Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973), expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha pasado de la alegría al estupefacción en menos de cuatro días. El pasado viernes 5 de diciembre conocía la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo absolvía, junto a otros 15 funcionarios y cargos de la Junta de Andalucía … , por el supuesto amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Y este martes ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, en una operación ordenada en la Audiencia Nacional que lleva la Fiscalía Anticorrupción.
Precisamente el primer día del juicio de la mina sevillana celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia hispalense, el 3 de marzo pasado, Leire Díez hizo su aparición en la sala de vistas donde iba a ser juzgado Fernández. Su nombre todavía no había saltado al foco mediático por investigar, por su cuenta y riesgo -según su versión- o a las órdenes de Santos Cerdán, supuestos trapos sucios de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indagan las causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Antes, la ‘fontanera’ del PSOE había contactado con Fernández para ofrecerle su ayuda, y con otros letrados de la defensa a los que preguntaba acerca de instrucciones de macrocausas de corrupción como el caso ERE, con decenas de antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía imputados.
Vicente Fernández es un hombre de María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno, secretaria general del PSOE andaluz y ‘número dos’ en la Ejecutiva Federal del partido. En junio de 2018, tras su nombramiento como ministra de Hacienda, Montero le dio el mando de la SEPI, el conglomerado estatal español que gestiona participaciones en empresas estratégicas como Correos, Navantia, RTVE o EFE. Duró apenas quince meses en el cargo. En octubre de 2019, presentó su dimisión tras ser imputado en el caso Aznalcóllar por el que ha terminado siendo exculpado.
El destino profesional de ambos ha estado unido desde 2016 hasta entonces. Anteriormente, Vicente Fernández había trabajado con Montero como interventor general de la Junta de Andalucía entre febrero de 2016 y junio de 2018, cuando ella estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta, bajo el último gobierno socialista presidido por Susana Díaz.
La Intervención es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración y de la totalidad de sus entidades instrumentales, que en 2018 manejaba un presupuesto cercano a los 35.000 millones de euros.
Absuelto en el juicio de Aznalcóllar
Antes de hacerse con las riendas de la Intervención autonómica, el expresidente de la SEPI había ocupado un alto cargo en el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta (2012-2016), periodo en el que se convocó el concurso por el que terminó siendo investigado, acusado y finalmente exculpado. Atrás quedaban diez años de calvario judicial por la investigación abierta a raíz de la impugnación del concurso y la presentación de una denuncia por parte de Emerita Resources, una de las licitadoras, por supuestas irregularidades administrativas en la adjudicación de la explotación minera a la empresa cordobesa Magtel y Grupo México. La Justicia dictaminó que no hubo amaño y que la acusación fue «infundada».
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Vicente Fernández ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999, donde conserva su puesto. Ha estado al frente de las asesorías jurídicas de las Consejerías de Turismo y Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda, y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía y del Área de Asuntos Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. También ha sido secretario de los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.
Contratado año y medio en Servinabar
Tras su imputación por el caso Aznalcóllar que supuso un abrupto parón en su trayectoria profesional, la empresa controlada por el dimitido secretario de Organización Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL, investigada por cobrar comisiones del 2% del importe de obras de Transportes supuestamente amañadas a favor de Acciona, mantuvo en nómina a Vicente Fernández durante un año y medio.
María Jesús Montero, que había puesto varias veces la mano en el fuego por Cerdán hasta que la UCO lo señaló como el presunto cabecilla de la trama, se desvinculó por completo de Vicente Fernández. El pasado mes de junio aseguró que «salió del Ministerio de Hacienda hace cinco o seis años» y no tenía «ni idea de dónde trabaja». Tampoco es «su responsabilidad» saberlo, contestó expeditiva a los periodistas que le preguntaron por él.