Buenos Aires – 9 diciembre, 2025
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“Todos en pie”. Con estas palabras, en una sala repleta y compartida por víctimas y verdugos, el 9 de diciembre de 1985 comenzó la lectura de una de las sentencias judiciales más relevantes de la historia de Argentina. Por primera vez en el mundo, un tribunal civil juzgaba los crímenes cometidos por una dictadura militar, todo un hito para la justicia internacional. En aquella sala de Buenos Aires se pondrían los cimientos de algo que hoy se da por hecho, que los crímenes de Estado no prescriban, así como un precedente de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
La sociedad argentina, a través de los seis jueces que formaban el tribunal, escuchó durante los ocho meses del juicio los testimonios de las víctimas del “Plan Sistemático de desaparición, tortura y exterminio” ejecutado a través de las Fuerzas Armadas. Un plan que duró, con diferentes intensidades, desde 1976 hasta 1983. Aunque las cifras se han convertido en fuente de debate en Argentina —más aún con la llegada de Javier Milei al poder—, se calcula que la dictadura dejó entre casi 9.000 y 30.000 personas desaparecidas.
Videla, Agosti, Viola, Massera y el resto de líderes de las Juntas Militares fueron sentenciados por “la justicia de la democracia” que encarnaba, entre otros, Ricardo Gil Lavedra (Buenos Aires, 1949). El exjuez recibe a El Orden Mundial en su despacho del barrio porteño de Recoleta para explicar la interioridad y el contexto de aquel juicio histórico. También exministro de Justicia entre 1999 y 2001, reflexiona además sobre el impacto de estos hechos cuatro décadas después, con el debate sobre sus causas presente en Argentina y en un mundo que desdramatiza cada vez más las dictaduras del pasado.
PREGUNTA – Fue un hecho inédito que un tribunal civil juzgara a una dictadura militar. ¿Usted y los otros cinco jueces lo asumieron sólo desde el rigor jurídico o también eran conscientes de la magnitud histórica del caso?
RESPUESTA – Cuando uno está juzgando y le toca actuar en un determinado momento no piensa mucho en las consecuencias. Sin duda teníamos conciencia de que era un hecho de suma trascendencia, pero creo que no éramos conscientes de su verdadera magnitud ni de la relevancia que iba a tener en el futuro, porque era tan difícil de llevarlo a cabo que todas nuestras energías estaban puestas en poder sacarlo adelante. No era solamente un contexto muy difícil de la transición democrática, sino que tampoco era fácil la planificación y organización de un juicio de esas características. Sobre todo porque se realizó en un tiempo increíblemente breve, catorce meses, y con recursos técnicos hoy irrisibles: sin internet, sin WhatsApp, con máquinas comunes, con [papel] carbónico… Sin duda, nuestro empeño estaba puesto en poder hacerlo.
Curiosamente, decidieron juzgarlos mediante el Código de Justicia Militar en lugar del Código Procesal Penal. ¿Por qué?
Porque el juicio nació como un juicio militar. En la Argentina los militares tenían su propio fuero, y cuando asumió el Gobierno democrático, que modificó la ley, dijo que para estos hechos seguía la justicia militar. Pero el Congreso introdujo una cláusula que decía que la justicia civil podía abocarse al conocimiento de la causa si había dilaciones indebidas. Cuando finalmente lo tomamos, decidimos seguir las reglas del Código de Justicia Militar porque permitían un juicio oral y público, lo cual tenía mucho que ver con la publicidad y la rapidez del juicio. También para darle un principio acusatorio, porque le dimos al fiscal la responsabilidad de seleccionar los casos. Si hubiéramos optado por las reglas civiles, el juicio se habría demorado una eternidad porque en la justicia federal no había enjuiciamientos orales, sino escritos.
El juicio se llevó a cabo en los primeros compases de una democracia que empezaba a andar y que todavía era muy débil. ¿Qué papel jugaron el presidente Raúl Alfonsín, el conjunto de las instituciones y la sociedad para que saliera adelante?
