provincia tarda unas tres horas en recorrer los 118 kilómetros que separan a ambas ciudades. La falta de mantenimiento, los numerosos pasos a nivel existentes en el tramo y las 31 paradas intermedias son las culpables, según el propio Ministerio, de que el trayecto ferroviario se prolongue el doble que en coche. Además, hay poblaciones importantes como Castro Urdiales o Laredo que quedan fuera de esta línea al estar construida por el corredor interior.
Desde 2010, Transportes sueña con un corredor cantábrico más rápido y se han planteado varios proyectos. Sin embargo, ninguno ha llegado a cuajar. Hasta ahora. En 2024, la Unión Europea decidió incorporar esta conexión a la Red Transeuropea de Transporte. Y así, el proyecto echó a andar con financiación europea. El pasado 7 de noviembre, la Dirección General del Sector Ferroviario aprobó provisionalmente el estudio informativo y se abrió entonces el plazo de información pública y alegaciones.
Todo parecía ir sobre ruedas hasta que los distintos Ayuntamientos que vertebran la conexión analizaron el trazado. «Queremos progreso, claro. Pero no a cualquier precio«, señala Higuera a este medio. Por ejemplo, en su localidad, además de tener que derruir 26 casas, un colegio y una iglesia, las vías partirán en dos el barrio de San Salvador. «Sus casas han perdido un valor enorme. ¿Quién va a querer comprar ahora en un sitio partido por la mitad? El pueblo va a sufrir unas consecuencias económicas y sociales muy negativas», se pregunta la alcaldesa. Este mismo problema también se lo han encontrado los vecinos de Hazas del Cesto, por donde, según el proyecto, las vías podrían pasar y partir por la mitad la zona de Praves, donde también tendrán que derribarse un par de pisos.
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El plazo de alegaciones termina el próximo día 22, pero el Gobierno cántabro ya ha solicitado a Transportes una prórroga de un mes más. «El proyecto es irrenunciable para Cantabria, pero no con el diseño que ha hecho el Ministerio, que es muy mejorable y tiene graves perjuicios para muchos ayuntamientos», sostienen fuentes de la Administración liderada por la popular María José Sáenz de Buruaga.
El Gobierno autonómico se ha posicionado desde un principio junto a los municipios afectados. «Parece que este estudio informativo está hecho para generar una oposición frontal de la ciudadanía de Cantabria y de sus instituciones», censuró este lunes el consejero de Transportes, Roberto Media, y afirmó que «la sensación» en el Ejecutivo es que «no hay interés por parte del Ministerio de que este proyecto salga adelante«.
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El proyecto prevé dos variantes distintas para la conexión: una con parada en Laredo y Castro-Urdiales y otra únicamente con parada en la primera localidad. En cualquiera de las dos alternativas, el Ministerio prevé expropiaciones en las localidades de Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Solórzano, Ampuero, Hazas de Cesto, Guriezo, Villaescusa, Ribamontán al Monte, Bárcena de Cicero, Piélagos, Voto, Colindres, Liendo y Castro Urdiales. Por ejemplo, únicamente en suelo de cultivo, las expropiaciones de la variante A-1 contemplan 132.000 hectáreas (el equivalente a 132 campos de fútbol) y la C-1, 154.000 hectáreas.
«Es un asunto que va de mal en peor. Aquí todo el trazado va a afectar a las principales explotaciones ganaderas del pueblo, pero es que además se plantea que la línea pase justo por delante de las viviendas de protección oficial», critica Santiago Campos (PP), alcalde de Solórzano (1.100 habitantes). En otros municipios, como en Ribamontán al Monte, también afectará a acuíferos y a unas 35 viviendas.
Las más de diez administraciones locales afectadas junto al Ejecutivo cántabro presentarán alegaciones para concretar, por un lado, que el tren es «viable económica y socialmente», para lo que contarán con el apoyo de la Universidad de Cantabria, y por otro, para que se mejore el trazado. «Hay verdaderos disparates en este estudio», zanjan fuentes regionales.
Al Ministerio de Transportes le nacen problemas allá donde plantea un nuevo proyecto. Esta vez, más de diez alcaldes de Cantabria se han levantado contra la cartera de Óscar Puente. ¿El motivo? El trazado para el nuevo tren que conectará Santander con Bilbao plantea el derribo de 26 casas, un colegio, una iglesia, afecciones a otras 35 viviendas y expropiaciones de terrenos tanto urbanos como agrícolas. «Es un mazazo para los vecinos. Estamos todos muy disgustados, pero vamos a plantarnos», sostiene María Higuera, alcaldesa por el Partido Regionalista Cántabro (PRC) de Medio Cudeyo (10.000 habitantes).