La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha encontrado con un nuevo contratiempo. Se trata de un roto que tendrá que afrontar su ministerio y que, con las previsiones más conservadoras, supondrá un impacto de 2.500 millones de euros para las … arcas públicas. La horquilla superior podría llegar a sobrepasar los 8.000 millones, según diversas estimaciones del mercado. Todo ello se produce tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 26 de junio donde se estima que el fisco español debe devolver a diversas empresas cientos de millones por una serie de ayudas que se concedieron, que posteriormente se retiraron, y que ahora la justicia europea falla a favor de las compañías.
La historia se remonta a 2001 cuando el Gobierno del Partido Popular promovió una serie de ayudas fiscales a las empresas que llevasen a cabo operaciones corporativas en el extranjero. La refriega judicial, que ha sido adelantada por el diario ‘El País’, afecta a grandes gigantes españoles como Iberdrola, Telefónica, Banco Santander y Ferrovial. En este conjunto de empresas también hay otras afectadas como Abertis, Axa o ArcelorMittal.
Esta situación fue entendida por las compañías europeas como un agravio. En concreto, lo que se estableció fue un régimen en materia del impuesto sobre sociedades que permitía a las empresas que adquirieran participaciones en una sociedad extranjera deducir de la base imponible, en forma de amortización, el fondo de comercio resultante de esta participación.
De esta forma, y mediante la presión oportuna, diferentes eurodiputados consiguieron llevar esta situación ante la Comisión Europea (CE). La discusión residía en si estas deducciones fiscales por comprar compañías internacionales podían ser entendidas como ayudas de Estado.
En un primer momento, en 2006, la CE entendió que no. Por tanto, estas ayudas fiscales se mantuvieron en el tiempo. Posteriormente, en diversos pronunciamientos (2009, 2011 y 2014) que llevó a cabo la Comisión, la situación cambió, y estos conceptos fiscales se entendieron como ayudas de Estado. Así, se instó al Gobierno español a iniciar un procedimiento de recuperación de las ayudas. Las empresas tuvieron que retornar ese dinero. Iberdrola, por ejemplo, tuvo que depositar en Hacienda hasta un total de 760 millones, que ha fragmentado en diversos pagos desde 2016. Lo mismo han ido haciendo Telefónica (1.500 millones) o Ferrovial (51 millones).
Lío legal
Esta situación ha tenido un fuerte componente legal, y de hecho las empresas implicadas todavía siguen con este frente abierto. Según ha podido conocer ABC, sobre una de las compañías implicadas, «los asesores internos y externos siempre han estimado que no se deben producir mayores riesgos relacionados con la aplicación del fondo de comercio financiero y que se debería proceder a la devolución de las cuantías en su día recuperadas por la Administración tributaria al devenir indebido el ingreso realizado por al empresa».
Otra de las afectadas ha asegurado a este medio que su compañía «está a la espera de que la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria, en ejecución de la citada sentencia, proceda a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas en el procedimiento de recuperación de ayudas».