La transición democrática argentina, a diferencia de otras, no fue pactada. No había ningún acuerdo con el poder militar para que entregara el poder. Fue una transición de ruptura, de un brusco tránsito de un régimen a otro, y esto creaba serias dificultades porque aparecieron muchos actores corporativos que empezaron a pujar con el nuevo Gobierno. El más importante era, sin duda, el de los crímenes del pasado. Yo creo que Alfonsín tuvo la enorme intuición y audacia de que la nueva democracia hiciera algo con eso. Por eso su estrategia fue hacer un juicio. Él quería mucha verdad y un juzgamiento limitado de los hechos para no poner en riesgo la transición y que no se volteara el proceso. Y me parece que esto permitió que esa democracia recién naciente lo hiciera abrazada al imperio de la ley y al principio de no impunidad.
La mayoría de los participantes de aquellos crímenes seguían formando parte de las Fuerzas Armadas.
Claro, es que los autores de esos crímenes gravísimos estaban todavía al mando de la tropa.
¿Había temor a un nuevo levantamiento militar si se realizaba el juicio?
Los hubo, aunque después. Alfonsín tuvo tres levantamientos militares [entre 1987 y 1990] reclamando la amnistía de los condenados.
El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio, y frente a ustedes, de pie, les esperaban Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti y el resto de líderes de aquella dictadura. ¿Qué recuerda del momento en el que entró por primera vez en la sala y tomó asiento?
Fue un momento impactante, porque la sala del juicio era imponente y, sinceramente, intimidaba. Se abrió la sala y estaban todos de pie, con los excomandantes delante de nosotros. En aquel momento, lo que pensé es qué estarían pensando ellos. Cómo verían esto de tener que mostrar un signo de respeto a la justicia de la democracia que encarnábamos nosotros. Habían sido los señores de la vida y la muerte de los argentinos hasta poco tiempo antes y ahora tenían que inclinarse frente a los jueces. Fue un símbolo muy fuerte.
“No hay ley de la guerra que autorice a torturar a los prisioneros, a violar sistemáticamente a las mujeres, a robar los bebés que nacen en cautiverio o que permita asesinar sin un proceso previo”
Durante el juicio, los miembros de las Juntas Militares justificaron sus actuaciones y la usurpación del poder bajo la premisa de que lo que ocurría en Argentina durante los años setenta no eran actos subversivos de algunos grupos, sino una guerra. ¿Cómo se desmontó esa retórica?
Su argumento central era que los actos terroristas habían llevado a las Fuerzas Armadas a una especie de guerra donde los actos no son justiciables y vale todo. Según sostenían, esto fue una guerra en la que obviamente había muertes y desapariciones. Cosas muy malas, pero durante un conflicto en el cual se habían visto obligados a actuar para salvar la democracia. En realidad, no fue difícil desmontar el falso argumento, porque incluso en la guerra hay reglas. No hay ley de la guerra que autorice a torturar a los prisioneros; no hay ley de la guerra que autorice a violar sistemáticamente a las mujeres; no hay ley de la guerra que autorice a robar los bebés que nacen en cautiverio; no hay ley de la guerra que permita asesinar sin un proceso previo. Secuestrar a las personas a la medianoche de modo clandestino no son acciones bélicas. Aún aceptando que fuera una guerra, no hay norma de la guerra que autorice lo que ellos hicieron.
Ricardo Gil Lavedra en su despacho en Buenos Aires. Foto: Carlos Palomino
Un momento fundamental del juicio fue el testimonio de torturados y familiares de desaparecidos. El trabajo del fiscal Julio César Strassera era demostrar que las personas enjuiciadas conocían y estaban detrás de lo ocurrido. ¿Qué criterios usaron para jerarquizar la evidencia en un contexto de crímenes masivos y sistemáticos?
Ya no es que fueran hechos conocidos y que los comandantes no hubieran hecho nada, lo que hubiera sido una responsabilidad por omisión, sino que se probó que fue ordenado. La estructura central de la represión fue ordenada y con el apoyo material y logístico de las Fuerzas Armadas. Ello requirió que hubiera lugares de detención, vituallas, aprovisionamiento y tabicamiento, esto quiere decir la clandestinidad. Se creó un sistema subterráneo, pero que fue ordenado en todo el país con características similares.
También declararon desde Naciones Unidas y organismos internacionales para confirmar que sí había habido denuncias en el exterior sobre la represión y los desaparecidos. ¿Qué papel jugaron en el veredicto final?
Declararon muchos expertos de Naciones Unidas y también teníamos montañas de documentación con los reclamos de las naciones extranjeras por la suerte de sus nacionales porque lo pedimos y nos lo enviaron desde Ginebra. Esto demostraba la impenetrabilidad del régimen. Cuando las naciones extranjeras pedían por la suerte de los desaparecidos se negaba su existencia, porque estaba debajo de la superficie. Había un sistema legal con policía y jueces, pero por debajo estaba esta trama siniestra de la represión del terrorismo.
¿Cuando comenzaron a conocerse desde el exterior las milies de denuncias de tortura y desapariciones?
Allá por el año 1978, cuando la represión comenzó a cesar, porque lo hizo de repente. Muchos de estos detenidos recuperaron su libertad y se fueron del país. Fue allí donde empezaron a hacerse las denuncias.
El 9 de diciembre se leyó la sentencia y hubo un apartado que abrió la posibilidad a seguir investigando más allá de los líderes de las Juntas. Algo que, como comentaba antes, no estaba en la mente del Gobierno. ¿Por qué creyeron importante que la justicia no recayera únicamente en ellos?
Sin duda el Gobierno hubiera querido que la sentencia no abriera otras persecuciones, pero el sistema legal decía que si durante un proceso uno se enteraba de la comisión de un delito tenía que abrir la investigación pertinente. Eso es el derecho positivo. Pese a que al Gobierno no le gustó, nosotros estábamos obligados a abrir causas contra los autores directos. Teníamos a los autores de las órdenes, pero no a los ejecutores.
Diez años después de los indultos, “el reclamo incesante de las víctimas y el avance del derecho internacional de derechos humanos hizo que estos juicios pudieran reabrirse”
El juicio fue conocido en todo el mundo, pero lo que ocurrió después no tanto. Primero, las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que afirmaban que los subordinados no tenían responsabilidad por haber cumplido órdenes. Y, segundo, los indultos del presidente Carlos Menem en 1989 y 1990. ¿Fueron una claudicación inevitable o una forma de desactivar el impacto del juicio?
Alfonsín tuvo tres alzamientos militares reclamando la amnistía que no quiso dar. Dictó la Ley de Obediencia Debida para los mandos inferiores, pero mantuvo la persecución para los oficiales superiores. El segundo gobierno democrático, el de Menem [1989-1999], cambió la política y dijo basta. Indultó a los condenados y las causas que estaban en trámite. Además, dio mucha reparación económica. Fue una etapa sin justicia y poca verdad, sobre todo por el impulso de la Comisión Interamericana con la que Argentina hizo una cosa rara, que es abrir los “juicios de la verdad”, en los cuales se perseguía esa verdad pero sin aplicar penas. Diez años después, el reclamo incesante de las víctimas y el avance del derecho internacional de derechos humanos hizo que estos juicios pudieran reabrirse. Y se hizo cuando ya las Fuerzas Armadas eran distintas: los autores de los crímenes estaban retirados y no había amenazas a la democracia.
Sin embargo, hoy en día sigue costando cerrar muchos de estos casos. ¿Por qué?
La reapertura de los juicios estuvo bien, pero no es admisible que no se haya podido terminar todavía. También creo que muchos de esos nuevos juicios no han respetado las reglas del debido proceso. Considero que ha habido prisiones preventivas excesivas y algunas condenas injustas, pero estoy a favor de la reapertura y soy crítico del tiempo que esto ha demandando. Ya quedan pocos casos, pero quedan.
El almirante Massera les dijo durante el juicio que ustedes, los jueces, disponían de la crónica, pero él de la historia, y que «allí se conocería el veredicto final»…
Sí, con un tono amenazante.
“Hoy en día nadie discute lo que pasó en el juicio. Lo que ha resurgido es la teoría de que aquello fue una guerra”
En la actualidad, miembros del partido de Javier Milei se reúnen con militares condenados, el propio presidente afirma que lo ocurrido en los años setenta fue una guerra, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana al sector militar, asegura que lo que se ha escuchado de entonces es falso. ¿Se está reescribiendo esa historia de la que hablaba Massera? ¿Cuál es el lugar de la dictadura en la memoria colectiva argentina?
La historia definitivamente no le dio la razón a Massera. Hoy en día nadie discute lo que pasó en el juicio porque fue inobjetable, intachable. Lo que ha resurgido es la teoría de que aquello fue una guerra y decir que los militares hicieron esto, pero que a los guerrilleros también habría que juzgarlos. El presidente dice que tiene que terminarse la demonización de las Fuerzas Armadas, pero nadie las ha demonizado. Si alguien perjudicó la imagen de las Fuerzas Armadas fueron los tipos que hicieron aquello, pero no se va contra el honor de las Fuerzas Armadas. El hecho central del juicio ya está en la historia de la democracia argentina.
No sólo ocurre en Argentina: José Antonio Kast en Chile con Pinochet, Jair Bolsonaro en Brasil con la dictadura militar, Giorgia Meloni liderando un partido de origen posfascista en Italia, la ultraderecha en España con Franco… ¿Se están legitimando las dictaduras de antaño?
Hay tentativas en ese sentido y tiene que ver con la recesión democrática que está sufriendo el mundo y con la aparición de todos estos líderes de ultraderecha. Lo que yo no me animaría a contestar es si los pueblos van a aceptar la relegitimación de la dictadura. En España, no veo mucha oportunidad de que el pueblo español vaya a legitimar lo ocurrido en la época de Franco. Ya no es posible hablar de juicios porque los autores están muertos, pero por eso se están dictando leyes que buscan la recuperación de la memoria.
Después del juicio en Argentina llegaron los tribunales especiales para Yugoslavia y Ruanda, y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hay países que no han firmado o ratificado el Estatuto de Roma. ¿Cómo juzgar a Vladímir Putin o a Benjamín Netanyahu por los crímenes de guerra de los que se les acusa en Ucrania y Gaza?
Lamentablemente, las complejidades del mundo actual no lo hacen tan fácil. Hubo un gran esfuerzo en su momento por parte de la comunidad internacional para que las violaciones graves a los derechos humanos o los crímenes de guerra pudieran ser juzgados si los países no lo hacían, con la Corte Penal Internacional como una especie de jurisdicción subsidiaria. Pero no todos los países se han adherido al Estatuto de Roma, Estados Unidos entre ellos. Además, estamos en un momento en el que se están cometiendo continuamente crímenes de este tipo.
¿Es más complicado juzgar ahora estos crímenes que entonces?
No sé si es más complicado, pero sí hay un retroceso al ideal que estableció la comunidad internacional para estas cuestiones.
¿Cómo fortalecer los mecanismos para llevarlo a cabo y que se pueda hacer justicia?
En realidad lo relevante y lo que buscan estos procesos no es que no existan estas violaciones masivas y sistemáticas, sino que se puedan prevenir. Que la dignidad humana, el derecho a la vida y a la integridad física no vuelvan a ser amenazados por Gobiernos de modo arbitrario. Lo que el juicio a las Juntas Militares y muchos otros procesos han tratado de buscar imponiendo castigos es que estas circunstancias no vuelvan a repetirse. Esa es la gran aspiración.